El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo este miércoles un llamado a la Fuerza Armada, a Néstor Reverol y al ministro Vladimir Padrino López a no seguir respaldando “la dictadura de Nicolás Maduro”. ND

“Hoy queda claro que Maduro y su régimen son violadores de Derechos Humanos. Queda claro el talante dictatorial y hoy lo ponen como la más brutal y salvaje dictadura, no solo el que ejerce la tortura, no solo el que da la orden sino también el que permite que se ejecute. Un llamado nuevamente a los militares, a Reverol, a Padrino López, es momento de elegir de qué lado están. Padrino López, Reverol, claramente están señalados en este informe”, dijo Guaidó la noche de este miércoles, a través de redes sociales.

“A los miembros de la Fuerzas Armadas no pueden ignorar lo que este informe constata. Están sosteniendo hoy a un criminal que los ha usado para asesinar”, agregó.

Guaidó indicó que el reciente informe de la ONU, “debe terminar de abrir los ojos a los gobiernos que se han puesto de lado de la dictadura. En el caso de México, Argentina, no pueden seguir apoyando a un violador de derechos humanos”, recalcó.

Insistió en que desde el gobierno interino se mantendrá la “firmeza” de cara a la comunidad internacional. “Hay una dictadura que desató una guerra (…) Han preferido vincularse al narcotráfico, al terrorismo. Les aseguro que sabremos hacer lo justo a lo interno de Venezuela”, sostuvo.

“Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de los aliados. He pedido reunión de emergencia para que la justicia se aplique», subrayó Guaidó.

Siguiendo con su apreciación sobre el informe de la ONU, el presidente encargado, según la AN, lo calificó de “aterrador” al tiempo que recalcó como el texto “muestra la realidad y el sufrimiento de millones de venezolanos”.

“Nunca más se tildará a los venezolanos que estamos exagerando”, dijo.

“Con este informe se da un paso determinante para conquistar la justicia que necesitan las víctimas y también nuestro país para sanar y dar un paso a la libertad de Venezuela”, sentenció.

Improvisación, falta de recursos, fallas en servicios básicos como Internet y electricidad, salarios ínfimos, así como deficiencias tanto en maestros como en alumnos, marcaron los últimos cuatro meses del año escolar, impartidos de manera virtual debido a la pandemia. Este miércoles comenzó el periodo 2020-2021 con un panorama similar, quizá peor: sin política Estado y sin un diagnóstico que permita evaluar lo que aprendieron los estudiantes y las condiciones y herramientas con las que cuentan docentes y educandos en este nuevo curso

Ariany Brizuela / El Nacional

Desde la llegada del covid-19 al país, escuelas y colegios se vieron forzados a cerrar sus puertas. Los maestros y padres se las ingeniaron para concluir un segundo lapso e iniciar el tercero con mucha incertidumbre e improvisación a distancia. Dos meses después, aún en pandemia, el panorama de este nuevo año escolar 2020-2021 no es muy distinto al de hace seis meses, incluso podría ser peor: la deficiencia en los servicios básicos (electricidad e Internet), la falta de recursos o dispositivos tecnológicos en los hogares, el aumento de la deserción escolar y las deficiencias que muchos estudiantes arrastran para este nuevo año suponen un gran reto para el sistema educativo venezolano, en crisis desde hace años.

Aunque este nuevo año escolar iniciará de manera virtual, aún no se sabe qué pasará en unos meses. El pasado 21 de agosto, Nicolás Maduro planeó un regreso a clases parcialmente presencial a partir de octubre, propuesta que rechazaron tanto educadores como padres debido a que los casos de contagios diarios de covid-19 en el país no descienden, sólo aumentan:hasta la fecha hay 63.416. Dos días después informó en el programa Aquí con Ernesto Villegas que se realizaría una encuesta para conocer la opinión de los venezolanos sobre el regreso a clases de manera presencial, y aclaró que se podría hacer un ensayo para una dinámica mixta, que combinará las clases presenciales con la educación a distancia.

Finalmente, el 13 de septiembre Maduro anunció que el regreso a clases no sería presencial. En una transmisión por VTV desde Miraflores, informó que tomó la decisión luego de revisar los resultados de la encuesta realizada a maestros y profesores, y tras “evaluar” las consecuencias del inicio de clases presenciales en otros países. “Sin lugar a dudas, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y veremos si en enero de 2021 regresamos. He decidido el no regreso presencial a clases”, dijo entonces.

Así, sin certeza, con mucha improvisación y sin una política de Estado para atender el tema de la educación en plena pandemia, el miércoles 16 de septiembre comenzó el año escolar 2020-2021 a distancia. Una modalidad que no fue del todo positiva para la gran mayoría de los estudiantes de educación básica y media de Venezuela.

Cierre virtual

En marzo, cuando se conoció el primer caso de contagio de coronavirus en el país, las escuelas suspendieron sus actividades. En ese entonces, Delcy Rodríguez aseguró que prepararían un plan especial para que el proceso educativo continuara a distancia. Sin embargo, no fue así. Solo se implementó el plan Cada familia una escuela, una serie de programas televisivos de contenidos educativos que transmite VTV.

Por su parte, cada escuela y docente intentó adaptar el programa escolar como pudo para continuar con las actividades. Una maestra de la Escuela República Bolivariana de Venezuela, ubicada en Coche, que prefirió no revelar su nombre, comenta que cuando se suspendieron las clases, elaboró un plan con los temas del tercer lapso y se los hizo llegar a los padres a través de Whatsapp. Sin embargo, no todos los estudiantes cumplieron con las tareas, pues algunos no tenían teléfonos inteligentes. En estos casos, los representantes iban a la escuela para copiar las asignaturas que dejaban los maestros en una cartelera en el portón de la institución. Luego debían armar un portafolio que, posteriormente, entregaban a los docentes.

“Hubo muchas deficiencias. Es un método dudoso porque muchas veces los papás eran los que hacían los trabajos (…) Fue un fracaso total el año escolar”, dice la maestra.

Educación a distancia
El 16 de marzo se suspendieron las clases en Venezuela debido a los primeros casos de covid-19 / Foto EFE

Para Olga Ramos, miembro de Asamblea de Educación y una de las coordinadoras del Observatorio Educativo de Venezuela, lo que se realizó en el país desde que inició la pandemia no puede ser considerado ni educación a distancia ni educación en casa, pues, explica, cada modalidad (radio, televisión o plataformas digitales) tiene un formato y una lógica distinta. “Tienes que saber cuál es la peculiaridad de cada una, en términos de las estrategias y si tienes algo multiestrategia tienes que diseñarla bien. Lo que vivimos no fue educación a distancia, en ninguna de sus versiones, porque cuando comenzó la instrumentación le lanzaron la responsabilidad a las familias. Digo le lanzaron porque no es que se pensó un diseño mixto entre educación a distancia y en casa. Si iba a ser una mezcla debía tener las características y los materiales que permitieran que las familias hicieran su trabajo”, indica.

En el mismo sentido, Ramos destaca que uno de los errores en el proceso, además del diseño de las estrategias, fue dejar toda la responsabilidad a los padres, quienes, en algunos casos, no tienen formación académica. “Tenemos muchas familias con deficiencias importantes en el proceso educativo, tenemos personas que son analfabetas. No puedes dejarle la responsabilidad de administrar un programa que tiene un componente de educación en casa a quienes no tuvieron formación, porque no saben lo que tienen que enseñar ni cómo hacerlo. No es soplar y hacer botellas”, añade.

Ramos explica que cuando inició la pandemia lo ideal era establecer un periodo de transición, en el que los estudiantes repasaran temas del segundo lapso, mientras el Ministerio de Educación diseñaba un plan que se ajustara a las necesidades de cada institución para continuar con el proceso educativo y extender el año escolar mientras se hacían estos ajustes. “Aquí nunca hemos extendido el año escolar más allá del 31 de julio porque hay una creencia que dice que se debe terminar en esa fecha”, dice.

En Venezuela es difícil hablar de educación a distancia virtual cuando en el país los servicios básicos como Internet y electricidad son deficientes, explica Orlando Alzúru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros.

Entre mayo y abril, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizó una consulta sobre las fallas en el sistema de energía eléctrica en las principales ciudades del país (Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto), el cual determinó que 40,3% de los encuestados sufren interrupciones diarias del servicio, incluso 23% señaló que las presenta varias veces al día.

Por su parte, otra consulta realizada el año pasado por el OVSP, en la que participaron 6.193 personas, concluyó que 63% no tenía acceso a Internet. Este año, entre abril y mayo, otro estudio arrojó que 62,2% de los encuestados no contaba con un servicio con la suficiente capacidad para trabajar o estudiar a distancia. En septiembre, otro estudio determinó que sólo 34% de las personas cuenta con acceso al servicio de Internet en el hogar.

Por estas razones, Alzuru considera que la educación virtual a distancia en Venezuela ha sido un fracaso. Además, destaca que en muchos casos ni maestros ni alumnos cuentan con las herramientas tecnológicas para continuar con el proceso educativo en casa. “Mientras esas fallas existan las educación a distancia será un fracaso porque el alumno no está aprendiendo y aun así lo estamos promoviendo a un grado superior sin tener las capacidades o los conocimientos suficientes para estar allí. Y esto que estamos cometiendo es una gran estafa”, indica.

Asimismo, el presidente de la FVM considera que en el país muchos de los docentes no cuentan con la capacitación tecnológica para adaptar el contenido que se ve en el salón de clases a otras plataformas, por lo que necesitan formación en esta área y no se les ha brindado.

Sobre la calidad de la educación recibida a través de Cada familia una escuela, Alzuru indicó que de acuerdo con una consulta realizada por la FVM, 98% de los encuestados la calificaron “de regular a mala”. Agrega que para lograr el éxito de este programa el Ejecutivo tiene que invertir en una plataforma que garantice que cada alumno disponga de conexión a Internet para recibir las guías y contenido educativo. “Mientras no se corrijan esas fallas ni se le facilite al docente la oportunidad de tener una computadora o un celular inteligente , se le imposibilita asumir la responsabilidad de una buena educación”, considera.

En el sector educativo privado la situación es diferente. Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (Andiep), asegura que el proceso de educación a distancia fue exitoso y que llegó para quedarse. “La educación a distancia es fundamental para mantener ese equilibrio que se requiere como elemento de enseñanza. Nunca se podrá sustituir al maestro, porque es fundamental, al igual que la educación presencial, pero la educación a distancia es algo que se requiere para estar en todo el año escolar”, señala.

fallas internet
Una consulta realizada por el OVSP determinó que sólo 34% de las personas cuenta con acceso al servicio de Internet en el hogar
Romeo indica que el sector privado −que representa sólo 20% del sistema educativo en Venezuela, pues 80% restante está conformado por instituciones públicas− pudo culminar el año escolar 2019-2020 sin mayores dificultades, más que el tema de la velocidad del Internet y las fallas eléctricas. “Tenemos un promedio de ancho de banda de 2 megabits, cuando lo normal en cualquier parte del mundo es de 100. Hay que aumentar el ancho de banda. El que se quiere poner para las escuelas es de 10 Mbps, indudablemente es mejor que 1 ó 2. El problema está en que si se va la luz desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm, el estudiante tendrá que descargar las tareas y enviarlas cuando llegue la luz”, dice.

Sobre los recortes de electricidad que se realizan en algunos estados como parte del plan de administración de cargas que se implementó en 2016, el presidente de Andiep indica que se debe solicitar que no se realicen durante el día, para que los alumnos puedan aprovechar el tiempo.

Un error que se ha cometido en los últimos años, asegura Fausto Romeo, es que el Estado en vez de dotar a las instituciones educativas de herramientas tecnológicas como laptops y tablets las entregó directamente a los estudiantes. “Si en un salón hay 30 muchachos, cada uno tiene su canaimita que podían llevar y traer, pero al final del año escolar se quedaban en la institución y se les hacía mantenimiento para que los estudiantes del nuevo curso las utilizaran. Aquí las entregaron como una política de regalar, como siempre se ha hecho, y ahora se están pagando las consecuencias”, lamenta.

Así como en las instituciones públicas necesitan equipos, en el sector privado también. Romeo indica que quieren recursos, pero pagando. Nada gratis. “Necesitamos un financiamiento porque no vamos a tener capacidad de comprar 100 o 200 tabletas. Las podemos comprar, pero con apoyo del Estado”, afirma.

Regreso a distancia
El tiempo que se perdió de clases por fallas de Internet, electricidad y la falta de equipos tecnológicos hace que en este nuevo año escolar muchos niños comiencen con deficiencias. Este tiempo puede variar dependiendo de la zona del país y la regularidad de los servicios. Por esto, antes de iniciar las actividades, es necesario realizar una evaluación profunda de los conocimientos adquiridos y las herramientas con las que cuentan tanto alumnos como maestros, para así diseñar una estrategia que se adapte a la situación de cada uno e implementar otras alternativas que no dependan de la televisión o la conectividad.

“No es fácil realizar una evaluación cuando tienes la imposibilidad de ir a la escuela, pero la diseñas y la haces. No puedes arrancar el año escolar suponiendo que el muchacho que pasaste de un grado a otro va a tener lo que necesita para poder seguir, tienes que saber qué es lo que no aprendió. En ese caso, tienes que hacer una evaluación y reprogramar lo que pasará en el año escolar”, explica Olga Ramos.

Añade que también es necesario evaluar a los docentes en dos aspectos: qué tanto saben de educación a distancia y de lo que tienen que enseñar: “Es importante recordar que hay muchas personas egresadas de las misiones y hay algunos que están ocupando cargos docentes y que no necesariamente saben lo que deben enseñar. Entonces hay un problema que resolver y para eso hay que evaluar a los docentes para acompañarlos a mejorar porque no tuvieron la oportunidad de formarse”.

En Fe y Alegría este nuevo año escolar comenzará con una evaluación para conocer las debilidades y lo que se debe mejorar, formar a los docentes en educación a distancia y realizar un diagnóstico para conocer las competencias de los niños y las condiciones en las que pueden trabajar: con guías, a través de la radio, en línea o aquellos que no tienen ningún tipo de recurso. “Comenzaremos con una etapa que le llamamos ‘Nivelación y refuerzo’. No vamos a iniciar con el año escolar, repasaremos saberes esenciales que se debieron alcanzar en el grado anterior. Estamos apostando para que los estudiantes tengan un año en el que, aún desde la distancia, puedan superar esas dificultades que tienen”, afirma Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas Fe y Alegría.

Para este nuevo año escolar, Aguilar insiste en que es indispensable elaborar un currículo que permita nivelar a todos los estudiantes que, por una u otra razón, quedaron excluidos del sistema educativo por no tener recursos. “Creo que no es un tema de tomar decisiones en cadena, porque no se les ofrece a las familias más humildes condiciones para acompañarlas en una modalidad a distancia. La televisión no llega a todas partes y no toda la población tiene acceso a una, al igual que la radio y los pocos materiales impresos que hay. No puedes garantizar un proyecto educativo con lo que humildemente una persona tiene”, considera.

Otro aspecto importante a tener en cuenta y que podría afectar este nuevo año escolar es la falta de seguimiento por parte del Estado de lo aprendido por los estudiantes en el grado anterior, si la educación que recibieron fue de calidad o si la cobertura llegó a todos. “Este año va a iniciar con mucha incertidumbre porque al no haberse evaluado el año pasado, el Estado va a continuar con el programa Cada familia una escuela. Pero para poder llegar a la mayoría de los muchachos necesitas flexibilidad y diversas modalidades porque no todos tienen los recursos”, explica. Además, agrega que en las escuelas públicas del país desde hace años no se realizan pruebas para medir la calidad y el impacto de la educación: “No sabemos realmente si hemos aprendido más que el año pasado. En Fe y Alegría lo hacemos, pero si no hay una medición oficial cómo se puede saber si los estudiantes mejoraron o están estancados. Entonces no hay manera de saber si lo que se hará este año será bueno o malo”.

Uno de los retos de este inicio de clases es que cada docente tendrá un grupo de alumnos nuevo, que traerán una serie de debilidades que ellos desconocen. Por esto, en algunas escuelas se planteó que los maestros continúen con el mismo curso al que le dieron clases en el trimestre anterior, para así ayudarlos con las deficiencias que ya conocen.

Pero Olga Ramos señala que esta medida también es cuestionable: “No le estás avisando a los docentes con tiempo ni les estás dando materiales para que se preparen. Si tienes cinco años dando segundo grado y te toca dar tercero, a lo mejor no hay muchas diferencias, pero si pasas de tercero a cuarto ¿cómo lo vas a hacer? Eso es un interruptor que se cambió. El docente que tiene toda su planificación fundamentada en lo que se debe aprender en segundo grado no puede empezar a dar tercero sin hacer modificaciones”.

Dos dólares al mes
Aunque el miércoles comenzaron las clases, el Comando Regional Sindical de Educadores de Caracas exhortó a los docentes a no reincorporarse a sus actividades debido a la falta de condiciones y como medida de protesta para exigir mejoras salariales. Actualmente, el sueldo de un maestro se ubica entre 1,84 y 2,11 dólares al mes, aproximadamente.

“El salario de los docentes no es suficiente para adquirir equipos de primera generación que les facilite el trabajo de educación a distancia. No podemos aceptar que algunos directores o jefes de zona obliguen a los docentes a asistir a los centros educativos que no tienen condiciones sanitarias para desde allí coordinar una educación a distancia”, dice Orlando Alzuru.

Es importante acompañar y proteger a los maestros, considera Luisa Pernalete, profesora del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Esto se debe hacer, afirma, facilitando herramientas para reducir la brecha tecnológica y con un salario que le permita cubrir sus necesidades básicas, como establece el artículo 91 de la Constitución. “Con lo que gana un maestro no se puede comprar un cuaderno empastado con un lápiz, mucho menos un teléfono o pagar el servicio de datos. El maestro está dispuesto a trabajar, pero necesita unas condiciones mínimas”, asegura.

Muchos de los docentes no disponen de teléfonos inteligentes ni computadoras. Es la situación de una maestra de la Escuela República Bolivariana de Venezuela, que pidió no revelar su nombre. Para continuar con el año escolar anterior tuvo que pedir un celular prestado. “Ni siquiera saco el teléfono a la calle porque no es mío, tengo que cuidarlo más de lo normal”, afirma.

En el caso de Fe y Alegría, Pernalete indica que para reducir la brecha tecnológica realizaron un estudio para determinar la cantidad de docentes que tenían acceso a herramientas como celulares inteligentes. “El año pasado cuando vimos que sólo 45% de nuestros docentes tenían teléfonos inteligentes, que fue lo que usamos para bachillerato. Entonces comenzamos una campaña para adquirirlos y asignarlos a las escuelas para que los maestros pudieran usarlos. Por esto pudimos pasar de 43% de cobertura en abril a 91% en junio, duplicamos el alcance haciendo de todo, monitoreando”.

No hay condiciones
Nicolás Maduro planteó que en enero de 2021 podrían empezar las clases semipresenciales. Sin embargo, las instituciones educativas del Estado no cuentan con las condiciones sanitarias para dicha reincorporación. Y es que, incluso, antes de que llegara la pandemia al país, las escuelas públicas no disponían de las condiciones mínimas: agua y electricidad.

Olga Ramos explica que sólo para las actividades que deben hacer en las escuelas, presencial o semipresencial, como la preparación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el intercambio de actividades y portafolios entre las familias y los docentes, deben existir condiciones mínimas de bioseguridad. “Eso no se resuelve con un pañito y un coleto. Tienes que desinfectar de verdad, que el maestro que esté en esa escuela tenga la seguridad de que no se va a contagiar”.

Asimismo, explica que para un eventual regreso a clases se debe garantizar que todas las escuelas dispongan de agua y electricidad. Para esto el Estado debe tener un diagnóstico claro de las condiciones de cada institución en el país, y si hay alguna que no cuenta con servicios, no puede iniciar sus actividades. “Si vas a una escuela y logras la distancia social y la limpieza, pero los niños tienen cosas tan naturales como las necesidades de ir al baño ¿cómo haces si no tienes agua? ¿Agarras un tobo? No. Entonces, si en la zona no hay agua tienes que garantizar un camión cisterna con la cantidad y la frecuencia que permita que no falte ni un día”, agrega Ramos.

Otros aspectos que también debe garantizar el Estado son el transporte, tanto para docentes como para estudiantes; que las escuelas tengan la cantidad suficiente de docentes para atender a los estudiantes y que haya PAE en todas las escuelas y en todos los horarios en los que los estudiantes estarán en la institución. “Un muchacho que está malnutrido no aprende igual y si no tiene cómo alimentarse en su casa este programa funcionaba como un complemento para garantizar los niveles de nutrición mínimos para los estudiantes. No es un regalo, forma parte de la canasta educativa. Sin embargo, en Venezuela es un desastre la instrumentación, inclusive el contenido nutricional del plato no es el adecuado”, indica.

Noelbis Aguilar asegura que es necesario que el Estado se tome el tema del regreso a clases en serio y establezca una hoja de ruta con los pasos a seguir para adecuar la infraestructura de cada institución un retorno seguro, porque las escuelas públicas y las familias no pueden asumir esos costos. “Se necesita poner una batería de lavamanos en la entrada del colegio, algo muy estético con el respectivo distanciamiento, también hay que comprar una alfombra, poner toda la señalización, adaptar las mesas o pupitres al distanciamiento, se deben tener, además, suficientes recursos porque los niños no pueden compartir los útiles”, dice la directora nacional del Programa Escuelas Fe y Alegría en Venezuela, quien agrega que también se debe garantizar la conectividad y reactivar la entrega de dispositivos tecnológicos en los centros educativos.

“Si el Estado no asume las riendas de esto de manera responsable, buscando los financiamientos que se requieren para invertir en educación, creo que si regresamos a clases lo haremos en un contexto de alto riesgo”, agrega.

Por su parte, Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que hace dos años la FVM le propuso al Ministerio de Educación un plan llamado Adopta una escuela, el cual incorporaría a la empresa privada en la educación para ayudar a las escuelas a mejorar su infraestructura. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. “Eso fue hace tiempo, cuando todavía quedaban empresas. Ahora tendríamos que esperar que se recupere el parque industrial para que empezar un programa de esa naturaleza”, asegura.

Sobre un eventual regreso a clases semipresencial, Fausto Romeo y Luisa Pernalete coinciden en que debe haber un protocolo descentralizado para que cada centro educativo pueda reiniciar las actividades, dependiendo de sus condiciones de infraestructura y de la situación o número de contagios que haya en el municipio o parroquia en el que está ubicada la institución. “Cada colegio debería tener la capacidad de hacer su propio plan con diversos escenarios, porque pueden cambiar”, dice el presidente de Andiep.

Esta semana Nicolás Maduro informó que a partir del 5 de octubre se abrirán las escuelas como centros de asistencia pedagógica para padres, madres y alumnos durante los siete días de flexibilización. Asimismo, anunció que durante esos días los educadores harán guardias.

Romeo indica que en estos protocolos semipresenciales se deben definir los espacios de atención a los estudiantes, la cantidad de alumnos y los docentes que están en condiciones de hacerlo. “Si en un salón hay 30 estudiantes no significa que todos deben ir a la clase. No. Esto debe ser de acuerdo a sus necesidades, si hay una cantidad de muchachos que tienen inquietudes en matemáticas van un día para aclarar dudas con el profesor”, añade.

Con respecto a la cantidad de horas que deberán invertir los docentes, tanto a distancia como semipresencial, Olga Ramos cree que se debe diseñar un plan para definir la estrategia que se utilizará, pues en muchas instituciones no hay la cantidad suficiente de maestros para atender a todos los estudiantes. “Si tienes un docente que atiende tres grupos tiene que repetir las actividades tres veces, puede reprogramarlas para que sean sutilmente distintas, pero es el mismo proceso, además tiene que acompañar de la manera más personalizada posible al estudiante. La pregunta es ¿hay docentes que tengan 500 horas al día? Porque si debes atender a los estudiante con más detalle y, además, ir a la escuela ¿cuál es la cantidad de horas de contratación que necesita tener para cumplir con todo eso? Son preguntas que no se ha hecho casi nadie”, afirma.

Sin embargo, mientras que continúen las actividades a distancia Pernalete recomienda a los padres y maestros no descuidar el acompañamiento afectivo, además, de reforzar saberes esenciales. “Cuando hay un periodo largo sin clases, porque hubo algún desastre o vacaciones largas, hay un desaprendizaje, sobre todo en matemática y en lectura. Por eso le recomendaba a las mamás no que le asignaran a los niños tareas en vacaciones, pero sí que de vez en cuando le pusieran algunas palabras claves en partes de la casa para que las asociaran con algunos elementos del hogar y el niño repasara sin darse cuenta”, recomienda.

La profesora del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría recuerda un caso de una maestra que comenta con satisfacción. Ella llamaba a sus estudiantes con frecuencia para saber cómo estaban y, a veces, para hablar de las tareas. Así los niños también empezaron a comunicarse con la docente para contarle qué habían hecho. “Al principio, los niños se asustaban, pero no, no era para preguntarles la tabla de multiplicación, era para saber cómo estaban. He leído que cuando hay lazo afectivo es difícil que el niño o el adolescente abandonen los estudios, por esto es tan importante mantenerlo”, explica.

Regresar a clases en este nuevo año escolar, con pandemia o sin ella, supone un reto para los centros educativos en el país. Hasta el momento, no hay una política pública clara y efectiva por parte del Estado para mejorar las condiciones laborales de los docentes, así como la de los servicios básicos y de infraestructura de las escuelas. Mientras tanto, padres y maestros intentan acompañar a los niños en su proceso formativo con muchas deficiencia y que tendrá sus consecuencias. “En situaciones de emergencia hay que tomar medidas extraordinarias, pero no deben ser improvisadas”, asegura Ramos.

Estados Unidos acusó al mandatario sandinista de convertirse en otro Somoza y de «redoblar la represión» en este país centroamericano.

DW

El presidente nicaragüense Daniel Ortega confirmó el martes (15.09.2020) que está promoviendo una reforma legal para castigar con cadena perpetua a los opositores, a quienes señaló de cometer «crímenes de odio «, mientras Estados Unidos lo acusó de recrudecer la represión en este país centroamericano y de haberse convertido en otro dictador como Anastacio Somoza.

En un extenso discurso con motivo del 199 aniversario de la independencia, Ortega fustigó a los «delincuentes » y «peleles del imperialismo «, en alusión a los opositores que protagonizaron enardecidas protestas sociales en 2018, las cuales fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares.

«Se sienten intocables porque se les dio una amnistía. Fíjense bien, bueno, ya se les dio la oportunidad de una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía «, afirmó en alusión a los más de 700 detenidos por participar en las protestas y que fueron excarcelados en 2018 y 2019.

Actualmente el Código Penal de Nicaragua establece 30 años de cárcel como pena máxima para los delitos más graves. En el país no existe pena de muerte ni cadena perpetua. Al respecto, dijo que en el país no existe la pena de capital porque hay «un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar condena de muerte «. Sin embargo, «no estamos comprometidos a no aplicar condena perpetua para los criminales «, advirtió.

La decisión de reformar la ley para favorecer la cadena perpetua había sido anunciada el pasado lunes por la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, quien dijo que la enmienda será aprobada en el Parlamento, de mayoría ofcialista.

Tras el anuncio, muchos recordaron en Nicaragua que el propio Ortega fue acusado en 1998 de abuso y violación sexual por su hijastra, Zoilamérica Ortega Murillo, hija biológica de la vicemandataria, en un escandaloso caso que terminó archivado por una jueza sandinista.

Estados Unidos: Ortega se convirtió en Somoza
Este mismo martes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Ortega de convertirse en Anastasio Somoza, «el dictador contra el que luchó» décadas atrás, al condenar lo que definió como un «ataque contra la prensa libre», además, de «redoblar la represión» en este país centroamericano.

«A pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense», dijo Pompeo en una declaración distribuida en Managua por la embajada estadounidense.

Hoy inicia el nuevo año escolar 2020-2021 de acuerdo al cronograma dado por el la dictadura de Nicolás Maduro, pero profesores, sindicatos y federaciones educacionales alertan que todo lo que digan las autoridades sobre el “éxito de las clases” es falso, porque no existen las condiciones para que ese término aplique.

María Betania Jordán || LA PRENSA DE LARA

Indican los maestros y sindicalistas que este es el año escolar con más incertidumbre, pues está inmerso en la peor crisis que atraviesa el país tanto por la pandemia como por la gestión gubernamental. Aunado a ello, las promesas de las autoridades no se cumplieron, pues no hubo preparación para los docentes en materia de clases a distancia, nunca se vio la dotación de herramientas tecnológicas y el aumento de salario para el personal docente tampoco pasó, a eso se le suman las condiciones de la cuarentena, la deficiencia del servicio de energía eléctrica y el internet.

“Este llamado a clases es una estafa y un engaño, no habrá un buen proceso de enseñanza y aprendizaje“, dijo Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, quien explica que todos estos factores generan atraso en lo educativo como en la calidad. Acota que lo ideal es que las clases no iniciaran, pues tanto la modalidad a distancia, como la presencial se ven afectadas por la falta de dotación de herramientas y equipos.

Indica que el país está sumergido en un colapso donde ni siquiera el profesor o el representante puede salir a comprar un libro, cuaderno o incluso un lápiz por la falta de transporte público y quienes tienen carro no se pueden movilizar porque no cuentan con gasolina. “Por eso insistimos en que este llamado a clases es una estafa educativa“, dijo Arroyo.

Dulce Meléndez, miembro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Venezolana (Fenatev) dijo que su respuesta al inicio de clases sigue siendo un rotundo “no”, pues no es posible que con Bs. 232.000 que devenga un docente de la categoría II puede pagar servicios de planes de datos y recargar saldo para su celular.

“Es un exabrupto que inicien las clases sin ninguna condición, el gobierno está equivocado“, dijo Meléndez porque no se cumplirá con la metodología de las clases porque no hay una plataforma, ni equipos que garanticen el proceso que no solamente lo requiere el docente, sino también el estudiante.

Los sindicatos y docentes dicen a pesar que desde un principio el gobierno asomó la posibilidad de las clases a distancia, las autoridades no se tomaron la tarea de realizar mejoras en las instituciones educativas y que el plan “Gotica de amor” pasó este año por debajo de la mesa.

Consideran como burla la propuesta de actividad voluntaria en el cual los trabajadores de instituciones debían hacerse cargo de la limpieza.

Ordena abrir escuelas el 5-O

Nicolás Maduro cambió de idea. Luego que había dicho que las clases se van a impartir a distancia, ayer en la tarde anunció que abrirán las escuelas y liceos en la semana de flexibilización a partir el 5 de octubre.

Dijo que se trata de orientaciones pedagógicas tanto para los estudiantes como para las representantes y también para que conozcan a los docentes y de esa manera puedan tener una mejor comunicación en las clases a distancia por WhatsApp.

“Eso será por cita, el profesor decidirá cuántos pueden ir a las escuelas y liceos, deben tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y usar el tapabocas“, dijo Maduro, asegurando que estarán abiertas las instituciones de lunes a domingo cuando corresponda la flexibilización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un memorándum al Departamento de Estado donde determina e identifica a los principales países de tránsito y producción de drogas del mundo, donde se incluye a Venezuela.

lapatilla.com

La información fue divulgada a través de la página oficial de la Casa Blanca.

Lea a continuación el documento íntegro:

Por la autoridad que me confiere como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico la los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o del nivel de cooperación con los Estados Unidos. De acuerdo con la definición legal de un país importante de tránsito de drogas o de un importante país productor de drogas ilícitas establecida en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas de control de estupefacientes rigurosas y diligentes.

Las drogas ilícitas infligen un daño enorme a la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si bien mi Administración ha logrado un progreso constante para detener la marea de la epidemia de drogas en nuestro país, las organizaciones criminales transnacionales desafían continuamente nuestro éxito al violar nuestras fronteras e inundar nuestra patria con estas sustancias mortales.

Estados Unidos está llevando la lucha contra estas organizaciones criminales y sus facilitadores a una escala sin precedentes. Este abril, inicié las operaciones antinarcóticos más importantes en décadas dirigidas al tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental mediante el despliegue de activos militares estadounidenses en el Comando Sur de los EE. UU. En cooperación con 22 aliados internacionales. Estas operaciones llevaron a la incautación de más de 80 toneladas métricas de cocaína y otras drogas peligrosas, lo que privó a las organizaciones criminales transnacionales de más de 1.800 millones de dólares en ganancias y alertó a los cabecillas de la droga de que estaban en la mira de Estados Unidos.

El cabecilla más cómplice de este hemisferio es el dictador venezolano Nicolás Maduro. En marzo pasado, un tribunal de Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos

En respuesta, el Departamento de Estado de EE. UU. Anunció una recompensa de $ 15 millones por información que conduzca a su arresto o condena. Se unió a una multitud de otros compinches del régimen que están bajo acusación formal de Estados Unidos o fueron sancionados por delitos de drogas por el Departamento del Tesoro. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo venezolano, al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y trabajará junto con el legítimo Gobierno interino de Venezuela para detener el narcotráfico y erradicar los elementos criminales que han explotado a ese país. El narcorregión ilegítimo de Maduro debería enfrentar la justicia por sus crímenes.

Si bien llevar ante la justicia a criminales como Maduro sigue siendo una prioridad urgente, Estados Unidos también necesita que otros gobiernos del hemisferio occidental asuman una mayor responsabilidad en la reducción del suministro de drogas ilegales.

En Colombia, el presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo socios fuertes de los Estados Unidos, y las fuerzas policiales y militares colombianas han demostrado una gran valentía y compromiso al atacar a narcotraficantes de alto nivel, interceptar los cargamentos de drogas y erradicar manualmente la coca. Sin embargo, el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantienen en niveles inaceptablemente altos. Para alcanzar nuestro objetivo compartido de 5 años de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023, Colombia debe seguir adelante con la reanudación de la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta insustituible en el arsenal del gobierno junto con la erradicación manual y el desarrollo económico alternativo.

También es motivo de gran preocupación que el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantengan cerca de máximos históricos en Perú, otro aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Perú es un valioso socio de las fuerzas del orden de los Estados Unidos y ha demostrado un compromiso continuo con la lucha contra todos los aspectos del tráfico de drogas. Hago un llamado al gobierno peruano para que reanude las operaciones de erradicación en las regiones productoras de coca de alto rendimiento del país, incluido el Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro.

Desde la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia contra las redes de tráfico de drogas ha aumentado durante el gobierno de transición de Bolivia. El gobierno de transición logró importantes avances en la interdicción de drogas y reanudó el procesamiento de solicitudes de extradición de narcotraficantes por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el cultivo de coca continúa excediendo los límites legales bajo las propias leyes internas de Bolivia para uso medicinal y tradicional, y el estado boliviano no ha tomado medidas suficientes para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal. Si el gobierno boliviano, incluida su Asamblea Legislativa, toma medidas suficientes en el próximo año para remediar estas deficiencias y continúa el progreso logrado durante los últimos 10 meses bajo el gobierno de transición, consideraré eliminar a Bolivia de la lista de países que han fallado el próximo año. demostrablemente para cumplir con sus responsabilidades de control de drogas.

El año pasado, advertí que consideraría determinar que México no había cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas si no intensificaba sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, interceptaba las drogas ilícitas antes de que cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos, aumentaba sus enjuiciamientos de narcotraficantes y apoderarse de sus activos, y desarrollar una estrategia integral de control de drogas. Este año, México aprobó con éxito reformas de decomiso de activos, aumentó las extradiciones de peligrosos narcotraficantes a los Estados Unidos, logró un progreso sustancial en completar su primer estudio sobre el rendimiento de la amapola en 17 años y elaboró ??una estrategia contra las drogas. Si bien estos son signos de progreso, se debe hacer más.

México sigue siendo la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en los Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país. Además, los cárteles mexicanos se aprovechan de los controles desiguales de precursores químicos en México para fabricar drogas mortales, como el fentanilo, dentro de México y pasarlas de contrabando a Estados Unidos. Las interdicciones de drogas en México siguen siendo demasiado bajas frente a estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles presentan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país.

México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. México debe continuar extraditando a actores criminales clave, intensificar las investigaciones exhaustivas y la incautación de drogas y activos, e implementar un programa sólido de erradicación de la amapola basado en datos y vinculado al desarrollo alternativo sostenible. El gobierno mexicano debe reconocer la alarmante tendencia a la producción de fentanilo dentro de su territorio. Debe priorizar las acciones de aplicación de la ley dirigidas a la producción y el tráfico de fentanilo de los cárteles, la principal sustancia involucrada en las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, y fortalecer los esfuerzos dirigidos a los precursores químicos del fentanilo que se trafican de manera abrumadora desde China, así como al contrabando y la producción de fentanilo. También se debe hacer más para atacar la creciente producción de metanfetamina de los cárteles.

Estados Unidos sigue dispuesto a profundizar su asociación con México para abordar estos desafíos compartidos y agradece la oportunidad de desarrollar objetivos conjuntos de control de drogas con México e investigaciones bilaterales basadas en el intercambio transparente y abierto de información y pruebas de investigación que conduzcan a enjuiciamientos exitosos.

Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos estadounidenses, se enfrentan con valentía a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas.

De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado de manera demostrable durante los 12 meses anteriores en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y en tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, según lo requiere la sección 706 (2) (B) de la FRAA.

También he determinado, de acuerdo con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas estadounidenses que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela y al gobierno boliviano son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.

Está autorizado y dirigido a presentar esta designación, con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y publicarla en el Registro Federal.

El informe de la Misión de la ONU sobre la violación de DDHH en Venezuela documentó 223 casos individuales que se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014. ND

En el mismo se establecieron las responsabilidades de dichos crímenes señaladas por los funcionarios consultados.

En el punto 40 un exfuncionario del Sebin dijo a la Misión «que las órdenes que determinaban quién sería investigado a menudo venían del Presidente Maduro y de Diosdado Cabello. Las órdenes fueron entregadas al Director General del SEBIN, quien las transmitió a las direcciones operativas».

Asimismo el punto 44 establece que “una práctica común era que los funcionarios/as gubernamentales de alto nivel hacían declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de que se produjeran, comentando sobre la responsabilidad penal del acusado”, lo que viola el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los acusados.

El punto 50 reza que “en siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos”.

Dichos actos ocurrían en “instalaciones no oficiales o clandestinas”, que se multiplicaron a partir de 2018, según el punto 50, donde también se precisa que se documentaron “24 casos de tortura que tuvieron lugar en esas instalaciones entre 2018 y 2019”.

“La Misión pudo identificar seis de esos sitios sobre la base de la información de las víctimas, los abogados/as, los familiares y las organizaciones”, agrega el mismo inciso.

Mientras que el punto 63 detalla que “la Misión examinó 77 casos en los que personal militar y asociados/as fueron torturados bajo la custodia de la DGCIM”.

“Algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas. Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y depresión”, explica el numeral 66.

Allí mismo se recordó que el ex-capitán Rafael Acosta Arévalo murió bajo la custodia de la Dgcim por lo que la Misión “tiene motivos razonables para para creer que su muerte fue resultado de tortura”.

“En tres casos investigados por la Misión, la DGCIM perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos. Los funcionarios/as de ambos sexos de la DGCIM sometieron a las personas a desnudez forzada, a veces durante días. Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con objetos punzantes, principalmente palos y bates, y en un caso violaron a un detenido. Se administraban descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos”, explica el punto 67.

Por su parte, el numeral 78 establece que “las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de tortura, incluso en los casos en que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros indicios de malos tratos o declararon durante las audiencias que habían sido torturadas”. Esto hace que recaiga la responsabilidad en estos jueces que “ordenaron que se devolviera a los acusados al lugar donde afirmaban haber sido torturados”.

El informe también recoge las muertes ocurridas durante operaciones policiales donde se habrían realizado ejecuciones extrajudiciales.

“Existe un patrón claro de que el Gobierno afirme que las muertes ocurrieron como resultado de enfrentamientos o que las víctimas se resistían a la autoridad en el momento de su muerte. En la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas, por lo general mujeres, ancianos y niños, fueron sacados de las casas por las fuerzas de seguridad, limitando los testigos en el lugar de los hechos a las fuerzas de seguridad únicamente” puntualiza el numeral 93.

Esto se complementa en el punto 102, donde se expresa que “existen motivos razonables para creer que agentes de dos cuerpos de policía -la PNB/FAES y el CICPC- cometieron ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de seguridad fuera del contexto de las OLPs/OLHPs”.

De hecho en el numeral 112 explica, según “una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la PNB/FAES”, como se realizaban estas ejecuciones donde se le solicitaba “luz verde para matar” a los superiores, mediante un código. “Matar correspondía al código “Ochentear (80)”.

En este sentido “la Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax, con uno o dos disparos” en el punto 113, donde “un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado dijo que él y sus colegas se refieren a los asesinatos como “cuadrar a las personas”. Este entrevistado dijo que hay un “triángulo” desde el pecho de la víctima hacia arriba “donde se permite disparar a la gente”.

Por último se establecen las responsabilidades en el numeral 164 donde la Misión afirma tener “motivos razonables para creer que tanto el Presidente (Maduro) como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Reverol) y de Defensa (Padrino), ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”.

“La Misión tiene motivos Los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones deben ser debidamente investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias legislaciones, o internacional”, agrega el inciso.

El punto 166 explica que “los autores directos de los delitos documentados en el presente informe son responsables de sus actos. Sus supervisores inmediatos y otras personas de la cadena de mando que tenían o debían tener conocimiento de los delitos, tenían un control efectivo sobre sus subordinados y no adoptaron medidas adecuadas para prevenir o sancionarlos, también son responsables de su conducta delictiva”.

Por lo tanto se recomienda que “sus actos deben ser debidamente investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal individual”.

Para este miércoles 16 de septiembre estaba planteado por parte del régimen de Nicolás Maduro dar inicio al nuevo periodo escolar en Venezuela mediante la modalidad a distancia, tomando en consideración las limitaciones que existen de llevar a cabo una educación presencial por la pandemia de la COVID-19.

José Enrique Arévalo | Foto: Katherine Nieto / IMP

Sin embargo, Frank Andrade, Secretario Nacional del Colegio de Profesores, contó a Elimpulso.com que los educadores del país no se incorporarán a este periodo escolar convocado por el régimen, ya que no existen las condiciones para llevarlo a cabo.

Al referirse a condiciones, Andrade señala que tanto los profesores como los alumnos padecen las fallas en los servicios de Interne y energía eléctrica, lo que haría que un proceso académico a distancia termine dando malos resultados.

Por otra parte, señaló que al régimen de Nicolás Maduro no le interesa la formación de la población venezolana, porque de esta forma, pueden permanecer en el poder.

“Al gobierno no le interesa una educación de calidad, les interesa que la población se mantenga sin niveles educativos de calidad, con el propósito de controlar a los ciudadanos y mantenerse en el poder“, acotó.

Además, rechazó el llamado de Maduro a asistir a las aulas de clases a partir de octubre “para que los alumnos puedan conocer a sus profesores“. Andrade indicó que las instituciones públicas son un foco de posible contagio de la COVID-19.

Comentó que las instituciones del país no tienen agua y tampoco cuentan con los recursos de contaminación que garanticen sanidad en los alumnos y trabajadores de la educación.

Solo en agosto, hubo cientos de protestas particulares y combinadas. Candelitas encendidas en cada rincón que ni el gobierno logra apagar y mucho menos solucionar su causa, mientras la oposición no capitaliza semejante fuerza. Adrenalina desperdiciada sin que ningún partido político la sume a sus haberes, mientras Nicolas Maduro y los suyos siguen en Miraflores sacando cuentas sobre cuántos diputados obtendrán en las elecciones parlamentarias.

Por Elizabeth Fuentes / El Cooperante

Pacientes renales protestaron frente al Centro de Diálisis y Hemodiálisis Jesús de Nazareno, en Puerto Ordaz, para exigir el reemplazo del sistema de ósmosis y de los dinamizadores dañados. Temen el cierre de la unidad de la cual dependen 61 personas En Monagas, la Guardia Nacional disparó en contra de manifestantes que exigían gasolina. Hubo 70 arrestados, mujeres golpeadas, una protesta en la carretera nacional que une a Monagas y Anzoátegui, donde los usuarios cerraron la vía al darse cuenta que no les despacharían combustible. Los ciudadanos tenían siete días en una cola y le exigían a la gobernadora Yelitze Santaella que cumpliera su promesa de cargar combustible a 400 vehículos.

En Tucupita, el único centro de salud que recibe a pacientes con COVID-19, no tiene insumos: no hay oxígeno, ni medicinas para tratar a los afectados con COVID-19, ni con ninguna otra patología. Solo hay un médico y un especialista por cada área. Y por si fuera poco, en los municipios Pedernales, Antonio Díaz y Casacoima no hay médicos, ni medicinas, por lo que las personas enfermas tienen que trasladarse a la ciudad capital para su tratamiento, pero no pueden hacerlo por la escasez de gasolina.

En Falcón, los derrames petroleros destruyen no solo el ecosistema sino que pone en peligro la pesca en la zona, de la cual dependen cientos de pescadores para subsistir. La Fundación Azul Ambientalistas denunció la aparición de una mancha de aproximadamente 260 kilómetros de hidrocarburos vertidos por la Refinería El Palito, la mayor del país, que afectó a las playas de Carabobo y el Parque Nacional Morrocoy en Falcón, uno de los balnearios más populares del país. Pocos días después, PDVSA reconoció que hubo otro derrame, esta vez en el gasoducto sublacustre cerca del área del Golfete de Coro, una imagen patética que envió un pescador local pidiendo auxilio porque esa desgracia a nadie parecía importar.

En Maracaibo regresaron los apagones hasta por doce horas y hubo protestas nocturnas, lo habitual en el convulso paisaje del país. Ya van 48 mil apagones desde enero a julio,en todo el país.

Las colas kilométricas para surtir de combustible dibujan una trágica red de en todo el país, con acento en la Gran Caracas, Villa de Cura y Charallave. Los venezolanos ya se habitúan a dormir en los autos y amanecer en las estaciones de servicio para que les surtan 20 litros. Pero los que protesten, temen correr el mismo destino del odontólogo William Arrieta, salvajemente golpeado por reclamar cierta justicia en aquel desmadre que se armó en una estación de gasolina del estado Aragua

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de agosto hubo 53 protestas por electricidad, 315 por gasolina, 93 por falta de agua, otras 156 por falta de gas doméstico y 114 por derecho a la salud. También hubo lo que denominan «protestas combinadas». Es decir, hay quienes protestan por falta de agua y luz. O gas e insumos médicos en los hospitales. O gasolina y luz y asi…lo que totaliza 330 «protestas combinadas» en todo el país.

Pero nadie capitaliza semejante caos. Ni el gobierno logra (ni puede) poner orden ni los opositores cuentan con la fuerza – o las ganas o la dirigencia- necesaria para ensamblar esas cientos de protestas en una gran y única rebeldía nacional. Las «candelitas» encendidas en ciudades, pueblos, y caseríos a lo largo de todo el país, nadie las oxigena ni las lidera. Explosiones de indignación que se apagan cuando finalmente llega la luz, el agua o la medicina, una pastillita de tranquilidad hasta la próxima dosis. Adrenalina desperdiciada sin que ningún partido político la sume a sus haberes, mientras Nicolas Maduro y los suyos siguen en Miraflores sacando cuentas sobre cuántos diputados obtendrán en las elecciones parlamentarias y la radio transmite unas propagandas horribles del gobierno donde un viejito llora porque el gobierno lo atendió en un hospital y le dio las tres comidas, como si se tratara de una hazaña.

¿A quienes le gritan esos venezolanos en las protestas? ¿Quiénes se encargan de dirigir su rabia hacia un objetivo superior? Y aquí nace un gran silencio, el mismo de la gente durmiendo en su carro haciendo una cola para seguir adelante, quién sabe dónde.

La paciencia se agota, el tiempo se hace eterno y las esperanzas de volver a la normalidad se desvanecen tras medio año de interminable cuarentena. Una mezcla de pesimismo y resignación se ha apoderado de un país en el que, si para muchos ya es complicado sobrevivir, vencer al virus se antoja imposible. ND

«Horrible», es la palabra que utiliza el comerciante Pedro Velázquez para describir el momento que vive el país caribeño, al que la pandemia de COVID-19 sorprendió en medio de una profunda crisis económica, política y social, y sin recursos para hacer frente a una situación crítica e inesperada.

Si bien el virus no es patrimonio exclusivo de Venezuela y ha puesto en jaque a casi todo el planeta, a la nación sudamericana la pilló en una coyuntura extremadamente crítica, en la que miles de ciudadanos ni siquiera tienen acceso al agua corriente, recurso fundamental para prevenir contagios.

«Vente a mi casa, que yo me voy a la tuya»

Pedro Velázquez lo tiene claro. «Es muy fácil decir ‘quédate en casa’, pero…’quédate tú en mi casa’, le digo yo a alguien que tenga dinero, ‘y tú me permites que yo me quede en la tuya’. Los ricos están cómodos, pero para los que vivimos el día a día es algo difícil», manifestó a Efe el hombre de 62 años.

El comerciante considera que es fácil dictar normas para evitar la propagación del coronavirus, cuando se hace desde la «comodidad» y la «abundancia», sin importar si son seis meses o un año lo que se prolongue la pandemia. Pero su situación, igual que la de millones de venezolanos, es bien distinta.

«La gente no puede salir a trabajar, la gente tiene que estar en casa y eso difícil cuando la gente necesita (el dinero) en el día a día en casa, sobre todo los que tenemos familia. Es algo difícil», reitera entre la resignación y la rabia contenida.

Velázquez es el reflejo de quienes se han visto afectados por la pandemia en varios frentes. Él es el ciudadano que debe cuidarse para no contagiarse y, a su vez, no contagiar a su entorno. Pero también es el padre de familia que tiene que llevar a casa el sustento diario y el comerciante que no puede desempeñar su trabajo debido a las restricciones impuestas por el Gobierno.

Si no hay trabajo, «no hay mercado (compra)» y si no hay mercado, la familia no come. La historia de Pedro se repite en cada rincón de Venezuela.

Un «desastre» sin solución a la vista

Los últimos 6 meses también se han hecho eternos para Carmen Hernández, una pensionista de 58 años que, para incrementar un poco los escasos ingresos que le reporta su pensión, de apenas dos dólares mensuales, hace manualidades que luego vende en la calle.

«Es un desastre y aquí no están arreglando nada, no hay producción, no hay nada. Lo que hay es hambre y mucha delincuencia. Viendo la situación, estamos a la buena de Dios», dijo la mujer a EFE con tono de visible enfado.

En su opinión, el Gobierno de Nicolás Maduro «no ha hecho nada» en los seis meses de cuarentena por resolver la situación de los más vulnerables.

«El medio año de cuarentena es muy duro. No se ha podido trabajar, no hay producción, no hay nada, no hay cómo comprar, el dinero no alcanza. Este país devalúa hasta el dólar. Yo vivo de una pensión y a mi no me alcanza», reiteró Carmen, quien confiesa no saber qué hacer para afrontar el tiempo que queda de restricciones, un lapso incierto e indefinido que incrementa su ansiedad.

Más cuarentena, más contagios

Los seis meses de cuarentena que acumula Venezuela no lograron reducir los contagios, sino al contrario. En este medio año no se ha conseguido al punto de inflexión en el que se revierta, ni siquiera momentáneamente, la tendencia a la baja.

La progresión fue contenida entre marzo y julio, período en el que los casos de infectados se registraban a cuentagotas, al menos, según la información del Gobierno, puesta en duda desde el primer momento por la oposición y por la ciudadanía.

Lo mismo ocurría con las cifras de fallecimientos. A tenor de la información gubernamental, se registraron largos períodos sin ningún fallecido a causa del virus. Según datos del Gobierno, mientras en el resto del mundo, miles de personas perdían la vida a diario, Venezuela enlazó 35 días -del 20 de abril al 26 de mayo- sin decesos por COVID-19.

Este dato y los escasos contagios reportados levantaron elogios por un lado y desconfianza por otro. Unos admiraban la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo y otros criticaban la opacidad en la transmisión de información.

Pero las dudas finalizaron cuando, en el mes de julio, tanto el número de contagios como de fallecidos empezó a multiplicarse día tras día de manera exponencial.

Pese a todo, con o sin dudas, con más o menos certezas, la cuarentena continúa y la desesperación aumenta, pese al obligado incumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos porque el hambre es más fuerte que el virus.

Ningún venezolano está dispuesto a dejar de llevar el sustento diario a casa por más órdenes que dé el presidente, así que toca incumplirlas, aunque no sin miedo a ser detenido o castigado. Pero la necesidad no da tregua y su salvoconducto más poderoso es el hambre. EFE