América Latina enfrentará las consecuencias de la suspensión de los fondos y el recorte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que en 2024 aportó a la región 2.300 millones de dólares, una decisión adoptada por el presidente Donald Trump, que amenaza la continuidad de los programas en 130 países y perjudicará a millones de personas que hasta ahora se beneficiaban de la cooperación estadounidense.

Lo que comenzó como una medida temporal de noventa días para «reducir el gasto público y la burocracia, reevaluar la eficacia de los programas y prevenir el posible uso indebido de los fondos» se ha transformado en una situación incierta para Usaid, una entidad que «ha llegado el momento de que muera», según el magnate Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU.

Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la decision este viernes, Trump planea reducir su personal de 10.000 a solo 290 puestos, que son considerados «esenciales», según The New York Times, y ha transferido su control al Departamento de Estado, poniendo fin a seis décadas de operaciones de la agencia, que ha destinado miles de millones de dólares a programas humanitarios en todo el mundo, incluyendo América Latina, cuya oficina quedará reducida a ocho personas.

Según datos oficiales del Gobierno de EE.UU., en 2024 Usaid distribuyó más de 44.000 millones de dólares en ayuda global. De esta suma, alrededor de 2.300 millones de dólares fueron dirigidos a iniciativas en América Latina , representando un pilar fundamental para diversos programas.

«Estados Unidos es un donante clave y su ausencia es insustituible. Incluso si sumamos todas las contribuciones europeas en Colombia, no alcanzarían ni la mitad de la ayuda estadounidense», afirma a EFE Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para la Región Andina.

En Colombia, los aportes de Usaid ascendieron a casi 400 millones de dólares en 2024, destinados a programas humanitarios, cooperación judicial, seguridad, educación, sanidad, paz, igualdad, medioambiente, cultura y migración. La situación es similar en otros países de la región.

Efectos en la crisis migratoria

Uno de los programas más afectadas por el recorte de fondos en toda la región es la gestión migratoria que, paradójicamente, también es uno de los temas claves de la Administración Trump.

En ese sentido, Stephani López, consultora en políticas migratorias, advierte que la reducción de fondos «impacta directamente a entidades como Migración Colombia y al programa de migrantes y refugiados del Departamento de Estado», lo que limita la capacidad operativa en zonas clave como las fronteras con Venezuela y Ecuador.

Además, la política de externalización migratoria de EE.UU., que delegaba parte de la gestión a países como Colombia, México y Panamá, enfrenta ahora un panorama incierto.

«El cierre de las oficinas de movilidad segura, que facilitaban permisos y visados, impone más barreras a los migrantes», explica López, quien también advierte de que la falta de financiamiento para estrategias de reintegración «deja en mayor vulnerabilidad a los retornados, sin programas efectivos que faciliten su inclusión social y económica».

Si bien existen otras fuentes de financiamiento, como préstamos de organismos multilaterales, estas «no son suficientes para cubrir el vacío dejado por Usaid», lo que obliga a los Gobiernos a asumir un rol más activo en la sostenibilidad de las iniciativas de atención a migrantes.

Freno al acompañamiento técnico

La reducción de la cooperación estadounidense también afecta áreas técnicas claves en Brasil y Perú, donde las autoridades han expresado preocupación por la posible disminución de fondos destinados a la protección de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico.

En Brasil, Usaid firmó en 2015 un acuerdo con el Gobierno para destinar 300 millones de dólares hasta 2030 para la preservación del ecosistema amazónico y el bienestar de comunidades rurales. Aunque el programa sigue en marcha, algunas ONG locales han recibido notificaciones de suspensión de financiamiento, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de iniciativas como la asistencia alimentaria a migrantes en Roraima (norte).

Mientras tanto, en Perú la suspensión podría afectar el acceso a 630 millones de dólares hasta 2030 y a unas sesenta ONG que dependen de esos fondos. Aunque el Gobierno ha asegurado que programas clave como la lucha contra el narcotráfico y la protección del Amazonas no se verán afectados, reconoce que las organizaciones no gubernamentales sí podrían verse perjudicadas.

Para Dickinson, la cancelación abrupta de estos programas no solo deja sin apoyo a quienes buscaban mejorar sus condiciones de vida, sino que también expone a los líderes comunitarios a la incertidumbre y posibles represalias.

«La confianza de las comunidades en el respaldo internacional se ha visto gravemente afectada, generando un vacío que podría ser aprovechado por actores ilegales», agrega.

Salud, educación y desarrollo rural, también afectados

En tanto en Guatemala, el congelamiento de 275,3 millones de dólares pone en riesgo proyectos en áreas como justicia, educación, salud, derechos de las mujeres y agricultura, mientras que en Honduras, donde en 2024 se recibieron cerca de 100 millones de dólares, sectores clave como educación, salud, agricultura y atención a migrantes, así como la lucha contra la corrupción, se verán afectados.

Aunque el Gobierno de Xiomara Castro minimiza la medida, organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría de Movilidad Humana alertan sobre sus efectos, especialmente en la protección de víctimas de desplazamiento forzado.

A pesar de la cercanía ideológica entre Nayib Bukele y la Administración Trump, en El Salvador el retiro de fondos también pone en peligro iniciativas centradas en el desarrollo humano, empleo, educación, transparencia, innovación, inversión y alianzas para el crecimiento económico.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado la suspensión de la ayuda al considerar que ha financiado a grupos opositores, pero organizaciones que apoyan a migrantes, mujeres y personas LGBTI alertan del riesgo de desaparecer. De ehecho, en el sur del país, Usaid movilizó cerca de 30 millones de dólares para proyectos y generó 250 millones de dólares en inversión entre 2021 y 2023, según datos oficiales.

En República Dominicana, el presidente Luis Abinader, instó esta semana al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a restablecer la ayuda humanitaria a Haití para evitar una crisis migratoria y respaldar la Misión Multinacional de Seguridad, y le advirtió de que la situación representa una amenaza regional que requiere una respuesta coordinada.

La reducción generará un enorme vacío que los Gobiernos deberán afrontar, porque la aportación estadounidense representaba hasta ahora el 47 por ciento del gasto global en asistencia humanitaria, «un reto presupuestal significativo, en un contexto de desafíos fiscales comunes en toda la región», advierte Elizabeth Dickinson. EFE

Ecuador, uno de los países con los índices de violencia más altos de Latinoamérica, extremó los operativos de seguridad policiales y militares de cara a las elecciones generales del domingo, que se desarrollarán bajo el «conflicto armado interno» declarado desde hace un año por el presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado.

Y es que en 2023, el país llegó a registrar la tasa más alta de homicidios en Latinoamérica con alrededor de 47 por cada 100.000 habitantes, cifra que en 2024 disminuyó en un 15 %, al pasar a una índice de 38 muertes violentas. Sin embargo, pese a esa reducción, el nivel de violencia permanece alto y otros delitos como los secuestros y las extorsiones han subido.

En la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país y uno de los epicentros de la violencia criminal, agentes de la Policía y soldados de las Fuerzas Armadas realizan patrullajes en las calles y en los barrios con los índices delictivos más altos.

Allí revisaron automóviles, antecedentes penales de los conductores y también se subieron a unidades de transporte urbano para realizar control de armas y drogas.

«Realizamos este trabajo en horas aleatorias para no alertar tampoco a los grupos delincuenciales. Estamos presentes en todos los sectores de la ciudad», dijo a EFE un militar encargado de los operativos.

Alerta por las elecciones en Ecuador

La patrulla que tenía a su mando recorrió varios barrios del sur de Guayaquil, donde a diario suelen registrarse asesinatos perpetrados por presuntos sicarios que la Policía atribuye a peleas entre bandas criminales por disputas de territorio, y detuvo a varios vehículos y personas para una revisión.

Las fuerzas policiales, por su parte, se ubicaron en diversos puntos del norte para también realizar registros en las calles, y se adentraron a varios sectores con el objetivo de interceptar a posibles extorsionadores o microtraficantes.

En uno de los recorridos, los agentes detuvieron a un hombre con varios sobres de la posible droga ‘H’, una peligrosa mezcla de heroína con residuos de cemento, veneno para ratas y otras sustancias, muy utilizada en la ciudad por su bajo costo (0,50 dólares por dosis) y alto nivel de adicción.

Lo subieron al vehículo policial y el detenido los condujo hacia una vivienda del barrio donde supuestamente se comercializaba esta y otras drogas.

Militarización de puertos

El pasado martes, el presidente Noboa ordenó la militarización inmediata de los puertos como una medida de seguridad adicional para la celebración de las elecciones generales de Ecuador, por lo que las Fuerzas Armadas intensificaron sus operaciones en las terminales portuarias de Guayaquil.

El mayor puerto comercial de Ecuador ha sido convertido por las mafias del narcotráfico en uno de los grandes trampolines de la cocaína que llega a Europa y Norteamérica desde Suramérica, a través del comercio marítimo internacional, donde se camuflan grandes cantidades de esa droga.

En 2024, la Policía incautó 294 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de las cuales 277 toneladas iban destinadas al tráfico internacional y que pretendían salir desde puertos como los de Guayaquil.

«La misión que tenemos nosotros en las instalaciones portuarias es dar seguridad tanto interna como externa, evitando que se contaminen los contenedores, que se infiltren personas que no son de las instalaciones y demás operaciones que ayuden a garantizar la seguridad de estos sitios, que son infraestructuras estratégicas para el país», agregó el militar.

Con el objetivo de intentar ingresar la droga en los contenedores, los grupos criminales extorsionan a los conductores de los vehículos que llegan al lugar, a los guardias de seguridad y a funcionarios de las terminales e incluso los amenazan de muerte.

Mayor supervisión de cárceles

El jefe militar también destacó que durante estos días reforzarán la seguridad en las cárceles, donde han sido asesinados más de 500 presos entre 2021 y 2024, y en donde ya realizan operaciones desde la declaratoria de «conflicto armado interno» con el objetivo de evitar disputas entre bandas que terminan en matanzas por el control de los centros.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró al país bajo «conflicto armado interno» desde inicios de 2024 para enfrentar a la violencia de las bandas criminales, a las que pasó denominar como «grupos terroristas».

Para ello ordenó una serie de estados de excepción donde puso a los militares a combatir las organizaciones criminales, lo que incluyó la militarización de las cárceles, hasta el momento controladas por estas estructuras delictivas como Los Choneros, Los Lobos, los Chone Killers o Los Tiguerones, entre otras, algunas de ellas aliadas a carteles mexicanos como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.EFE

Desde el 20 de enero de este año, fecha de ascenso al poder de Donald Trump, el gobierno de México ha recibido a 10 mil 964 migrantes deportados desde Estados Unidos en medio de la «guerra» contra el ingreso irregular en territorio norteamericano.

Por Versión Final

De acuerdo con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de esta cifra ocho mil 425 personas son mexicanas, mientras que dos mil 539 son de otras nacionalidades.

Una semana después de la llegada del líder republicano, Sheinbaum informó que desde entonces habían llegado al país cuatro mil 94 personas deportadas, también la mayoría mexicanas y varias de otros países. Entonces, la mandataria señaló que no había habido un aumento «sustantivo» de casos.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), México llegó a recibir hasta seis mil 500 migrantes deportados a la semana desde Estados Unidos, según cifras oficiales, reseñó Reuters.

«Han salido vuelos de México a Honduras, ayer salió un vuelo, también van en transporte terrestre», explicó el viernes Sheinbaum, sobre lo que ha sucedido con algunos deportados. «Es voluntario, si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen», agregó.

El gobierno de México ha estado bajo presión por las amenazas de Trump de imponer aranceles a sus productos si no detiene el flujo de migrantes y drogas, especialmente el fentanilo, a Estados Unidos.

El lunes, el gobierno del país latinoamericano anunció el envío de 10 mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera común para reforzarla.

El rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, aseguró en una serie de publicaciones en la red social X que es nazi y que controla a su pareja, la modelo Bianca Censori, y que fue gracias a su aprobación que usó el polémico vestido transparente en la alfombra roja de la última edición de los Grammy.

«Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de ‘woke’ (conciencia social de forma peyorativa en español). Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?», escribió este viernes el cantante de ‘Runaway’.

West también aseguró que pese a que fue la decisión de Censori usar dicha prenda de vestir, la modelo y arquitecta no la hubiera usado sin que él estuviese de acuerdo con ella.

«La gente dice que el ‘look’ de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones ‘woke’», apuntó.

Kanye West sobre Elon Musk

El cantante además realizó varias publicaciones cargadas de odio, entre ellas hacia el dueño de la plataforma X, Elon Musk, y la comunidad judía, e incluso aseguró que «amaba a Hitler» y que era nazi.

«Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración, YOOOO, mi amigo, ¡Consígue tu propio tercer reich!», dijo sobre el multimillonario tecnológico que fue criticado durante la toma de protesta del presidente Donald Trump por supuestamente hacer un saludo nazi. EFE

El Gobierno mexicano desplegó este viernes más de 600 miembros de la Guardia Nacional en Nuevo León, estado fronterizo con Texas (Estados Unidos), como parte del acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir el tráfico de drogas y el flujo de migrantes.

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Escamilla, declaró que, además, la corporación de seguridad estatal Fuerza Civil incrementó su presencia en los municipios de Anáhuac, Villaldama y Vallecillo, cercanos a la frontera con el vecino país del norte.

«Los kilómetros que corresponden a Nuevo León se encuentran ya reforzados por parte de elementos de la Guardia Nacional, más de 600 elementos han arribado para reforzar al estado de fuerza con el que ya se contaba», explicó el funcionario estatal.

Estas acciones responden a las exigencias de Trump, quien el lunes pidió en una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, incrementar la vigilancia en la frontera con Estados Unidos a cambio de pausar por un mes los aranceles del 25 %.

Escamilla estableció que se van a atender dos ejes fundamentales: el trato humanitario y el tráfico de drogas sintéticas.

«Quiero mencionar que se ha implementado el Programa Frontera por parte del Gobierno federal, la Guardia Nacional en su conjunto va a desplegar más de 10.000 hombres», indicó.

Sobre la corporación estatal, Fuerza Civil, comentó que tiene distintas bases operativas que han sido reforzadas.

«La Base Colombia, en coordinación con la Guardia Nacional, con la Defensa, el destacamento Vallecillo y el destacamento Villaldama. Nosotros nos sumamos a la coordinación que invita el Gobierno federal para atender este fenómeno», puntualizó.

El despliegue ocurre también después de que Nuevo León afrontó uno de los años más violentos de la década, cuando subió al séptimo lugar nacional de estados con más homicidios dolosos (1.539), según informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

EFE