Los países de la OEA también dejaron saber su preocupación por la alteración del orden democrático y el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad en la nación y que se han profundizado con la llegada de la pandemia por el coronavirus
Este jueves 11 de noviembre Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay emitieron una declaración conjunta en la que exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a retornar a la mesa de negociación en México con la Plataforma Unitaria de Venezuela.
La declaración fue leída en el marco del 51 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ellas los países aseveraron que confían en que de las negociaciones resulte la restauración de la democracia, una solución a la emergencia humanitaria compleja que vive el país y la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes.
Las 13 naciones también emplazaron al gobierno a liberar a todos los privados de libertad por razones políticas, al cese de la persecución de la disidencia, al respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo, “reiteran su preocupación por la grave emergencia humanitaria y la consecuente crisis de migrantes y refugiados, que se ha convertido en el mayor éxodo en América Latina”.
Los países que suscribieron la declaración también dejaron saber su preocupación por la alteración del orden democrático y el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad en la nación y que se han profundizado con la llegada de la pandemia por el coronavirus.
En este sentido urgieron la implementación de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Huamnos.
Los 13 países miembros de la OEA tomaron nota del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que encontró motivos razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad; y de la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional el 3 de noviembre pasado, de dar por terminada la fase de examen preliminar de la situación en Venezuela y proceder a abrir la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela a partir del año 2017.