Dos relatores de las Naciones Unidas dijeron que hubo un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades en el caso de los 6 hombres condenados a 16 años de prisión el 1 de agosto.
Las autoridades de Venezuela abusan de forma crónica de la ley antiterrorista para condenar a sindicalistas, denunciaron este viernes dos relatores de Naciones Unidas. Pusieron como ejemplo una reciente sentencia contra seis líderes sindicales dictada el pasado 1 de agosto.
«Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela», señalaron los expertos en un comunicado.
«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades. Tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», añadieron Fionnuala Ní Aoláin, relatora para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y su homólogo para la defensa de la libertad de reunión, Clément Nyaletsossi.
El uso indebido de las leyes antiterroristas intenta sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada, afirmaron. También criticaron las largas penas de prisión dictadas en las sentencias del pasado 1 de agosto.
«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», aseguraron.
«Son conspiradores»
El fiscal general Tarek William Saab reiteró el 7 de agosto que los seis hombres condenados no son sindicalistas ni trabajadores de empresas públicas o privadas, sino supuestos conspiradores. Aseguró que no están inscritos en el seguro social ni afiliados a ninguna organización sindical.
En declaraciones a EFE, insistió en que la información difundida por ONG y por la defensa de los detenidos es falsa. Subrayó que no defendían los derechos de los trabajadores en una protesta en julio del pasado año, mediante la cual pretendían «atacar a la democracia».
EFE