Carmelo Mendez pasó la primavera del año pasado en Colorado con un visado H2-A, podando melocotoneros y echando de menos a su esposa e hijos, pero contento con lo que mejorarían sus vidas con su paga de 17,70 dólares la hora. Esta primavera, está de regreso en el estado mexicano de Tlaxcala, buscando desesperadamente en Facebook para encontrar trabajo en alguna de las explotaciones agrícolas de Estados Unidos que contratan mayoritariamente a trabajadores temporales como él.
El País
Mendez es uno de los más de 300.000 trabajadores extranjeros que llegan a Estados Unidos todos los años con visados H-2A para arar los campos, podar los árboles y recoger las cosechas, desde Washington a Georgia, desde Florida a Nueva York, y desde Texas a California. Pero con los cambios tan rápidos en las políticas federales de inmigración, tanto los agricultores como los trabajadores sienten inseguridad acerca del futuro.
“Sin [este programa de trabajadores temporales], creo que la agricultura en Estados Unidos se desplomaría porque la gente allá no quiere hacer ese tipo de trabajo”, dice Mendez.
Mientras el destino de los cientos de miles de trabajadores agrícolas indocumentados permanezca en el limbo entre las amenazas de deportación masiva del presidente Trump, y las políticas H-2A de la administración sigan pendientes de decisión, el futuro de estos trabajadores seguirá siendo incierto. Su número aumenta cada año, y son cada vez más importantes en una industria históricamente dominada por trabajadores indocumentados. La industria tampoco está creando nuevos puestos de trabajo.
Los agricultores están de acuerdo con jornaleros como Mendez. Dicen que no pueden atraer a otro tipo de trabajador a sus explotaciones agrícolas.
El debate sobre los trabajadores temporales agrícolas se intensifica. Jonathan Berry, propuesto para ocupar el cargo de representante legal del Departamento de Trabajo, redactó el capítulo laboral de la enorme propuesta de revisión de la Administración denominada Proyecto 2025, del think tank Heritage Foundation. Esa sección aboga por sustituir a los trabajadores H-2A por trabajadores estadounidenses y por la automatización. Aunque la tecnología podría sustituir algunas tareas agrícolas específicas, muchos cultivos siguen dependiendo fundamentalmente de la mano de obra humana, y los pequeños agricultores afirman que no pueden permitirse invertir en equipos que podrían tardar más de una década en amortizarse. Otros coautores del capítulo, como el economista Oren Cass, no creen que deban eliminarse los puestos de trabajo, sino que los agricultores deberían mejorar las condiciones laborales para atraer a ciudadanos estadounidenses.
Por otro lado, el poder de Trump depende de una coalición que incluye a las comunidades agrícolas, que le votaron en casi un 80% en 2024, según Investigate Midwest, una organización periodística sin ánimo de lucro. La agroindustria también donó más de 24 millones de dólares para su reelección. Los grupos agrícolas insisten en que los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a realizar el arduo trabajo del campo, y que eliminar a los trabajadores H-2A podría colapsar el sistema alimentario. Por lo general, abogan por flexibilizar los reglamentos para los trabajadores H-2A, como la reducción de los requisitos salariales y de vivienda. No sería la primera vez que Trump escucha sus peticiones. En 2019, su Departamento de Trabajo propuso sin éxito eliminar algunas regulaciones relativas al visado H-2A.
Se acerca la época de las cosechas
Con el comienzo de las cosechas estacionales, los agricultores de todo el país empiezan a contratar trabajadores.
En Crist Bros Orchards, en Walden (Nueva York), los trabajadores H-2A podan diligentemente las ramas de los manzanos cubiertas de flores blancas recién brotadas de capullos rosados para que cada futura manzana tenga el mismo acceso al sol. En la planta de empaquetado, algunos sacan las manzanas de la temporada anterior de los frigoríficos y las colocan en cintas transportadoras, mientras otros comprueban que no tengan irregularidades antes de empaquetarlas.
El vergel pertenece a la familia Crist desde 1883, y Jenny Crist lo regenta ahora junto a su hermano y sus padres. Dice que su primera oleada de trabajadores llegó el pasado marzo y están preparando los campos para la cosecha, cuando más trabajadores vendrán a recoger las manzanas de los árboles. A final de año, más de 150 trabajadores H-2A habrán pasado por aquí para ayudar a producir las manzanas que se venden en los supermercados de la costa este.
“[H-2A está] proporcionando mano de obra que nos permite mantener una finca agrícola a 70 millas (112 kilómetros) al norte de la ciudad de Nueva York, y proporcionar alimentos en los Estados Unidos, y generar empleo durante todo el año”, dice Crist. “Sin ello, no estaríamos cultivando manzanas. Creo que esto probablemente serían casas”.
El visado H-2A fue creado por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, una ambiciosa medida que simultáneamente perseguía a los empresarios que contrataban a inmigrantes sin permiso de trabajo y concedía una “amnistía” a cerca de 3 millones de inmigrantes sin papeles. La ley establece que los agricultores deben demostrar un intento de contratar primero a trabajadores locales, y pagar a los trabajadores H-2A por encima del salario mínimo. A diferencia de los trabajadores locales, a los trabajadores H-2A se les debe proporcionar transporte de ida y vuelta a sus hogares, alojamiento para la temporada y transporte diario.
Los líderes sindicales argumentan que los agricultores prefieren a los trabajadores H-2A, a pesar de sus costes más elevados, porque son fácilmente explotables. Dado que el visado está vinculado a su puesto, los jornaleros no pueden encontrar trabajo en otro lugar, lo que hace que su permanencia en el país dependa por completo de un empleador que puede revocar el puesto en cualquier momento y que a veces retiene sus pasaportes, en contra de las disposiciones del Departamento de Trabajo.
Esta reticencia a abandonar un lugar de trabajo abusivo puede verse agravada por el hecho de que muchos trabajadores H-2A llegan con deudas acumuladas por haber pagado a los reclutadores para llegar hasta aquí. Los empleadores están obligados a pagar todos los costes de contratación, pero las prácticas de los reclutadores no están reguladas en gran medida, ya que operan a escala internacional.
El Economic Policy Institute, un centro de estudios liberal con sede en Washington, D.C., ha afirmado que se trata de un programa que explota y silencia a los trabajadores temporales inmigrantes, sustituyendo en el proceso a trabajadores anuales. En algunos casos, fiscales estadounidenses han acusado a agricultores y reclutadores de utilizar el programa H-2A para traficar con mano de obra forzada.
“La situación de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos ya es muy mala de por sí, pero lo que van a hacer es legalizar esta opresión”, dice Carlos Marentes, director ejecutivo del Centro de Los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, con sede en El Paso. “En el programa H-2A, la forma en que están proponiendo deshacerse de las normas y de cualquier garantía para los trabajadores va a parecer una esclavitud legalizada. La industria entiende que necesita mano de obra, pero [quieren] una mano de obra que va a tener miedo, que va a estar agradecida porque el empleador le está proporcionando un trabajo.”
¿Los trabajadores sin papeles se quedan atrás?
Si las deportaciones masivas siguen adelante como se ha prometido, los agricultores y ganaderos estarán aún más desesperados por conseguir estos trabajadores. Los trabajadores indocumentados componen alrededor del 40% de la mano de obra agrícola, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Estos trabajadores veteranos afirman que el sistema está diseñado para sustituirlos por este otro grupo más vulnerable, limitando sus propias oportunidades de trabajo y disminuyendo el poder de su sindicato al ofrecer a los agricultores una fuente de mano de obra alternativa.
“Para nosotros está muy claro que la deportación de trabajadores indocumentados es una estrategia para despejar el campo para traer trabajadores H-2A en lugar de tener a estas familias de trabajadores agrícolas que forman parte de nuestra comunidad desde hace más de 20 años y proporcionarles un estatus [legal] para que sigan siendo miembros productivos de la comunidad”, dice Rosalinda Guillen, una líder sindical agrícola en el estado de Washington que creció en los campos y fundó Community to Community, una organización local sin ánimo de lucro. “Todo el mundo en este país es inmigrante y ha tenido la oportunidad de construir comunidad y arraigarse, y de repente, ¿las familias que vinieron de México no?”.
En 2023, una coalición bipartidista en la Cámara de Representantes presentó la Ley de Dignidad, que pretendía abordar esta cuestión ampliando el estatus legal a los trabajadores agrícolas de larga duración y ampliando al mismo tiempo el visado H-2A. Sin embargo, la propuesta acabó fracasando después de que los republicanos dieran marcha atrás.
Aún hacen falta trabajadores
En el Red River Valley de Minnesota, Scott Field regenta con su hermano John la granja Field Brothers, que cultiva cereales, judías y remolacha azucarera en las mismas tierras que su familia ha trabajado durante cinco generaciones. Su comunidad local se ha reducido a medida que las generaciones más jóvenes se trasladaban a las ciudades, lo que ha hecho que los hermanos Field dependan de los trabajadores H-2A.
“Aquí realmente no hay nadie disponible para trabajar”, afirma Scott Field.
Teniendo en cuenta el alojamiento y el transporte, Field afirma que gastan más de 30 dólares por hora en trabajadores H-2A. Sería más fácil si pudieran emplearlos como ciudadanos estadounidenses, dice mientras detalla por qué.
“Son personas que trabajan, ganan dinero, gastan dinero en nuestras comunidades y pagan impuestos. Eso sí que sería una revitalización de la América rural si se les facilitara venir aquí y quedarse con sus familias”, dice Field.
Es probable que los posibles cambios en el visado H-2A se dejen sentir también en México, de donde procede más del 91% de los trabajadores H-2A. Algunos tienen pequeñas explotaciones de subsistencia, o forman parte de los dos millones de personas que se quedaron sin tierra con la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y dependen de sus ingresos estacionales para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Flavio Vázquez ha trabajado en Crist Bros Orchards durante los últimos cinco años, ganando más del doble en una hora empaquetando manzanas que lo que podía ganar en un día en su hogar del Estado mexicano de Morelos. Según estimaciones de 2020, más de la mitad de la población de Morelos vive en situación de pobreza, a pesar de que el índice de desempleo es inferior al dos por ciento. Sin embargo, el hecho de que el visado le permita escapar de la pobreza no significa que sea ideal para él.
Vázquez se ve obligado a pasar ocho meses al año viviendo entre un almacén y una residencia a 2.500 millas de sus seres queridos, aliviado por obtener mayores ingresos, pero a un precio. Aunque disfruta de su trabajo en el valle del Hudson, en Nueva York, desearía poder traer a su familia y construir una vida permanente.
“En Morelos, la situación es difícil, por eso vengo aquí para estabilizar económicamente a la comunidad de allá y tener recursos para mi familia”, comenta Vázquez con cara de resignación, mientras la maquinaria de escaneo de manzanas ruge de fondo.
“En México dejas a tus hijos, a tu mujer, a tus padres, que te apoyan emocionalmente. Me sentiría mucho más cómodo con mi familia aquí”.
