Preocupación de la ONU por la falta de medidas contra el tráfico de personas en Venezuela, especialmente mujeres y niñas»

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El Comité de la ONU especializado en la eliminación de la discriminación contra las mujeres expresa su preocupación por la escasez de medidas en vigor en Venezuela para prevenir el tráfico de personas, en particular de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual.

Con información de EFE

Según el informe final emitido por el Comité, las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son las más vulnerables a esta problemática. El Comité examinó la situación en Venezuela y su nivel de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, un ejercicio periódico al que se someten todos los Estados que se han adherido a esta convención.

El Comité ha recibido denuncias de formas contemporáneas de esclavitud, como el tráfico sexual y el trabajo infantil en zonas mineras, especialmente en el Arco Minero del Orinoco y las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, donde operan grupos armados y criminales vinculados a la extracción ilegal de recursos naturales.

Se destaca la necesidad de una ley integral sobre el tráfico de personas, la publicación de un plan nacional al respecto y la recopilación de datos detallados sobre este delito y la explotación con fines de prostitución.

El Comité expresa preocupación por el riesgo al que se exponen las mujeres que migran a otros países y señala que si se les brinda asistencia estatal para regularizar sus documentos y diplomas profesionales, se reduciría la posibilidad de que caigan en situaciones de explotación.

Otra área de preocupación importante es la violencia de género y su alta incidencia en Venezuela, evidenciada por la persistencia de feminicidios, desapariciones y violencia psicológica y sexual contra mujeres y niñas.

El Comité insta a aumentar la cantidad de refugios para víctimas, ya que actualmente solo hay cinco en el país, a pesar de que la legislación exige al menos uno por departamento.

En cuanto a los derechos cívicos, el Comité critica la criminalización de representantes de la sociedad civil, incluyendo defensoras de derechos humanos y periodistas, que sufren acoso y amenazas que las autoridades no investigan con la debida celeridad.