La politóloga y activista Marisol Bustamante fue detenida arbitraria e ilegalmente el pasado 9 de febrero en la población de Siquisique, municipio Urdaneta, tras interrogar a Adolfo Pereira, quien ocupa la Gobernación de Lara, por la crisis en los servicios públicos y sobre una denuncia de supuestos medicamentos vencidos entregados al hospital Luis Ignacio Montero de esta población.
Formula la denuncia el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos (PROVEA), destacando que la licenciada Bustamante vivió una detención arbitraria, luego que interrogara a Adolfo Pereira sobre los problemas antes mencionados y grabar con su teléfono móvil.
“Se molestó por las preguntas. Al terminar y disponerme a salir de las instalaciones del hospital me abordó un militar con rango de general que me ordenó decirle de dónde venía y para dónde iba la grabación”, seguido a esto Bustamante fue trasladada sin orden judicial a la comandancia de la policía Estadal de Siquisique.
Explicó la afectada que los funcionarios la revisaron sin contacto físico, la mantuvieron detenida por más de una hora, pero eso no bastó, la politóloga precisa que su teléfono fue confiscado, revisaron todo el material de las preguntas a Pereira, eliminaron todo su contenido y la amenazaron que no debía hacer nada “indebido” que pusiera en duda el “desempeño” de la gestión regional. “De allí que estamos en presencia de una arbitraria violación al debido proceso y posesión de sus pertenencias por exigir respuestas”, señala la organización.
Posteriormente, Bustamante fue liberada, pero se sintió totalmente vulnerable ante este atropello. De allí que haya decidido dar a conocer esta situación ya que teme que se repita con otros activistas que trabajan en el estado Lara.
Patrón de persecución
La detención de la activista Marisela Bustamante es otra muestra del patrón de persecución y criminalización a los activistas, organizaciones venezolanas y sociedad civil de Venezuela, dice PROVEA. Se recuerda que solo en el 2020 la fundación Prepara Familia, la ONG Acción Solidaria, la Asociación Civil Convite, ALIMENTA LA Solidaridad y Caracas Mi Convive fueron víctimas de visitas policiales, detenciones, allanamientos y hostigamiento.
Recientemente trabajadores de Azul Positivo también fueron detenidos, excarcelados y con medidas de presentación cada 30 días, los cargos que les acusan aún no han sido retirados.
“Desde Provea reiteramos la necesidad de respetar el debido proceso y detener la persecución y criminalización contra los miembros de la sociedad civil venezolana. Nos mantenemos firmes en la vigilancia y denuncia de las vulneraciones al derecho a la integridad y cualquier otra presunta violación de Derechos Humanos”, ratifica la ONG.