¿Qué falta para conocer decisión del Supremo sobre inhabilitación de María Corina Machado?

0
364

La Contraloría General de Venezuela presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los motivos de la inhabilitación política impuesta a María Corina Machado. Esta medida fue solicitada por el órgano judicial como requisito previo a dictaminar sobre la sanción impuesta a la líder opositora.

Esta acción se produce después de que la oposición y el chavismo acordaran, en el marco de las negociaciones con Estados Unidos, revisar las inhabilitaciones que impiden a Machado presentarse como candidata presidencial en 2024.

Para todos los opositores afectados por esta sanción, el plazo para solicitar su eliminación ante el Supremo era hasta el 15 de diciembre. Hasta el último momento, Machado se negó a acudir. Incluso, un día antes, declaró al medio colombiano El Tiempo que no acudiría al TSJ.

Sin embargo, el 14 de diciembre, pasadas las 3:00 pm, Machado se presentó en el TSJ con sus abogados, no para solicitar la eliminación de la inhabilitación, sino para presentar una demanda contra un procedimiento que consideraba inexistente.

Ante esta situación, el TSJ, según la ley, tenía tres días para pronunciarse, por lo que envió una solicitud a la Contraloría, entidad que emitió la inhabilitación, para conocer la medida.

El TSJ informó este lunes que recibió documentación de la Contraloría el pasado jueves, dando cumplimiento al procedimiento que lleva a cabo la Sala Político Administrativa del tribunal.

Se le dio un plazo de tres días, que venció el 21 de diciembre, a la Contraloría para la remisión de los antecedentes administrativos de este caso. Según estos, Machado, candidata presidencial para 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no puede ocupar cargos de elección popular hasta 2030.

Asimismo, el TSJ solicitó a la entidad que impuso la sanción que entregara una copia certificada de los actos administrativos que llevaron a la inhabilitación. Esta medida se anunció en 2015 con una duración de 12 meses, pero se ha conocido que su vigencia es de 15 años.

Sin ofrecer detalles, el TSJ aseguró haber recibido lo solicitado a la Contraloría, por lo que ahora corresponde a la Corte analizar la documentación. Posteriormente, se decidirá si se admite la demanda presentada por la opositora, quien solicita que se levante la inhabilitación.

Este caso plantea algunas preguntas, como en qué se basan los documentos solicitados por el TSJ. Además, Machado afirma que nunca fue notificada del procedimiento de inhabilitación. Entonces, ¿por qué no se le notificó?

Si hubo un procedimiento pero no se realizó la notificación, la acción de amparo debería ser admitida por el TSJ, ya que se habrían violado sus derechos constitucionales.

Los analistas coinciden en que este es un caso político, algo que se evidencia con los procesos que se van revelando. No se siguieron adecuadamente los pasos jurídicos ni administrativos.