Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) han logrado la detención de dos individuos implicados en el homicidio de Rubén Junior Monasterio Jiménez, de 27 años, ocurrido el pasado 4 de febrero en el sector Zumurucuare del municipio Miranda, estado Falcón.
La víctima fue asesinada por encargo, producto de viejas rencillas entre los autores intelectuales y Monasterio, relacionadas con disputas territoriales.
El comisario Douglas Rico, director del Cicpc, informó que los detenidos fueron identificados como José Gregorio Polanco Reyes (22) y Daniel Alexander Polanco Garmendia (27), este último con antecedentes por fuga, homicidio calificado, robo genérico y porte ilícito de armas de fuego.
El día del crimen, los sujetos se trasladaron en motocicleta y dispararon múltiples veces contra Monasterio, quien falleció al ingresar a la Clínica Popular Especializada Dr. Eliecer Canelón.
Las investigaciones revelaron que el crimen fue planificado por Yonner Rafael Duin Quintero (24), apodado «Armandito», aún prófugo, quien fue contactado por Anderson Michell Escobar Duno (28), alias «Negro Pancho», también en fuga. El móvil del homicidio fue el control delictivo de la zona, por el cual existian disputas entre los autores intelectuales y la victima.
Alias «Negro Pancho» posee antecedentes por porte ilícito, robo y homicidio. Los detenidos fueron capturados en el sector Cruz Verde, donde se incautó un suéter utilizado durante el crimen y la motocicleta utilizada para cometer el delito.
El caso ha sido remitido al Ministerio Público para su debido procesamiento legal.
El titular del Ministerio de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que 28 buques de perforación y cisterna extranjeros operan en la «zona en controversia» con Guyana, lo que para el funcionario supone una violación del derecho internacional.
EFE
A través de un comunicado, Padrino López informó que la Armada Bolivariana constató, a través de imágenes satelitales, la presencia de estas embarcaciones realizando actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos.
Además, rechazó en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) las declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien manifestó el sábado su «grave preocupación» ante la presencia de buques navales venezolanos en lo que consideró aguas jurisdiccionales guyanesas.
En el comunicado, Venezuela confirmó el tránsito de la embarcación «Patrullero Oceánico AB Guaiquerí (PO-11)» en aguas que considera están «pendientes por delimitar», en referencia al Esequibo, una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo y minerales, que disputa Venezuela con Guyana, y que ambos países consideran como parte de su territorio.
Asimismo, Venezuela reiteró como «instrumento jurídico válido vigente» el Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea una solución práctica, política y satisfactoria en la disputa por el Esequibo.
«Guyana no tiene basamento legal ni legitimidad para disponer unilateralmente de un espacio donde no puede ejercer ni soberanía ni jurisdicción», expresó Padrino López.
La FANB rechazó «las posiciones tendenciosas y parcializadas que han asumido algunos organismos regionales», luego de que la Comunidad del Caribe (Caricom) tildara el sábado de «incidente provocador» la presencia de buques navales venezolanos en aguas que Guyana considera como parte de su territorio.
A través de un comunicado, la Caricom instó a Guyana y Venezuela a «evitar acciones de confrontación innecesarias» y solicitó a la Administración de Nicolás Maduro que «ordene la retirada urgente del buque de las aguas de Guyana y, además, se abstenga de entrar en contacto con las plataformas FPSO» (unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de la petrolera estadounidense ExxonMobil).
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, que ocupa dos terceras partes del territorio de Guyana y que Venezuela reclama desde hace más de un siglo, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.
Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este sábado a la Comunidad del Caribe (Caricom) a «jugar un papel constructivo» y a evitar un «conflicto» en la región, luego de que este grupo de países tildara de «incidente provocador» la presencia de buques navales venezolanos en aguas que Guyana considera como parte de su territorio.
A través de Telegram, Rodríguez llamó «burócratas de tercer rango» a la Caricom -integrada por Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago- y los acusó de avalar un plan del Comando Sur de Estados Unidos para «agredir a Venezuela».
«Los países del Caribe están llamados por la historia a jugar un papel constructivo en este despojo territorial creado artificialmente por vetustos imperios», afirmó la funcionaria en referencia al Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela y Guyana disputan y consideran suyo.
Asimismo, la también titular de Hidrocarburos advirtió a la Caricom que «están a tiempo de evitar» que la región «entre en un conflicto para legitimar la voracidad energética de la ExxonMobil», la empresa estadounidense que tiene concesiones de Guyana para explotar petróleo.
A través de un comunicado, la Caricom instó este sábado a Guyana y Venezuela a «evitar acciones de confrontación innecesarias» y solicitó a la Administración de Nicolás Maduro que «ordene la retirada urgente del buque de las aguas de Guyana y, además, se abstenga de entrar en contacto con las plataformas FPSO» (unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de ExxonMobil).
En declaraciones previas, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, transmitió su «grave preocupación» ante la presencia de buques navales venezolanos en lo que consideró aguas jurisdiccionales guyanesas.
Sin embargo, Venezuela respondió a través de un comunicado que Ali oculta que esas aguas «no forman parte del territorio guyanés», ya que se trata -agregó- de «una zona marítima pendiente de delimitación conforme al derecho internacional».
«Es inadmisible, y constituye una grave violación del derecho internacional, que Guyana disponga de un territorio sobre el cual existe una controversia y peor aún, disponga de un mar pendiente por delimitar, otorgando concesiones ilegales para la explotación de recursos energéticos», agregó el comunicado.
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, que ocupa dos terceras partes del territorio de Guyana y que Venezuela reclama desde hace más de un siglo, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.
Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.
Israel aprobó este sábado la propuesta de Estados Unidos para prolongar la tregua en Gaza durante el ramadán y la Pascua judía que se celebrará en abril, según anunció la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
“Israel adopta el plan del enviado del presidente estadounidense, Steve Witkoff, para un alto el fuego temporal durante los periodos del ramadán”, que terminará a finales de marzo, “y de Pésaj”, la Pascua judía que se celebrará a mediados de abril, indicó la dependencia en un comunicado, al expirar la primera fase de la tregua con el grupo terrorista Hamas sin un acuerdo sobre las siguientes etapas.
Según Israel, Hamas aún no ha aceptado el plan de Witkoff. “Si Hamas cambia su posición”, afirma la oficina de Netanyahu, “Israel iniciará inmediatamente negociaciones sobre todos los detalles del plan de Witkoff”.
La tregua entró en vigor el 19 de enero después de más de 15 meses de un conflicto desencadenado por el brutal ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, el más mortífero en la historia del país.
Durante estas semanas, el grupo terrorista liberó a 25 rehenes y devolvió los cadáveres de otros ocho a Israel, a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos en centros penitenciarios israelíes.
La segunda fase de esta tregua debería empezar el domingo con el objetivo de terminar la liberación de rehenes en Gaza y poner un fin definitivo a la guerra.
Egipto, mediador del acuerdo, anunció el jueves que las partes implicadas “iniciaron intensas conversaciones” sobre la siguiente etapa con la presencia de delegaciones de Israel y los otros países mediadores: Qatar y Estados Unidos.
Sin embargo, el sábado por la mañana no había señales de consenso y el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, declaró que el grupo rechazaba “la ampliación de la primera fase en la formulación propuesta por la ocupación (Israel)”.
El brazo armado de Hamas difundió imágenes de un grupo de rehenes israelíes en Gaza, acompañadas del mensaje: “Solo un acuerdo de alto el fuego los devolverá con vida”.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reaccionó afirmando que “Israel no se dejará intimidar por la propaganda de Hamas”.
De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamas, 58 continúan en Gaza. El ejército israelí considera que 34 de ellas están muertas.
Once fallecidos y 72.686 afectados dejan hasta el momento las lluvias en Ecuador, donde desde inicio de año se han registrado innumerables aguaceros, inundaciones, crecida de ríos y un aluvión, informó este sábado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
La muerde de un niño y un adulto en un aluvión ocurrido anoche en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, elevó la cifra de fallecidos, que hasta el viernes se mantenía en nueve.
Según la SNGR, un total de 2.211 personas están damnificadas, 19.177 viviendas han resultado afectadas y 61 destruidas, así como catorce puentes afectados, tres de los cuales han quedado destruidos.
De acuerdo a la SNGR, las lluvias han afectado 27,5 kilómetros de vías en distintas partes del país.
Las zonas más afectadas se encuentran en las provincias costeras de Guayas, Manabí, y la tropical de Los Ríos. Manabí es la que registra más personas afectadas con 49.375, seguido de Guayas con 12.969.
Por el momento, el SNGR mantiene la alerta roja de emergencia regional en seis de las veinticuatro provincias de Ecuador (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Helena), mientras que en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Hasta el momento se han activado 12 alojamientos temporales, donde 511 personas reciben apoyo.
Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en la ciudad española de Valencia para pedir la dimisión del presidente de la región, Carlos Mazón, por su gestión de las mortales inundaciones de octubre, según periodistas de la AFP.
La indignación y el dolor siguen latentes cuatro meses después de la peor catástrofe natural de las últimas décadas en España, que se cobró la vida de 232 personas, 224 de ellas en el este de la Comunidad Valenciana.
En la protesta, convocada por decenas de sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, los manifestantes -algunos sosteniendo fotos de sus seres queridos fallecidos- corearon «Mazón dimisión» y marcharon detrás de una pancarta en la que se leía «nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia».
Pancartas con lemas como «Mazón a prisión», «asesinos» y «ni perdonamos, ni olvidamos» acompañaban a una gigantesca figura de cartón que representaba a Mazón con las manos manchadas de sangre.
La oficina del gobierno central en Valencia cifró en unos 30.000 el número de manifestantes.
En España, país políticamente descentralizado, las regiones son responsables de la gestión de las emergencias, lo que significa que Mazón encabezó una respuesta ampliamente considerada deficiente.
Una alerta masiva llegó a los teléfonos de los residentes cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto ahogadas en sus casas o arrastradas por la crecida en las calles, según afirma el sumario judicial del caso, dado a conocer por la prensa española.
Esta semana, Mazón volvió a desatar una oleada de indignación tras dar una nueva versión acerca de su paradero el 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales empezaron a desencadenar las inundaciones que arrasaron viviendas y vehículos.
El partido socialista, en el gobierno central, instó al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de la oposición conservadora, a que destituya a su compañero de partido Mazón.
Feijóo «sabe que Mazón es tóxico» y puede poner fin a «la situación insoportable» destituyéndolo, declaró el sábado a la prensa la ministra socialista de Ciencia, Diana Morant, en la localidad de Picanya, afectada por las inundaciones.
Puede que Mazón tenga una mayoría en el parlamento regional «tan indecente como él que le sostiene, pero ya no tiene la mayoría de la calle», agregó.
El portavoz del PP, Miguel Tellado, aseguró que los socialistas «utilizan el dolor del pueblo valenciano para hacer política de la más cutre, de la más baja y creo que eso es intolerable».
Mazón ha rechazado reiteradamente los llamamientos a dimitir y se ha comprometido a dirigir el colosal proceso de reconstrucción hasta el final de su mandato, en 2027.
La protesta del sábado fue la quinta de una serie de manifestaciones contra Mazón que comenzaron con una concentración de 130.000 personas en Valencia en noviembre.
Un nuevo acto de violencia sacudió a Colombia en las últimas horas, cuando un vehículo del Ejército Nacional fue blanco de un ataque con un artefacto explosivo en la vía que conecta Saravena (Arauca) con Cubará (Boyacá).
Según informó RCN Radio, el ataque ocurrió mientras los uniformados inspeccionaban un objeto sospechoso colocado junto a una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hasta el momento, no se han reportado militares heridos, aunque se espera un informe oficial que detalle las consecuencias del incidente.
De acuerdo con los reportes iniciales, el ataque se produjo en una región conocida por su compleja situación de orden público, donde grupos armados ilegales como el ELN tienen una fuerte presencia.
Según un informe de inteligencia, el ELN intensifica extorsiones y bloqueos en Arauca, aprovechando la inseguridad para ejercer control territorial – crédito Flickr
El vehículo militar estaba realizando labores de verificación en la carretera cuando se encontró con un elemento sospechoso, que resultó ser un explosivo. Junto a este, se hallaba una bandera que hacía referencia al grupo guerrillero, lo que refuerza las sospechas sobre la autoría del ataque.
Extorsiones y campañas de desprestigio contra las autoridades
Un documento reservado de las Fuerzas Militares revela una preocupante estrategia del ELN en Arauca. El grupo armado estaría implementando nuevas tácticas de extorsión dirigidas a comerciantes, ganaderos, comunidades indígenas y empresas petroleras, exacerbando la crisis de seguridad en la región, según información de El Tiempo.
Según el informe, el frente Domingo Laín Sáenz del ELN ha incrementado los hurtos en Saravena, Fortul y Tame, afectando supermercados, tiendas de barrio y locales de repuestos de automóviles. Aunque estos delitos podrían parecer obra de delincuentes comunes, las autoridades han identificado que forman parte de una estrategia para sembrar inseguridad y luego exigir pagos extorsivos a cambio de “protección”.
oldados colombianos preparándose para salir al campo – crédito Federico Ríos/New York Times
El ELN busca aprovechar el descontento de los comerciantes, quienes enfrentan cuotas extorsivas cada vez más altas que reducen significativamente sus márgenes de ganancia. Además, estarían promoviendo rumores sobre la llegada de disidencias de las Farc para justificar su presencia y fortalecer su control territorial.
En paralelo, adelantan una campaña para debilitar la confianza en las autoridades locales, resaltando su supuesta incapacidad para garantizar la seguridad.
El informe también advierte que el ELN estaría utilizando menores de edad para actividades ilícitas y forzando a comunidades indígenas a bloquear vías estratégicas. Estas acciones afectan gravemente el transporte de bienes esenciales como ganado y combustibles, generando un impacto económico significativo.
Violencia en las vías y clamor del gremio transportador
El recrudecimiento de la violencia también ha afectado a los transportadores. Múltiples gremios solicitaron una reunión urgente con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertando sobre la quema de vehículos y asesinatos de conductores. En un comunicado, señalaron la gravedad de la situación:
“Nos dirigimos a usted con la máxima urgencia en representación de los transportadores de Colombia, quienes han sido víctimas de una ola de violencia sin precedentes en los últimos años. Durante este tiempo, decenas de transportadores han perdido vilmente la vida en nuestras carreteras y vías como víctimas permanentes del conflicto armado”.
Los transportadores reclaman medidas inmediatas para garantizar su seguridad, entre ellas la activación de la póliza de terrorismo y la destinación prioritaria de recursos.
Comunicado de gremios camioneros por la inseguridad en las carreteras debido al ELN – crédito redes sociales
“Es el momento de recuperar la seguridad en nuestro país con medidas inmediatas y efectivas, tales como la activación de la póliza del terrorismo, ante circunstancias reiteradas y sistemáticas como los paros armados, bloqueos y acciones directas de grupos armados”.
Además, solicitan una mayor inversión en recursos destinados a la protección en las vías:
“Solicitamos la asignación prioritaria de recursos, como el Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), para proteger a los transportadores, quienes a diario arriesgan sus vidas en las carreteras del país”.
La situación en Arauca refleja un contexto de violencia persistente, con el ELN intensificando sus actividades y tejiendo alianzas con bandas delincuenciales locales. Las autoridades continúan investigando el atentado contra el vehículo militar, mientras los habitantes de la región claman por acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a sus territorios.
La cifra total de muertos en la Franja de Gaza ascendió este sábado a 48.388 después de que los equipos de Defensa Civil recuperaran 21 cuerpos de entre los escombros en las últimas 48 horas, informó el Ministerio de Sanidad, en manos de Hamás.
EFE
En un comunicado, el ministerio informó además de que los ataques israelíes se cobraron la vida de dos palestinos en las dos últimas jornadas, pese a que la tregua en la Franja seguía en vigor.
El dato aportado este sábado añade 59 fallecidos más a la cifra divulgada por el ministerio hace una semana, cuando estimó que el número de decesos era de 48.329.
Las autoridades palestinas han sumado recientemente más de 400 fallecidos al cómputo total de los últimos meses, mientras que los equipos de rescate continúan trabajando para rescatar más cuerpos bajo toneladas de escombros, desde que el alto el fuego entró en vigor el 19 de enero.
Por otra parte, en las últimas 48 horas más de una veintena de heridos llegaron a los pocos hospitales que siguen operativos en el devastado enclave palestino. Así, la cifra total de heridos se eleva ya a 111.803 desde el inicio de la invasión israelí el 7 de octubre de 2023.
Fuentes locales en Gaza informaron a EFE de que durante la primera hora de este sábado tanques israelíes abrieron fuego contra barrios de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde viven familias palestinas.
La primera fase del acuerdo de tregua termina este sábado, después de 42 días durante los cuales Israel y Hamás han intercambiado 33 rehenes (ocho de ellos muertos) por cerca de 1.800 presos palestinos.
Según el texto, mañana domingo debería arrancar la segunda fase en la que los islamistas liberarían al resto de rehenes que todavía retienen e Israel excarcelaría a presos palestinos, además de retirar todas sus tropas de la Franja, incluido del corredor de Filadelfia, para dar paso al fin de la guerra.
Sin embargo, todo apunta a que esa fase no entrará en vigor el domingo, puesto que las negociaciones entre Hamás e Israel se han roto en las últimas horas.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu, según fuentes egipcias, aboga por extender la actual primera fase, mientras que la organización islamista lo acusa de no querer asumir el compromiso de acabar la guerra, contemplado en la segunda fase del acuerdo.
La Licencia General 41, que permite a Chevron operar en Venezuela, conservó su vigencia este sábado 1 de marzo.
Pese a especulaciones sobre una posible cancelación tras anuncios del presidente Donald Trump, el permiso se renovó automáticamente por seis meses más, hasta el 1 de septiembre de 2025. El hecho dejó sin cambios las actividades de la empresa en el país sudamericano.
El abogado José Ignacio Hernández informó sobre la situación a través de su cuenta en X. “La Licencia General (LG) 41 a Chevron no ha sido modificada. Por lo tanto, hoy fue automáticamente renovada por seis meses, hasta el 1/9. La opción regulatoria para cumplir con la decisión anunciada por Trump es modificar la licencia (por ejemplo, la LG41A)”, detalló.
La renovación dependió de un mecanismo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2022. Este organismo, encargado de supervisar sanciones de Estados Unidos, no intervino en el proceso. Como resultado, Chevron aseguró su continuidad en el manejo de una porción significativa de la producción petrolera venezolana.
La Licencia General (LG) 41 a Chevron no ha sido modificada. Por lo tanto, hoy fue automáticamente renovada por seis meses, hasta el 1/9.
La opción regulatoria para cumplir con la decisión anunciada por Trump es modificar la licencia (por ejemplo, la LG41A). pic.twitter.com/HLKXD9DVmO
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) March 1, 2025
Un choque entre dos buses de pasajeros dejó al menos 37 muertos y 30 heridos este sábado en una carretera cercana a la ciudad de Uyuni, en el departamento de Potosí al sur de Bolivia, informó la policía a la AFP.
El siniestro, el más grave en lo que va de 2025, ocurrió en una carretera angosta de doble sentido entre Potosí y Oruro la madrugada del sábado.
“Hasta el momento tenemos 37 fallecidos ya confirmados, de los cuales 35 personas son mayores y dos niños”, aseguró el coronel Wilson Flores a la AFP.
Hay “30 heridos aproximadamente”, agregó Flores.
La policía realizó una prueba de sangre para verificar si los conductores estaban ebrios.
Uno de los buses se dirigía a la ciudad de Oruro, donde este fin de semana se celebra el Carnaval de Oruro, una de las festividades más grandes de América Latina que atrae a decenas de miles de personas.
Al año mueren unas 1.400 personas en las vías de Bolivia, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.
Este año, 64 personas fallecieron en accidentes de tránsito en el país hasta finales de febrero, aseguró la policía en un informe.
El departamento de Potosí concentra el 10,6% de todos los accidentes de tránsito con muertos, de acuerdo con el estatal Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana. AFP
