Régimen imputó a Rocío San Miguel por «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación»

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La líder activista Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue arrestada el pasado viernes y presentada ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo la noche del lunes, junto con varios de sus familiares que también fueron privados de libertad en las últimas horas, según informó el fiscal Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el fiscal anunció que se estaba llevando a cabo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, Alejandro José González Canales, ex pareja de la activista, y otros cuatro ciudadanos cuyos nombres no mencionó, pero que presumiblemente son los familiares reportados como desaparecidos por la defensa de la activista.

Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.

Saab afirmó que el Ministerio Público solicitará la «medida de privación judicial preventiva de libertad» contra Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de delitos como traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.

Además, también pedirá la privación de libertad «preventiva» para González Canales por la presunta comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Asimismo, solicitará medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante el tribunal, para las otras cuatro personas.

El fiscal aseguró que los seis detenidos están presuntamente involucrados en una trama conspirativa conocida como «brazalete blanco», cuyo objetivo era atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Esta trama ya había sido vinculada a San Miguel cuando se confirmó su detención el domingo.

Saab destacó que todas las actuaciones se están realizando dentro de los límites legales y con estricto respeto a los derechos humanos, a pesar de las denuncias de la defensa de la activista sobre su desaparición forzada. San Miguel estuvo desaparecida desde el viernes, cuando fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, hasta el domingo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición forzada de San Miguel y recordó que la activista cuenta con medidas cautelares otorgadas por el organismo.