En entrevista con DW, Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas y experta en Venezuela de HRW, analiza el informe emitido por la Misión Internacional de la ONU sobre crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

Por DW.com

¿Cuál es la importancia del informe de la Misión Internacional de la ONU cuyos resultados conocimos ayer?

El informe es importantísimo. Es una acusación sólida y bien hecha sobre la participación de altos niveles del régiemn de Maduro en crímenes contra la humanidad. Quedan documentados casos de ejecuciones, detenciones con motivaciones políticas, torturas y abusos contra manifestantes. Además, dice explícitamente que altas autoridades, incluyendo a Maduro, a su ministro de Defensa, a su ministro del Interior, a Diosdado Cabello y decenas de funcionarios de inteligencia, o sabían o debían de saber lo que estaba pasando, porque no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de políticas de Estado. El informe sienta la base para que la Corte Penal Internacional avance en su investigación sobre la responsabilidad penal individual de Maduro y otras personas en la comisión de estos delitos.

Es decir, para que se haga justicia contra quienes cometieron esos crímenes…

Hay que entender este informe en un contexto en el cual en Venezuela no hay justicia. De hecho, el texto dice que la Justicia ha sido cómplice activa de estos delitos. No solo dejando de actuar, sino participando activamente en los procesos penales arbitrarios, en ignorar las torturas, etc… El informe permite abrir la puerta para que haya justicia a nivel internacional. Y la CPI tiene la facultad de investigar y sancionar a personas individuales. Y Maduro hoy está en la mira.

El régimen de Maduro ha reaccionado diciendo que se trata de un informe hecho a distancia y con una metodología inconsistente…

Se ha hecho a distancia porque no los quisieron dejar entrar, porque no se les autorizó a pesar de varias solicitudes, pero el informe está basado en testimonios directos, en la revisión de expedientes… Hay muchas víctimas de violaciones de derechos humanos que salieron de Venezuela y han podido testificar. Además, fueron entrevistados funcionarios judiciales que hoy están en el poder o que salieron recientemente y miembros de las fuerzas de seguridad. Es decir, hay testimonios de dentro.

Están previstas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2020. ¿Puede este informe servir para articular a la atomizada oposición venezolana en torno a él?

Hoy no se dan las condiciones para que haya elecciones libres y confiables en Venezuela y en eso están todos de acuerdo. La oposición está dividida en cuanto a la estrategia, pero no en cuanto al diagnóstico, por lo que imaginaría que la oposición apoya un informe como este, que plasma negro sobre blanco la realidad del país. La división hoy es sobre si se pueden dar las condiciones y sobre si se puede empujar al régimen a posponer las elecciones y a que se celebren en unas condiciones en las que haya observación internacional, unos comicios razonables para participar. Que eso ocurra dependerá del nivel de la presión internacional y un informe como ese lo que hace es elevarla.

¿De qué manera puede articularse la presión internacional de la UE, que siempre apostó por una solución negociada, a partir de la publicación del informe?

Hay varias cosas puntuales en las que la UE puede jugar un papel fundamental. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se va a discutir una resolución para extender el mandato de este grupo de expertos que ha elaborado el estudio sobre violaciones de derechos humanos. El grupo fue creado en septiembre de 2019 con un mandato de un año para presentar un informe que evaluara los crímenes más graves de violaciones de derechos humanos. Ese es el texto que salió ayer.

Ahora el grupo está debatiendo una resolución para extender ese mandato por dos años más y ampliarlo para que pueda preservar evidencias utilizables en un proceso judicial. Y los países de la UE con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos tienen la posibilidad de apoyar esta iniciativa, que está siendo liderada por países del Gurpo de Lima, para mantener la presión internacional.

¿Y las negociaciones que actualmente lleva a cabo Capriles con el régimen de Maduro?

En Venezuela no estamos ante partes iguales. Por un lado estamos ante un régimen represivo, que, como el informe dice, comete crímenes contra la humanidad. Y por otro lado, una oposición que trata de establecer condiciones para un retorno a la democracia. La única manera de lograr una salida democrática es una negociación en serio y para eso hay que tener un diagnóstico claro y poner condiciones para sentarse a la mesa a negociar. La UE debe avanzar en el tipo de pronunciamientos que ha hecho sobre Venezuela y con las sanciones contra jerarcas del régimen, porque eso los va a obligar a sentarse a negociar.

¿Y cómo es el proceso para ver sentados en el banquillo de la Corte Penal Internacional a Gobiernos acusados de crímenes contra la humanidad?

Son procesos muy largos. El examen preliminar de la Fiscalía se abrió en febrero del 2018, esa es la etapa inicial y a partir de ahí se avanza. Cuando hay información o evidencias suficientes se pasa a una investigación formal de la Fiscalía y luego el juicio. Esperamos que un informe como el de ayer, con datos concretos sobre la responsabilidad de los más altos niveles, contribuya a avanzar más rápidamente desde la investigación preliminar hasta la investigación formal.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros miembros de su gabinete fueron acusados este miércoles por las Naciones Unidas (ONU) de perpetrar crímenes contra la humanidad.

Norberto Paredes @norbertparedes / BBC News Mundo

Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades venezolanas han suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014.

El informe de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, entre otros altos funcionarios.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que el informe está «plagado de falsedades» y procede de «una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington».

«Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse», le dice a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación.

«Este tipo de violaciones deben acabar y las víctimas de estos crímenes deberían recibir reparaciones», agrega.

Pero más allá de las recomendaciones que ofrece el informe, expertos hablan de sus posibles consecuencias.

Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, explica que hay tres posibles escenarios tras la publicación del informe.

El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI), que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

«Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Pero tienen que ser crímenes graves. Es poco probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos», le dice el jurista a BBC Mundo.

La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa.

«Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso», explica Roscini.

Aunque este tipo de informes pueden ayudar a recoger evidencia, los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias pesquisas.

Y como miembro de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar con el caso.

Lo que dice la jurisdicción universal
En el largo plazo, el informe de la ONU tendrá consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el profesor de la Universidad de Westminster.

«Cuando se trata de crímenes tan graves también existe lo que se conoce como la jurisdicción universal. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier tribunal en el mundo podría iniciar investigaciones y enjuiciamientos en contra de estas personas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero».

Esto implica que si viajan a estos países en donde tienen un proceso abierto, corren el riesgo de ser encarcelados.

Pero Roscini destaca que normalmente esto solo ocurre cuando tienen al acusado bajo custodia.

«Digamos que si Maduro viaja la próxima semana a un país que acepta el principio de jurisdicción universal, en teoría podría ser detenido en cuanto aterrice, si así lo decide un tribunal o un fiscal. El problema es que Maduro es un presidente en ejercicio, por lo tanto tiene inmunidad presidencial».

«Sin embargo, después de que deje el cargo, si alguna vez lo hace, entonces podría ser enjuiciado en otro país del mundo por un tribunal nacional por los crímenes de lesa humanidad que cometió cuando era presidente», prosigue.

En la Corte Internacional de Justicia

Un tercer escenario es que no se abra un caso en contra de los individuos implicados, sino contra el Estado venezolano, como lo hizo Gambia cuando acusó a Birmania de cometer un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

Como resultado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) les exigió a las autoridades de Birmania que abandonaran las prácticas genocidas.

Pero esto sería una batalla de un Estado contra otro, no resultaría en penas criminales y no ocurriría ante la CPI, sino ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU.

«Un abanico de oportunidades»
Para Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea -una ONG venezolana especializada en derechos humanos y crítica con el gobierno de Maduro-, este informe abre un «abanico» de oportunidades.

«Se convierte en un insumo para la Corte Penal Internacional, que lo podrá examinar y avanzar de la fase preliminar, en la que Venezuela se encuentra actualmente, a una fase de investigación formal», le cuenta a BBC Mundo.

«Luego quedará en manos de la Fiscalía tomar decisiones al respecto».

Una consecuencia inmediata para el sociólogo y periodista venezolano es que este informe aumenta las posibilidades de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe en la reunión del 23 de septiembre que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, autora del informe, siga investigando la situación de los derechos humanos en el país.

Inicialmente el comité estaría activo hasta finales de este mes.

Descalificado por el gobierno venezolano
Poco después de la publicación del informe, el gobierno de Venezuela rechazó sus conclusiones y aseguró que estaba «plagado de falsedades».

El canciller venezolano Jorge Arreaza criticó a través de un tuit que el informe se haya hecho sin visitar el país por una misión a la que calificó de «fantasma» y de ser «controlada por gobiernos subordinados a Washington».

Sin embargo, expertos señalan que el que haya sido elaborado a distancia no le quita legitimidad.

Imogen Foulkes, corresponsal de la BBC en Ginebra, sede de la ONU, explica que al equipo no se le permitió viajar a Venezuela, un hecho que no es único.

«Siria nunca ha permitido que la ONU investigue presuntos crímenes de guerra en su territorio. Myanmar, China y muchos otros países también se resisten regularmente a recibir comisiones de la ONU. Pero estamos en el siglo XXI y las tecnologías actuales de la información nos permiten recopilar evidencias y pruebas de violaciones graves sin tener que ingresar a la escena real del crimen», apunta.

Contactada por BBC Mundo, la Cancillería venezolana no respondió a las solicitudes de entrevista.

Un caso sin precedentes en la región
Varios gobiernos en el mundo han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por misiones de la ONU mientras estaban en funciones, como por ejemplo el de Bashar al Asad, en Siria.

Pero en América Latina, las denuncias como las hechas en el informe contra las autoridades venezolanas no tienen precedentes.

«En Latinoamérica, varios han sido señalados por diferentes organizaciones, antiguos gobiernos en Guatemala, Perú, Honduras, Chile, Argentina, entre otros países. Pero si hablamos de ser identificados por una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, no, esto nunca había pasado», explica la jurista Valiñas.

«En términos de investigaciones por un organismo internacional, lo más cercano fue el examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en Colombia cuando (Álvaro) Uribe todavía era presidente».

¿En qué se diferencia del informe de Bachelet?
Ya había informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que hablaban de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro.

Después de visitar Venezuela y entrevistar a más de 550 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos, la expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que aseguraba que el gobierno de la nación petrolera había cometido «numerosas violaciones de los derechos humanos».

En ese entonces, las autoridades venezolanas dijeron que el informe de Bachelet no era «ni objetivo ni imparcial».

El contenido del reporte de la expresidenta de Chile era similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, pero según la presidenta de la misión encargada del nuevo informe, este es diferente.

«Nuestro informe va más allá en el sentido de que identificamos a los responsables de los crímenes. Hemos hecho una investigación que si bien se realizó con menos tiempo que la de Bachelet, es mucho más detallada y exhaustiva, lo cual nos permitió dar con los responsables».

«Agotar los oficios de buena fe»
Pese a que no habrá consecuencias inmediatas, Uzcátegui, de la ONG venezolana Provea, recuerda que en este tipo de casos los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos «suelen agotar los oficios de buena fe».

«Esto se hace para que los Estados apliquen los correctivos necesarios, detengan las violaciones y castiguen a los responsables».

Para este sociólogo eso sería lo deseable.

«Pero creo que la impunidad va a seguir siendo la norma en Venezuela», dice.

«Estamos convencidos de que si no hay un cambio político que permita una reforma del sistema judicial, no vamos a tener la posibilidad que haya garantías para que se respeten los derechos humanos en Venezuela».

El alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, informó que en los últimos siete días, cerca de «800 venezolanos» han salido del país de regreso al territorio colombiano.

Por unionradio.net

Explicó que debido a los anuncios de la reactivación de la economía del país vecino, muchos ciudadanos han tratado de regresar por caminos irregulares.

«Ha generado que parte de nuestros venezolanos estén retornando incluso a pie», dijo en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Indicó que muchos se movilizan hasta San Cristóbal y de allí caminan hasta San Antonio del Táchira. «Estamos hablando de aproximadamente 72 kilómetros y al llegar al punto fronterizo pasan por los caminos verdes».

Aseguró que estos anuncios tendrán repercusión en su municipalidad tanto para los ciudadanos que esperan por ingresar, como los que ya han cumplido con los protocolos sanitarios.

En cuanto a la cantidad de personas que continúan ingresando por la frontera, dijo que la cifra se mantiene en 200 por día.

La oposición considera que la incapacidad y las malas políticas en Pdvsa por parte del chavismo afectaron a las refinerías del país, mientras que el oficialismo insiste en que la responsabilidad recae en las sanciones de Estados Unidos que, aseguran sus figuras, fueron promovidas por sus detractores

El Nacional

La severa escasez de gasolina a la que volvió Venezuela en las últimas semanas, después de un período de abastecimiento de poco más de tres meses, encuentra un culpable claro según quien la denuncie, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, que se trasladan de forma pública las culpas.

Y es que para el régimen de Nicolás Maduro la responsabilidad por la escasez recae en las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana, que asegura fueron promovidas por la oposición en medio de la disputa que mantienen ambos bandos por el poder.

Pero los detractores de Maduro aseguran que la incapacidad del régimen y las malas políticas en Pdvsa mermaron la capacidad refinadora local, y son solo estas las causas reales de la crisis.

Así, la escasez de gasolina pasó a ser el nuevo motivo de conflicto entre el régimen y la oposición, en una pelea que tiene a los ciudadanos en ascuas y formados en largas colas para surtir.

“El problema es del gobierno”

“Históricamente, el problema es del gobierno, que destruyó la industria petrolera. Las sanciones también tienen parte de la culpa, pero, principalmente, es del gobierno, no de la oposición”, dijo a Efe el analista político Dimitris Pantoulas sobre el cruce de acusaciones entre Maduro y sus detractores.

En marzo, cuando el país detectó sus primeros casos de covid-19 y entró en cuarentena, la administración de Maduro anunció que un “bloqueo” le impedía comprar precursores para refinar gasolina, lo que llevó a una etapa de duro racionamiento que se mantuvo varias semanas.

El suministro mejoró con la llegada de cinco buques cargados con millones de litros de gasolina proveniente de Irán, país también sancionado por Estados Unidos desde hace lustros, pero con mejor y mayor capacidad de gestión, a tenor del manejo de sus recursos, que, al revés que Venezuela, se puede permitir el lujo de exportar.

Pero tres meses después de la recepción del combustible, sin nuevas compras y la refinación propia reducida a cero, el país vio regresar, hace ya dos semanas, las largas colas para surtir gasolina, un grave problema que permanece sin un horizonte claro de solución definitiva.

Largas colas, cuando hay suerte
En Caracas, algunos ciudadanos reportaron a Efe haber estado en filas para repostar hasta 9 horas.

Pero en estados como Táchira, que limita con Colombia, la escasez llevó hace 10 semanas a que el combustible esté destinado solo a los llamados sectores priorizados, como el transporte de alimentos o las flotas de vehículos de los cuerpos de seguridad.

“En el corto plazo, el abastecimiento no va a mejorar, no veo al gobierno de Maduro produciendo gasolina, así que la escasez va a empeorar”, dijo a Efe el economista Alejandro Grisanti.

“Destruyeron el parque refinador, Venezuela tenía capacidad de refinación de 1,3 millones de barriles por día, producía suficiente petróleo, refinaba suficiente petróleo”, explicó.

¿Crisis antes de las sanciones?
Grisanti aseguró que Venezuela tenía capital humano altamente adiestrado para echar a andar las refinerías, pero que despidos políticos en Pdvsa, como los que dictó el fallecido presidente Hugo Chávez después de una huelga petrolera en 2002, y la propia crisis, alejaron a los mejores técnicos del país.

Asimismo, desestimó los argumentos del chavismo que ponen a las sanciones como la causa de la escasez.

“Si ves la caída en la refinación y la producción (petrolera), te das cuenta que es una tendencia que inició antes de las sanciones”, apuntó.

En enero de 2019, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones directas contra Pdvsa, al tiempo que bloqueó todas las propiedades y activos de esta empresa bajo jurisdicción estadounidense.

Estas medidas, que entraron en vigencia a finales de abril de ese año, prohíben la importación a Estados Unidos de petróleo venezolano y sanciona en el primer país a quienes hagan negocios con Pdvsa.

Acuerdos necesarios
Para el politólogo Ricardo Sucre, una solución a mediano plazo para la escasez podría llegar de la mano de acuerdos entre el régimen de Maduro y la oposición, pese a que de forma mutua ambos bandos no se reconocen como legítimos.

Sucre recordó a Efe que meses atrás el régimen de Maduro y la oposición se pusieron de acuerdo para que la OPS distribuyera ayuda humanitaria en el país, usando recursos que manejan los dos sectores.

“Se puede seguir una lógica parecida al acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS), un acuerdo entre gobierno y oposición que permita abordar los temas inmediatos que puedan tener las refinerías, una reparación mayor, compra de equipos”, dijo a Efe el experto.

Pero Sucre también aboga por permitir, en lo inmediato, que los buques cargados con gasolina puedan ingresar a Venezuela sin sobresaltos.

“Permitir que los barcos vengan, ahora la gasolina es importada, esos barcos no van a resolver la situación, pero van a paliar el día a día”, dijo.

En guerra por el poder
Sucre estimó, además, que la escasez de gasolina es un daño colateral en la guerra por el poder que mantienen el chavismo y la oposición en Venezuela.

En este sentido, aseveró que el régimen desea abastecer el mercado y estabilizarlo, mientras que la oposición ve en la escasez la oportunidad de un cambio de gobierno a través de una “explosión social”.

“Es un asunto político”, dijo.

Pero las víctimas de esta disputa, los ciudadanos, parecen no notar estas maniobras por estar ocupados en resolver problemas cotidianos mientras luchan a la vez contra la pandemia.

“Creo que los ciudadanos en Venezuela no escuchan mucho lo que dicen los políticos, están sometidos a muchos problemas y la comunicación política no les llega, no están actualizados. Es difícil que alguien te diga ‘Diosdado dijo esto’ o ‘Guaido dijo esto otro”, apuntó al respecto el analista Dimitris Pantoulas.

La misión independiente de las Naciones Unidas investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Revisó también 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes, con lo que llegó a la convicción de que las autoridades y las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos

By GDA | El Mercurio | Chile

Andrés Allamand, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, advirtió que en Venezuela impera una dictadura “pura y dura” luego de presentarse el informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

“El informe de Naciones Unidas es lapidario. Venezuela es una dictadura pura y dura que tiene sumido al país en una crisis política y social enorme”, expresó al respecto el secretario de Estado chileno, reseñó El Mercurio.

La misión independiente de la ONU investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, y revisó 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes, y llegó a la convicción de que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.

Ante ello, el régimen venezolano señaló que el informe incluye falsedades.

“Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos”, escribió Jorge Arreaza, canciller de Maduro, en su cuenta de Twitter.

Este miércoles inició el nuevo año escolar 2020-2021 según la Administración de Maduro. Sin embargo, padres de niños de preescolar y primaria dijeron a La Prensa del Táchira que no han tenido ninguna información.

Anaisa Rodríguez / ND

Karen Durán, madre de un niño que pasó a segundo grado, expresó que en la institución «no han dicho nada y no hay información», sobre el nuevo año escolar que será virtual. Agregó que la única información que les han ofrecido es que aún hay periodo de inscripción y que por la modalidad online, se requiere mayor «compromiso de los padres».

Karen Chacón, madre de un pequeño en edad preescolar quien relató que «hasta los momentos no han mandado nada. Absolutamente nada». Se refirió al desconocimiento de las maestras sobre cómo trabajarán con los niños en esta vuelta a clases.

Por su parte, Charly Rojas, directora de la Zona Educativa del Táchira, aseguró este miércoles que 1400 instituciones educativas, públicas y privadas, en los 29 municipios del estado Táchira dieron inicio a sus labores.

«Más de 130 mil niños de educación inicial, primaria y educación especial «en las dependencias nacionales, estadales, municipales, subvencionados y privados, arrancaron con la modalidad de estudios a distancia y con el plan Cada Familia una Escuela», aseguró en rueda de prensa.

El contralor de la ANC, Elvis Amoroso aseguró este jueves que la escasez de gasolina es culpa de Juan Guaidó y los países que lo reconocen como presidente interino por apoyar las sanciones internacionales contra Maduro. ND

En declaraciones a Globovisión, Amoroso condenó «las nuevas acciones de Juan Guaidó y su banda de delincuentes de impedir y bloquear los buques de gasolina que vienen a nuestra amada Venezuela».

«Da tristeza verlos a ustedes venezolanas, venezolanos, haciendo largas colas por culpa de Juan Guaidó y sus aliados. Ellos se han hecho multimillonarios a cambio del sufrimiento de nuestro pueblo», remató.

Amoroso resaltó que son unos pocos países los que apoyan a Guaidó, ya que a Maduro lo reconocen 150 de los 194 países del mundo. «Un pequeño grupito de 44 países se empeñan en bloquear y destruir a nuestra patria».

«Venezuela es un país soberano, Venezuela se respeta. Los venezolanos no merecemos tanto maltrato», enfatizó.

Tras un año de la primera reunión entre el régimen y un sector minoritario de la oposición, el exministro aseguró que los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo se han cumplido efectivamente

El Nacional

Jorge Rodríguez, jefe de la mesa de diálogo nacional en representación del régimen, reiteró el miércoles que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre, sin ningún cambio. Aseguró que el 5 de enero de 2021 se instalará una nueva Asamblea Nacional.

“Estas serán una de las elecciones más competitivas del país, por la cantidad de postulados, hay más de 107 partidos, más de 14.000 candidatos ya inscritos y eso es garantía de coordinación. Dudo que haya un proceso electoral en algún país del mundo que supere las expectativas“, dijo desde la Casa Amarilla en Caracas a medios nacionales.

Tras un año de la primera reunión entre el régimen y un sector minoritario de la oposición, Rodríguez afirmó que los acuerdos establecidos por la mesa de diálogo se han cumplido efectivamente.

“Se cumple un año de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo para la paz del país. Se establecieron seis acuerdos que han abierto un gran camino para la paz y la estabilidad“, indicó Rodríguez.

Destacó que esta última reunión tuvo como objetivo realizar un relanzamiento de la mesa de diálogo.

Rodríguez resaltó que entre los logros de las conversaciones con el sector minoritario de la oposición está crear una nueva arquitectura para el sistema de votación y el incremento de diputados.

El exministro de Comunicación instó al CNE a vigilar el financiamiento a las campañas y el papel que juegan los medios de comunicación ante el proceso electoral.

“Solicitaremos al Consejo Nacional Electoral que se evalúe la cobertura de la campaña electoral en los medios de comunicación“, dijo.

El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela y Bolivia son señalados como países que no han hecho lo suficiente para combatir el tráfico de drogas

El Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles en un comunicado que Nicolás Maduro es considerado por su país como el capo de los cómplices del narcotráfico en el hemisferio.

El documento incluyó una lista de 22 países que son considerados productores de drogas o que son usados por los narcotraficantes para llevar sus productos a Estados Unidos, reseñó VOA.

Trump destacó que Venezuela y Bolivia son señalados como países que no han hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico. Sin embargo, en este último la cooperación con las autoridades aumentó desde que Jeanine Áñez asumió la Presidencia.

El mandatario reiteró su apoyo al presidente interino de la República, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional.

“Estados Unidos trabajará con el gobierno interino de Venezuela para detener el tráfico de drogas y suprimir los elementos criminales que han explotado a este país. El narcorégimen de Maduro debería enfrentar la justicia por sus crímenes“, agrega la nota.

Maduro fue acusado en marzo por una corte federal de narcoterrorismo y de conspirar para introducir ilegalmente cocaína a Estados Unidos.

El comunicado aseguró que para Estados Unidos es una prioridad llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes, incluyendo a Maduro, aunque pidió a los demás países que pongan en práctica políticas más duras para reducir el tráfico de drogas.

“La razón por la que países son incluidos en la lista es una combinación de factores económicos, geográficos y comerciales que permiten que las drogas sean producidas o traficadas, aun cuando el gobierno está involucrado en robustas medidas de control del narcotráfico”, indicó la Casa Blanca.

Los países incluidos en la lista son Afganistán, las Bahamas, Belize, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, y Venezuela.

Estados Unidos reforzó este año sus esfuerzos contra los narcotraficantes del hemisferio con operaciones navales en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde se han estado interceptando cargamentos de droga con la cooperación de 22 aliados internacionales.

Esas operaciones han resultado en la confiscación de 80 toneladas métricas de cocaína y otras peligrosas drogas, lo que representa un duro golpe para los narcotraficantes de unos 1.800 millones de dólares.

Una propuesta para aprobar el amparo migratorio Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los venezolanos en Estados Unidos naufragó este miércoles en el Senado estadounidense por la oposición de los republicanos, que controlan esta cámara. ND

La propuesta fue presentada por un grupo de senadores demócratas, después de que en julio del año pasado una iniciativa similar fuera rechazada por los conservadores.

«Los republicanos del Senado otra vez bloquean el TPS para Venezuela», publicó en Twitter el legislador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Durante la sesión, su colega de bancada, Dick Durbin, pidió el «consentimiento unánime» de la Cámara Alta -una fórmula que suele emplearse para acelerar la aprobación de propuestas aunque de esta manera pueden ser rechazadas con la objeción de un solo senador- para sacar adelante el proyecto de ley de TPS para los venezolanos, una legislación bipartidista aprobada por la Cámara de Representantes, en manos de los progresistas.

Sin embargo, el senador John Thune, republicano por el estado de Dakota del Sur, se opuso, lo que automáticamente llevó a rechazar la iniciativa.

«Una vez más, (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro tiene una falsa sensación de reivindicación, ya que sus víctimas son rechazadas y su sufrimiento no es considerado creíble por el Congreso. Proporcionar TPS a los venezolanos no es político, es lo correcto y moral», añadió Menéndez en Twitter.

El pasado 27 de julio, Menéndez, Durbin y el también senador Chuck Schumer, líder de la minoría progresista en la Cámara Alta de EEUU, pidieron al presidente, Donald Trump, que concediera ese beneficio migratorio a los venezolanos «víctimas del régimen de Nicolás Maduro».

«El presidente Trump habla fuerte, pero se niega a brindar protección humanitaria a más de 200.000 venezolanos en Estados Unidos que enfrentan el riesgo de deportación”, se quejó este miércoles Menéndez.

La votación tuvo lugar siete semanas antes de la elección presidencial, en la que Trump se juega su reelección ante el exvicepresidente Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata.

Biden reacciona en español

Después de conocer la decisión del Senado, Biden difundió un comunicado, en español y en inglés, en el que señalaba que «las palabras fuertes» de los republicanos contra Maduro «no son más que palabras vacías».

«Repetidamente cuando hay que tomar verdaderas acciones, el presidente Trump y sus aliados republicanos han fallado en apoyar al pueblo venezolano», afirmó Biden, quien consideró que EEUU debería proteger a los venezolanos «de ser deportados al régimen opresivo de Maduro».

Además, insistió en su promesa de que si llega a la Casa Blanca le dará «TPS a los venezolanos en Estados Unidos inmediatamente», y adelantó que organizará a la comunidad internacional «para dar una respuesta sólida a la crisis humanitaria de Venezuela».

«Haré responsables a Maduro y a los partidarios del régimen por la corrupción y los abusos de los derechos humanos», sostuvo.

Tan solo en 2018, más de 30.000 venezolanos solicitaron asilo político en EEUU, una cantidad mucho más alta que la de cualquier otra nacionalidad.

Establecido por el Congreso a través de la Ley de Inmigración de 1990, el TPS es un programa renovable que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a los extranjeros de ciertos países que no pueden regresar de manera segura a su nación por desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

La designación de TPS es un beneficio temporal y sus beneficiarios son sometidos a verificaciones de antecedentes para garantizar que no representan un riesgo para la seguridad en EEUU.

EEUU ha concedido el TPS a países como Honduras y Nicaragua tras el paso en 1998 del devastador huracán Mitch, a El Salvador a raíz de una serie de sismos en 2001, a Haití en 2010 por su catastrófico terremoto y a Sudán en 2014 con motivo del conflicto de Sudán del Sur. EFE