¿Sería ilegal transportar inmigrantes indocumentados dentro del estado de Florida?

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La nueva ley estatal sobre inmigración continúa generando confusión y muchos preguntan si afectará la transportación de inmigrantes indocumentados en el estado

MIAMI. – La nueva ley de Florida sobre inmigración (S.B. 1718), que podría ser calificada como la norma estatal más fuerte del país en ese apartado, entrará en vigor el 1 de julio y muchos preguntan cómo podría afectar el traslado regular de personas indocumentadas en el estado, incluso dentro de la ciudad.

Hace apenas unos meses, el gobernador Ron DeSantis pidió al Congreso estatal adoptar medidas para frenar la inmigración irregular a Florida y parar el gasto millonario que produce la atención médica y social.

La norma y su difusión en varios medios de comunicación han generado confusión. Unos preguntan si afectará la transportación de inmigrantes indocumentados dentro del estado, ya sea un conocido, amigo o pariente.

Otros creen que la nueva ley estatal es ambigua y que no especifica qué y cómo en múltiples casos. También están los abogados que, facultados, aclaran que la norma es clara.

“Comenzamos por aclarar que los asuntos de inmigración son tratados por el gobierno nacional, o sea el federal que tiene sede en Washington DC, y que el estado de Florida solo puede acercarse al asunto desde la perspectiva de implicados”, o sea, terceras personas y no el inmigrante en cuestión, aclaró el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.

Dicho esto, Martínez explicó que esta ley estatal, en la sección 787.07, plantea que “una persona que transporta a este estado a otra que, sabiéndolo o debiendo saber, ha ingresado ilegalmente a los Estados Unidos desde otro país”, lo que viola la norma nacional al no ser inspeccionado por Inmigración en la frontera.

En esta sección, “la ley no hace una distinción entre familiares, sino que se refiere al transporte de un migrante indocumentado a través de las fronteras estatales desde otro estado u otro país”, argumentó el abogado.

Esto significa que, si una persona ingresa al estado de Florida con un inmigrante indocumentado, estaría cometiendo un delito y podría ser castigado con cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares por cada persona que transporte.

“Si se trata de más de cinco extranjeros indocumentados, la penalidad podría ascender a 10.000 dólares y 15 años de cárcel”, apuntó.

En otras palabras, según el especialista en asuntos de inmigración, esta ley estatal se refiere al transporte de inmigrantes indocumentados de otro estado o país al estado, y no se refiere al transporte de inmigrantes indocumentados que ya están viviendo en el estado.

O sea, que acompañar a una persona indocumentada a un supermercado, un parque o un hospital dentro del estado de Florida no es ilegal.

Desde el punto de vista del Gobierno nacional, “hay que recordar que un inmigrante se considera indocumentado cuando cruza la frontera y no es procesado por Inmigración. O sea, si la persona recibe un permiso, un parole, aunque sea limitado, no es considerado ilegal, aunque no tenga beneficios sociales, como permiso de trabajo o atención médica subvencionada por el estado”, añadió.

Ese es el caso de los miles de cubanos, venezolanos y centroamericanos que cruzaron el río Bravo y fueron procesados, de una manera u otra, por la autoridad de Inmigración, aunque espere una solución final.

Hay otro apéndice en esta ley que sí podría afectar a trabajadores inmigrantes que aún no han legalizado su documentación en el país.

De esta manera, un número de agricultores y constructores pudieran quedar cesantes con esta norma, que exige además a empleadores con más de 25 empleados verificar el estatus legal de cada trabajador por medio del sistema federal E-Verify.

Los empleadores que no cumplan ese requisito serán sujetos a auditorías y enfrentarán multas de 1.000 dólares por día, si se determina que han violado la ley.

“Entiendo que el estado quiera proteger sus gastos, pero sí inmigración es un asunto del Gobierno federal y dejaron que las personas entren por qué Washington no da un permiso de trabajo y ya”, exclamó Santiago, uno de los tantos que deambulan por la ciudad en busca de un empleador que no les pida papeles.