El debate sobre las sanciones vuelve a ser un tema candente en la política venezolana. En particular, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense retire las licencias que recientemente se habían concedido como una forma de «flexibilización» de las sanciones en Venezuela, como si se tratara de un casino.
El argumento es conocido. Después de las elecciones primarias, el gobierno venezolano ha adoptado una serie de comportamientos que no son consistentes con el espíritu de apertura y democracia que teóricamente deberían cumplir las licencias que flexibilizaban algunas de las sanciones impuestas al Estado venezolano, especialmente en los sectores petrolero, gasífero, minero y financiero.
En mi opinión, como he expresado en las redes sociales, el tema de las sanciones puede evaluarse desde dos posibles hipótesis:
En la primera hipótesis, se parte de la premisa de que a Estados Unidos no le importa en absoluto la democracia en Venezuela, pero necesitaba una excusa más o menos creíble para flexibilizar las sanciones. Después de todo, se han invertido muchos recursos en promover de diferentes maneras una transición hacia la democracia en Venezuela. Además, hay muchos actores tanto dentro como fuera del país que tienen a Venezuela en su agenda. Por lo tanto, Estados Unidos podría haber condicionado nuevas licencias a acuerdos y gestos mínimamente aceptables hacia el objetivo descrito, pero en realidad, en un entorno cada vez más belicoso (Rusia/Ucrania + Israel/Gaza), la principal prioridad del gigante del Norte es asegurar un suministro seguro de petróleo en el hemisferio. De esta manera, se confirma la consigna de que los Estados no tienen amigos, solo intereses.
En la segunda hipótesis, se plantea que a Estados Unidos le preocupa la restauración del orden democrático en Venezuela, y como medida de presión ante los acontecimientos recientes, podría reinstaurar sanciones que se habían aliviado con las nuevas licencias. En este escenario, prevalecería una postura principista en la que los valores y la aspiración de lo que debería ser Venezuela (un Estado de Derecho, un gobierno democrático funcional) estarían por encima de consideraciones más pragmáticas como el suministro de energía y la oleada migratoria venezolana, entre otros.
¿Cuál de estas hipótesis se impondrá? Mis ideales me hacen soñar, y me gustaría creer que es posible que se abra la puerta número 2. Sin embargo, los incentivos existentes me hacen pensar que es muy probable que prevalezca un escenario como el de la primera hipótesis. Aunque no se dará de manera estricta. Es posible que exista un tercer camino en el que se mantenga la flexibilización para el petróleo y el gas, pero se implementen o se reintroduzcan otros mecanismos de presión dirigidos directamente a las personas responsables de la toma de decisiones en el ámbito político. Esto podría incluir no solo a personas del gobierno, sino también a la oposición «colaboracionista», que básicamente es un apéndice del propio gobierno.
Veremos los resultados en los próximos días. Como en tantas otras cosas, habrá que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto es que, contra todo pronóstico, el último trimestre del año comienza más agitado de lo habitual y augura un año 2024 bastante movido.