El Tribunal Supremo de Justicia ha adoptado una polémica decisión al retirar a los jueces penales la competencia para conocer los casos de tortura y malos tratos que involucran a policías, militares y autoridades en Venezuela. Esta medida, reportada por Transparencia Venezuela a través de su página web Suprema Injusticia, ha generado preocupación debido a que representa un retroceso en los esfuerzos por combatir la violación de los derechos humanos en el país. Es especialmente preocupante considerando que las autoridades venezolanas están siendo investigadas en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2017.
La sentencia número 966 de la Sala Constitucional, redactada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, ha sido criticada por su impacto negativo en la lucha contra la impunidad. Es importante mencionar que la magistrada Gutiérrez también ocupa el cargo de embajadora de Venezuela ante la CPI y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas desde mayo de 2021.
Transparencia Venezuela ha explicado que la Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer un amparo presentado por la defensa del presunto narcotraficante Daniel Baroody en 2017. En este recurso, se acusaba al comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal, de haber torturado a Baroody. El dictamen judicial argumenta que las lesiones fueron generadas en el ámbito administrativo y que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa.
La abogada de Baroody, María Mercedes Barroeta Cordero, ha denunciado que a su cliente se le ha negado la comunicación con sus familiares y que solo se le permite estar 15 minutos con el detenido en presencia de un funcionario de policía. Además, ha afirmado que se le ha negado el acceso regular a productos de higiene personal y que no se le han entregado todos los alimentos que sus allegados le han llevado. También ha manifestado que Baroody teme por su seguridad y la posibilidad de una desaparición forzada.
Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ha sido criticada por la demora de seis años en responder a la denuncia de tortura. La abogada de Baroody ha declarado que su cliente teme por su vida debido a los abusos físicos, golpes y maltratos que ha sufrido, así como las amenazas de muerte, presuntamente como consecuencia de un pago realizado para obtener su libertad.
Daniel Baroody, un ciudadano de origen sirio solicitado en extradición por Estados Unidos, ha sido acusado de asociarse ilícitamente para importar pseudoefedrina y fabricar metanfetamina en cantidades significativas, según su sentencia. Esta polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial venezolano para garantizar los derechos humanos y combatir la impunidad en casos de tortura y malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad y las autoridades.