La decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de seguir el ejemplo de Donald Trump y retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) carece de lógica en el plano de la política exterior y es una «aberración» desde el punto de vista sanitario, afirman expertos consultados por EFE.

La medida anunciada este miércoles y cuestionada ampliamente por diversos sectores de la oposición se basa en unos argumentos que para analistas políticos y expertos en sanidad pública no se ajustan a los hechos.

Al justificar su decisión, el Ejecutivo de Milei alegó que no se puede «permitir que un organismo internacional intervenga» en la «soberanía» de un país y aseveró que las «recetas» de la OMS «son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia».

Además, cuestionó la gestión sanitaria de la pandemia de covid-19 por parte de la OMS, a la que Argentina pertenece desde su creación en 1948 y a la cual Milei acusó de ser «el brazo ejecutor» del «mayor experimento de control social de la historia», en referencia a las cuarentenas implementadas durante la pandemia.

Aberración y desconocimiento

«Ha sido invaluable la tarea de la OMS en el marco de la pandemia, que ha implicado un esquema de cooperación de países, de organismos científicos y de las empresas para generar las soluciones que esa crisis demandó. Argentina va a recibir los perjuicios de alejarse de esa organización», dijo a EFE el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat.

La salida de la OMS implicará, entre otras cosas, quedarse al margen de la colaboración internacional para capacitaciones, estudios científicos y análisis de impactos epidemiológicos, y sin acceso a información y apoyo financiero.

«La medida es una aberración, una muestra de desconocimiento absoluto. La OMS es un organismo de coordinación y cooperación, no impone ninguna política, solo hace recomendaciones», señaló a EFE el médico y experto en salud pública Adrián Andreatta, coordinador del área de Planificación Sanitaria de la Fundación Esperanza.

Andreatta defendió las acciones sanitarias aplicadas por el entonces Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) ante la pandemia y cuestionó la política del Ejecutivo de Milei en el área de la salud, con recortes presupuestarios dentro del severo plan de ajuste implementado desde finales de 2023.

«Sacar los medicamentos a los jubilados, no atender las discapacidades, echar personal de los hospitales o cerrarlos son políticas propias de este Gobierno, no las recomendó la OMS», apuntó Andreatta.

A imitación de Trump

El anuncio de este miércoles llega dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar a su país de la OMS, al argumentar que éste aportaba muchos más recursos que China al organismo.

«Indudablemente, Milei compite por ser el alumno más adelantado de Trump. Hay allí una coincidencia estratégica de la nueva derecha», observó Arias.

Según el experto, «para la conducción política de Argentina no hay nada más importante que hacer ‘seguidismo’ de las políticas de Trump y de Elon Musk, en particular, por lo que seguramente seguiremos viendo capítulos en esta triste novela internacional».

«La decisión de Milei de dejar la OMS se da en el marco de una serie de imitaciones de lo que hace Trump, pero sin ningún sentido. No hay ninguna transacción de fondo ni hay un pedido de los Estados Unidos. Es una decisión unilateral de Milei con consecuencias muy negativas para Argentina», afirmó a EFE el analista político Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político.

El experto cuestionó el argumento del Gobierno de la supuesta necesidad de «recuperar la soberanía» pues «los organismos supraestatales no toman decisiones que se imponen sobre la soberanía de los Estados, que pueden aplicar o no esas decisiones».

«Sin coordinación con las políticas de salud a nivel global, las consecuencias van a ser muy gravosas en términos del combate a enfermedades que son trasnacionales. Es vergonzoso y lamentable», concluyó. EFE
 

Un avión contratado por el ejército estadounidense se estrelló el jueves en un campo de arroz en el sur de Filipinas, matando a las cuatro personas a bordo, dijeron funcionarios de la embajada de Estados Unidos y de Filipinas.

La Autoridad de Aviación Civil de Filipinas confirmó el accidente de una avioneta en la provincia de Maguindanao del Sur, pero no proporcionó más detalles de inmediato.

Por Infobae

El avión, identificado como Beechcraft King Air 300 con matrícula de aeronave N349CA, que se estrelló en la provincia sureña fue contratado por el ejército estadounidense, dijo a The Associated Press el portavoz de la embajada de Estados Unidos, Kanishka Gangopadhyay, y agregó que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos emitirá una declaración más detallada sobre el accidente aéreo.

Los cuerpos de cuatro personas que parecían ser extranjeros fueron recuperados de los escombros en la ciudad de Ampatuan, dijo Ameer Jehad Tim Ambolodto, un oficial de seguridad de Maguindanao del Sur.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

El rescatista municipal Rhea Martin dijo que “Los cuerpos fueron encontrados cerca del avión”, y agregó: “El avión fue cortado en dos”.

Un búfalo de agua que estaba en tierra también murió como resultado del accidente aéreo, dijeron funcionarios locales.

Medios locales aseguraron que testigos presenciales informaron haber visto el avión volando bajo sobre Ampatuan, como si estuviera inspeccionando el área, antes de caer repentinamente en picado sobre un campo abierto en Barangay Malatimon.

Las autoridades aún no han determinado el propósito y el origen del vuelo.

Hasta el momento no se identifico la causa del accidente.

“Podemos confirmar que un avión contratado por el ejército estadounidense se estrelló en Maguindanao del Sur el 6 de febrero. Para obtener más información, le remitimos al Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos”, dijo el portavoz de la embajada, Kanishka Gangopadhyay, en un mensaje de texto a la Agencia de Noticias de Filipinas.

Las fuerzas estadounidenses llevan décadas desplegadas en un campamento militar filipino en el sur del país para asesorar y entrenar a las fuerzas filipinas que luchan contra los militantes musulmanes. La región es la patria de la minoría musulmana en esta nación mayoritariamente católica.

Maniobras conjuntas

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron este miércoles una serie de maniobras navales militares con la participación de las fuerzas de Australia, Filipinas y Japón, una medida que llega en pleno aumento de la tensión con China y un día después de que el país norteamericano pusiera en marcha ejercicios similares con las tropas filipinas en aguas en disputa del mar de China Meridional.

La Armada de Estados Unidos ha indicado en un breve comunicado que estas maniobras, por contra, tiene lugar en la “zona económica exclusiva” de Filipinas. El objetivo es garantizar la seguridad de la región a pesar de la oposición de las autoridades chinas, que han criticado la decisión y aseguran que pone en tela de juicio la “estabilidad”.


Dos cazas FA-50 de las fuerzas aéreas de Filipinas vuelan junto a un bombardero B-1 de Estados Unidos durante unas maniobras y una patrulla conjunta sobre el mar de China meridional, el 4 de febrero de 2025.(Fuerza Aérea de Filipinas vía AP)

El martes, los Ejércitos de Estados Unidos y Filipinas pusieron en marcha labores de entrenamiento e intercepción de objetos aéreos y realizaron ejercicios que incluyen un aumento de las fotografías aéreas sobre el mar de China Meridional, al que Filipinas hace referencia como mar de Filipinas Occidental.

China, Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunéi se disputan los islotes y aguas en torno al archipiélago Spartly, que poseen valiosos recursos y presentan grandes reservas de hidrocarburos, además de una situación de importancia estratégica en el cruce de rutas marítimas entre los océanos Índico y Pacífico.

El gigante asiático sigue alegando derechos históricos para reclamar el 90% de las aguas de la zona, así como los islotes, arrecifes y rocas que se extienden a una distancia de hasta 2.000 kilómetros de sus costas. Esta delimitación es conocida en China como la ‘línea de nueve puntos’, si bien Estados Unidos asegura que el objetivo de estas reclamaciones es fundamentalmente militar.

Los precios del oro continuaron este miércoles su carrera récord, en medio de la creciente preocupación por una guerra comercial entre EE.UU. y China y su impacto potencial sobre el crecimiento económico global. El oro al contado alcanzó a principios de la sesión un máximo histórico de 2.882,16 dólares por onza, para luego reducir parcialmente el alza, informa Reuters.

Los analistas atribuyeron el incremento a las incertidumbres comerciales derivadas de los aranceles que mutuamente se han impuesto Washington y Pekin. «Los aranceles a China y las represalias tienen al mercado en vilo, por lo que los flujos de refugio seguro siguen siendo el factor dominante», consideró Peter Grant, vicepresidente del distribuidor de metales preciosos Zaner Metals.

Récord en la demanda mundial

Los precios del oro han subido más de 8 % este año, según recoge Financial Times. Así, en Londres, el costo de los préstamos de oro a corto plazo se ha disparado debido a la escasez en los mercados comerciales. Los expertos han relacionado la carencia con un importante movimiento de reservas del metal hacia EE.UU., donde los inventarios en el Comex de Nueva York, una de las principales bolsas de materias primas, se han disparado en 88 % desde las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

A su vez, los expertos de World Gold Council señalaron en un informe, publicado este miércoles, que la demanda mundial de oro aumentó en 2024 en 1 % para alcanzar la cifra récord de 4.974,5 toneladas métricas, impulsada por el crecimiento de la inversión y las mayores compras de los bancos centrales en el cuarto trimestre del año pasado.

De acuerdo con sus previsiones para el año 2025, «es probable que los bancos centrales y los inversores en ETF [fondos cotizados en bolsa] impulsen la demanda, en tanto la incertidumbre económica respalda el papel del oro como cobertura de riesgo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está solo en su cruzada antiinmigrante. Convertir a las personas indocumentadas en el enemigo ha sido el argumento xenófobo y racista que ha inspirado a dos legisladores de Estados republicanos a proponer recompensas para quienes denuncien a los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en el país. La oferta contempla premiar con 1.000 dólares a todo aquel que aporte información que lleve a la detención de cualquier migrante indocumentado.

Por EL PAÍS DE ESPAÑA

En Misisipi, la propuesta presentada por el representante republicano Justin Keen se frenó en el comité legislativo esta semana, pero en Misuri, sigue su proceso y se debate en la asamblea. La iniciativa aumenta el temor a que se produzcan actos racistas entre una población que ya está polarizada por la cruzada antiinmigrante que ha puesto en marcha el presidente en las dos semanas que lleva en el poder. “No hay duda de que podría haber repercusiones imprevistas, sobre todo en lo que respecta a la seguridad pública, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación”, advierte Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

En Misuri, el senador republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB72 a finales del año pasado y en la sesión legislativa que se celebró en el Comité de Seguridad Pública el 27 de enero. “Si un extranjero ilegal es arrestado y encarcelado bajo esta sección como resultado de un informe al sistema de información, la persona que realizó el informe será elegible para recibir una recompensa de mil dólares por proporcionar dicho informe”, recoge la propuesta. Si la pista resulta cierta, la persona arrestada sería acusada de “invasión ilegal por parte de un extranjero ilegal” y sujeta a cadena perpetua sin libertad condicional si las autoridades federales de inmigración no se encargan de su custodia y deportación.

La propuesta de Gregory contempla, además, la creación de una figura más propia de siglos pasados en un escenario del lejano oeste: el cazarrecompensas. El denominado Programa de cazarrecompensas certificado para extranjeros ilegales de Misuri certificaría a personas para que se dediquen a encontrar y detener a migrantes indocumentados. Gregory explicó que funcionaría como “un ICE estatal”, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, encargada de llevar a cabo las detenciones y deportaciones de migrantes.

La agresividad de la propuesta provocó un fuerte encontronazo en el debate del Senado, donde docenas de personas testificaron en su contra. El republicano, a quien se ha tachado de “fascista”, criticó la cobertura mediática de su plan y aseguró que los cazarrecompensas no irían por las calles deteniendo libremente y que solo lo harían si hay una orden de arresto.

La senadora estatal Barbara Washington, demócrata de Kansas City, denunció que la propuesta anima a las personas a realizar informes racistas basados en el color de la piel o el dominio del inglés. “No me digan que no va a suceder porque está sucediendo ahora”, dijo Washington, según el medio Missouri Independent.

No es la única propuesta del Estado contra los migrantes. La senadora republicana Jill Carter, defendió otro proyecto de ley que crea nuevos delitos basados en el estatus migratorio. Simplemente por ser indocumentada, una persona podría ser acusada de “ingreso inadecuado” y ser castigada con una multa de hasta 10.000 dólares y expulsada a un puerto de entrada para su posterior deportación. Estos proyectos son ejemplo de como muchos Estados gobernados por los republicanos están impulsando legislaciones que se alinean con la ofensiva antiinmigrante activada por Trump, animando a las autoridades locales a participar en la campaña del magnate.

Fracaso en Misisipi

En el caso de Misisipi, el proyecto de ley era similar al de Misuri y contemplaba una recompensa de 1.000 dólares para los denunciantes que facilitaran la detención de los indocumentados y la creación de la figura del cazarrecompensas. Su autor, el legislador republicano Justin Keen se ajustó al argumento tan difundido por Trump de que los migrantes son criminales para defender su propuesta. “Esta legislación tiene como objetivo mantener seguras a las comunidades de Misisipi”, declaró. “Hemos visto de primera mano el peligro que representan los malos actores y los criminales violentos que ingresan ilegalmente a este país, como la vida inocente de Laken Riley”, señaló en referencia a la estudiante de Georgia que fue asesinada por un migrante indocumentado el año pasado y que ha dado nombre a la ley que permitirá la deportación por delitos menores. “La Administración del presidente Trump ha dejado claro que deportar a inmigrantes ilegales es una prioridad y estamos orgullosos de hacer nuestra parte aquí en Misisipi para ayudar a respaldar su agenda y proteger a nuestros ciudadanos”. El proyecto, sin embargo, murió en el intento.

En Misisipi tuvieron lugar algunas de las mayores redadas en lugares de trabajo durante el primer mandato de Trump. En agosto de 2019, agentes de ICE irrumpieron en plantas procesadoras de pollo y arrestaron a casi 700 personas. “Las redadas de 2019 fueron emblemáticas de la política de inmigración punitiva, inhumana, de represalia y de motivación racial de la Administración Trump”, señala un informe del Centro Nacional de Justicia para Migrantes.

El rechazo popular a la migración irregular ha aumentado en paralelo al incremento de las llegadas de indocumentados. Entre 2019 y 2023, la población de migrantes no autorizados creció tres millones, o un promedio del 6% anual, según datos del MPI. El país no había visto aumentos anuales tan grandes desde principios de la década de 2000. Sus estimaciones apuntan a que en 2023 había 13,7 millones de migrantes indocumentados. Sin embargo, las medidas impuestas por la Administración de Joe Biden el año pasado, como la restricción al asilo, redujo a mínimos no vistos desde 2020 los cruces ilegales en la frontera.

No está claro si el proyecto de ley progresará en Misuri, pero la campaña de deportaciones masivas de Trump cuenta con un amplio apoyo popular. Una encuesta de The New York Times e Ipsos del 2 al 10 de enero reveló que el 55% de los votantes apoya firmemente o parcialmente tales planes. Un 63% está de acuerdo en expulsar a los que entraron ilegalmente en los últimos cuatro años y el 88% respalda deportar a los inmigrantes que están aquí ilegalmente y tienen antecedentes penales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que si su país tomase el control de Gaza, los palestinos tendrían una vida mejor y la oportunidad de «ser felices, estar seguros y libres», aunque reasentados en otro lugar.

«La Franja de Gaza debería ser entregada por Israel a los Estados Unidos al concluir los combates. Los palestinos, gente como Chuck Schumer (el líder de la minoría demócrata en el Senado) ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas, en la región», afirmó en un mensaje en su red Truth Social.

El presidente reiteró hoy su idea de que EE.UU. debe ocuparse de la reconstrucción de Gaza y recolocar a los palestinos en otro lugar, que ha causado el rechazo de la mayoría de la comunidad internacional, con excepciones como la de Hungría o el propio Israel.

«Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los desarrollos más grandes y espectaculares de su tipo en la Tierra», agregó.

También opinó que si sus planes se cumplieran, no habría «necesidad» de soldados de Estados Unidos en Oriente Medio.»¡¡¡Reinaría la estabilidad en la región!!!.

Cuando esta semana planteó su plan para hacer de Gaza la «Riviera de Estados Unidos», Trump había señalado que mandaría soldados a Gaza.

EFE