Desde el último aumento salarial, el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) ha registrado más de 2.300 conflictos laborales en Venezuela, muchos de los cuales están relacionados con protestas por motivos salariales. El ajuste de remuneración anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 1º de mayo de 2023 solo contempló bonos, lo que ha perjudicado el cálculo de todos los beneficios laborales al estancar el salario mínimo.
Con información de TalCual
El 15 de septiembre se cumplieron 18 meses desde que entró en vigencia el último aumento de salario mínimo decretado por Nicolás Maduro el 15 de marzo de 2022. Desde entonces, el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, perdiendo un 87% de su valor.
Cuando se decretó el aumento, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital venezolana con un valor establecido en $60, lo que debería haber fijado la remuneración por concepto de salario en $30.
Sin embargo, el gobierno no cumplió con esta promesa, y el salario mínimo se quedó estático en Bs 130, mientras que el tipo de cambio oficial, marcado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pasó de Bs 4,33 a Bs 33,99 por divisa. Esto significa que mientras que el dólar se encareció un 684,98%, el salario mínimo se mantuvo sin cambios.
En consecuencia, los Bs 130 que antes equivalían a $30 ahora representan apenas $3,82.
El aumento aprobado en aquel entonces contemplaba una remuneración total de Bs 175, que incluía los Bs 45 de cesta tickets y los bonos que entregaba el Gobierno a través del Sistema Patria. La remuneración mensual para trabajadores de la administración pública superaba los $40.
Sin embargo, más de 18 meses después, la situación ha cambiado drásticamente. El rezago del salario repercute en todos los beneficios del trabajador y ha llevado a una situación de miseria tanto a jubilados como a pensionados.
La inflación constante en los últimos años ha reducido drásticamente el poder de compra del salario mínimo, incluso en el contexto de la dolarización de facto del país. Según datos de Ecoanalítica, actualmente se necesitan $400 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que se podían adquirir por $100 en enero de 2019.
Esto significa que los trabajadores asalariados de la administración pública han estado lidiando con salarios mínimos inferiores a $10 en este período y deben enfrentar una vida cada vez más costosa.
Para el momento en que se decretó el último aumento en 2022, el salario mínimo representaba solo el 6,36% de la canasta alimentaria estimada en $471,16 por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Se requerían 15,7 salarios mínimos para adquirir todos los productos de esta canasta. En comparación, la última canasta publicada por Cendas-FVM en agosto de 2023 se estima en $491, y el salario mínimo solo permite costear el 0,77% de la misma, lo que significa que se necesitan 128 salarios para pagarla.
La canasta alimentaria de Cendas-FVM es inaccesible para la gran mayoría de los venezolanos, no solo para aquellos que cobran salario mínimo. Otros indicadores, como la Cesta Petare, también muestran cómo ha desaparecido el poder de compra que antes cubrían los Bs 130 del salario mínimo.
En marzo de 2022, la Cesta Petare promediaba $34,31 y el salario mínimo permitía cubrir el 87,4% del costo; ahora se estima en $34,52 y el sueldo solo alcanza para pagar el 11% de la cesta.
El pasado 1º de mayo, el Ejecutivo tomó medidas para ajustar la remuneración de los trabajadores, pero dejó inmutable el salario y modificó únicamente los montos por concepto de cesta ticket de Bs 45 a Bs 1.000 ($40 para ese momento), además de un Bono de Guerra Económica equivalente a $30.
El cesta ticket y el bono del Sistema Patria están «indexados» al dólar, por lo que la remuneración mensual excede los $70, pero no todos los trabajadores los reciben. Los jubilados y pensionados, al no ser considerados trabajadores activos, no perciben cesta ticket, y aquellos que no están registrados en el Sistema Patria o tienen problemas con la plataforma tampoco reciben el bono de guerra económica. Como resultado, algunos solo cuentan con Bs 130, lo que los condena a la miseria.
Aquellos trabajadores activos o jubilados con mayor grado de estudios, experiencia o profesionalización han padecido una mayor pérdida del poder adquisitivo, ya que las tablas salariales no han sido ajustadas adecuadamente. Las tablas salariales para los trabajadores de la administración pública contemplaban un rango salarial de entre Bs 130 ($30) y Bs 395,21 ($91) al momento del último aumento. Ahora, estos mismos montos representan $3,82 y $11,62, respectivamente.
Las protestas laborales han sido una respuesta a esta situación. Según el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), entre marzo de 2022 y agosto de 2023 se produjeron 2.302 «conflictos laborales». Los docentes han sido los principales protagonistas de estas protestas, especialmente perjudicados por la violación de sus derechos laborales y la destrucción de su capacidad adquisitiva debido al estancamiento del salario mínimo.
Las tablas salariales de los docentes han sufrido una drástica reducción en su rango de ingresos. Mientras que en el aumento de marzo de 2022 establecían un rango de entre $61 y $104 para los docentes con más de 40 horas académicas asignadas, ahora varían entre $7,78 y $13,25 para la misma categoría. Esto ha afectado significativamente los cálculos de prestaciones, primas y otros beneficios.
El sector sindical en Venezuela está exigiendo un aumento del salario mínimo en lugar de bonos, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos laborales establecidos en las leyes. La Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) ha propuesto un aumento del salario mínimo a $65 como un primer paso para salir de la pobreza, aunque la meta final sea un salario vital digno con un monto mucho más alto.
También se han presentado fórmulas para calcular aumentos salariales anualmente, resultado de conversaciones entre representantes sindicales, gremios de empleadores y entes gubernamentales, mediadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde que se instaló la Mesa de Diálogo Social en marzo de 2022.
Por su parte, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), una organización sindical cercana al chavismo, ha prometido una «solución salarial» para octubre, pero se espera que se enfoque más en beneficios sociales que en mejorar la remuneración de los trabajadores.