La seguridad ciudadana en Venezuela durante la transición hacia la democracia plantea un desafío crucial para la oposición que busca alcanzar el poder en 2024. Es una pregunta recurrente que se hacen los ciudadanos y requiere una respuesta más allá de buenas intenciones y promesas difíciles de cumplir debido al conflicto que vive el país.
Este desafío no solo afecta a los ciudadanos dentro de Venezuela, sino también a la comunidad internacional que ha manifestado su apoyo al proceso de redemocratización. Esperan un enfoque estratégico viable que ayude a garantizar inversiones y desarrollo económico y social.
El problema de seguridad en Venezuela es complejo, pero no imposible de resolver. Por un lado, tenemos un Estado fragmentado, con una parte significativa del territorio controlado por fuerzas armadas no estatales y criminales respaldados por el régimen en el poder. Por otro lado, el país tiene uno de los peores índices de Estado de derecho en el continente y entre los últimos del mundo, lo que resulta en altos niveles de impunidad. Además, la narrativa polarizante, violenta y rupturista que el chavismo ha instaurado durante los últimos 25 años ha contribuido a la pérdida de oportunidades de desarrollo para la población más joven, lo que ha llevado a la delincuencia o a la emigración en busca de una vida mejor.
Contrariamente a lo que podría pensarse, abordar el problema de la seguridad ciudadana en Venezuela no comienza por hacer cosas, sino por deshacer muchas de las cosas que han contribuido a la situación actual. Además, debido a las circunstancias actuales, es mejor revelar menos información, ya que esto podría darle pistas al régimen y a sus aliados criminales. Sin embargo, hay aspectos que deben ser conocidos y debatidos públicamente, y que pueden asociarse a tres pilares que sustentan la estructura del poder que desestabiliza la democracia: la narrativa del régimen, la doctrina del enemigo interno y la pax criminal.
La narrativa del régimen, basada en la idea de «Nosotros o el caos», ha intimidado y paralizado el cambio en Venezuela durante décadas. Ha sido utilizada como chantaje dentro y fuera del país para disuadir acciones de la comunidad internacional que podrían haber apoyado una transición más equilibrada. Por lo tanto, desmontar esta narrativa es fundamental.
La doctrina del enemigo interno ha transformado la soberanía del Estado en un modelo de protección del poder, fortaleciendo los órganos de inteligencia en detrimento de las fuerzas militares y policiales convencionales. Esta doctrina también ha convertido al Estado de derecho en un instrumento de control político y ha promovido un Estado policial y corrupto que protege a los jerarcas en el poder en lugar de proteger a los ciudadanos y el Estado.
La pax criminal, por su parte, ha surgido de la ausencia del Estado en el control del territorio, permitiendo que grupos delictivos tomen el control y ejerzan funciones de seguridad y protección. En el caso de Venezuela, el régimen ha auspiciado este fenómeno para utilizarlo en acciones represivas y control.
Deshacer estos pilares requerirá una acción nacional e internacional coordinada, así como fuerzas militares y de seguridad leales a principios y valores democráticos. El cambio de gobierno después de las elecciones de 2024 será fundamental para impulsar una política de seguridad ciudadana viable.
Esta política deberá tener como mínimo tres objetivos principales. En primer lugar, garantizar la estabilidad del nuevo gobierno y la protección de la vida, los bienes y el desarrollo económico. En segundo lugar, restablecer la confianza en los órganos de seguridad y asegurar la soberanía nacional bajo el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Y en tercer lugar, promover la participación ciudadana, la educación para la prevención y la recuperación de espacios públicos.
Además, se necesitará depurar y mejorar el sistema de justicia penal, fortalecer la coordinación y el despliegue de los planes de seguridad, y desarrollar capacidades en protección civil.
Para poner en marcha esta estrategia, será indispensable dejar de lado las diferencias políticas y establecer colaboración entre las autoridades. La seguridad ciudadana debe ser una prioridad por encima de las diferencias ideológicas y debe contar con la colaboración de todos los poderes del Estado.
Es fundamental que esta política de seguridad ciudadana muestre avances tangibles en los primeros 100 días y que se informe regularmente sobre los logros y los cambios en los indicadores de seguridad. Esto generará confianza en la gestión y mejorará la percepción de la seguridad por parte de los ciudadanos.
La seguridad ciudadana en Venezuela requiere una estrategia integral y coordinada que aborde los múltiples desafíos. Se necesitará el conocimiento y las ideas de profesionales en el campo de la seguridad ciudadana, así como la colaboración de los cuerpos de seguridad civiles y militares.
Este proceso de seguridad ciudadana en Venezuela será complejo y se dividirá en tres etapas: estabilizar el país y las nuevas autoridades, reinstitucionalizar las fuerzas de seguridad y recuperar los espacios y la soberanía. La seguridad debe ser un eje transversal en el proceso de redemocratización y desarrollo de Venezuela.