Cada día aparecen noticias e informaciones sobre las acciones de los poderes públicos, que desde hace tiempo han perdido su rumbo, convirtiéndose en instituciones que actúan en contra del pueblo venezolano. Empecemos por el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, que no ha sido productiva en la búsqueda de soluciones para los graves problemas del país. La mayoría oficialista aprobó un presupuesto para 2024 que incluye un aumento salarial del 10% para los trabajadores del sector público. Sin embargo, este aumento no compensa la escala salarial miserable que existe en el país, lo que está generando un empobrecimiento acelerado y una gran angustia en la población trabajadora.
Entre los parlamentarios encontramos a algunos candidatos presidenciales cuestionados y creados forzosamente, pertenecientes a partidos judicializados. Otros son vulnerables y susceptibles al soborno, convirtiéndose finalmente en cómplices de la barbarie. Todos ellos son manipulados por el oficialismo, que descontrola y pervierte todo lo que toca.
Es inmoral observar cómo el parlamento aprueba por unanimidad la continuidad del atropello y la violación de los derechos humanos y constitucionales de los venezolanos. La Asamblea Nacional ha perdido su función legislativa y de control, y se ha convertido en un instrumento para fortalecer el control social y mantener el modelo socialista que ha llevado al país a la ruina.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), también conocido como Poder Electoral, ha sido controlado durante décadas por miembros del PSUV. Recientemente, se realizó un referéndum consultivo con una participación extremadamente baja. Sorprendentemente, se observó la presencia de la fuerza armada en la distribución del material electoral, una tarea que debería ser responsabilidad del personal del CNE. Los resultados de la consulta fueron anunciados de manera confusa y manipulada, y no hubo objeciones por parte de los rectores designados para representar a la oposición. Estos rectores pertenecen a partidos que han perdido su autonomía y se han convertido en cómplices del régimen.
En el CNE persiste la complicidad y el silencio ante la intervención del oficialismo en los asuntos partidistas de diferentes tendencias, incluyendo al sector oficialista. La judicialización ha sido utilizada como estrategia para controlar y dividir a las organizaciones políticas y empoderar ilegalmente a dirigentes afines al régimen.
Actualmente, hay más de cien solicitudes de partidos políticos pendientes de aprobación, mientras que otras han sido aprobadas de manera rápida y fraudulenta. Estas acciones arbitrarias permiten que individuos que transitan en la ilegalidad se apoderen de los partidos políticos. Estos actores forman parte de grupos mercenarios que cuentan con el respaldo institucional para llevar a cabo cualquier tropelía que pretenda frustrar el avance hacia el cambio impulsado por la ciudadanía.
El Poder Judicial también tiene graves problemas. Las cárceles están llenas de presos políticos y el sistema judicial es ineficiente y cuestionado. La Defensoría del Pueblo no cumple con su rol de proteger a los ciudadanos, mientras que la Fiscalía y la Contraloría obvian los grandes casos de corrupción. Se ha convertido en un circo de injusticias y abusos.
Todos los poderes públicos están comprometidos con el Ejecutivo, que cuenta con solo un 7% de aprobación. Actúan en contra del interés nacional y de la lucha por restablecer el Estado de Derecho y el bienestar social y económico. Estas instituciones se niegan a escuchar la voz y el clamor del pueblo venezolano.
Es necesario que el 92% del país se una, se organice y se comprometa para vencer a aquellos que no quieren el cambio y a las instituciones que están controladas por el régimen. La lucha en 2024 será dura, pero es necesario contar con responsabilidad, seriedad, coraje y amor por la patria. Debemos abandonar el circo militarista y revolucionario para tomar el camino hacia la libertad.
No hay nada nuevo bajo el sol.
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