El argumento de la Sala del Máximo Tribunal para desestimar el recurso es la supuesta «inexistencia» del instructivo de la Onapre como un acto administrativo e incluso advierte que las protestas de las recientes semanas se alimentan por una «matriz comunicacional» que debe ser investigada para determinar posibles responsabilidades judiciales
Brian Contreras| TalCual
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un «recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar» interpuesto en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), utilizado para calcular las tablas salariales de los profesores universitarios del sector público, violando en el proceso diversas conquistas consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) y en contratos colectivos.
En las últimas semanas, varios recursos han sido introducidos ante el TSJ por parte de los trabajadores del sector público, solicitando que se derogue el instructivo. En este caso, se trata de una demanda de nulidad y amparo cautelar interpuesto por la Universidad de Los Andes (ULA) con fecha del 22 de marzo de 2022, admitido provisionalmente por la Sala Político Administrativa el pasado 14 de julio de 2022.
La sala respondió este miércoles 24 de agosto declarando la demanda inadmisible bajo el argumento de que el acto administrativo demandado, el instructivo de la Onapre, «es inexistente».
El argumento de la sala se apoyó en que el libelo (el escrito de la demanda) no fue acompañado por el documento original o la copia del acto administrativo denunciado, considerado un «documento fundamental de toda demanda», por lo que se decidió considerar inadmisible el recurso.
«El pretendido documento en los términos aludidos de los requisitos formales y esenciales que lo conforman, no constituye un acto administrativo; siendo así, esta Sala advierte que estamos en presencia de lo que se conoce en la doctrina y la jurisprudencia como el «acto inexistente»», expone una nota de prensa emitida por el TSJ.
TSJ advierte narrativa contra instructivo Onapre
De esta manera, ponen fin al proceso judicial existente desde el pasado 14 de julio y el instructivo se seguirá aplicando con normalidad, ahora con el atenuante de una advertencia a quienes impulsan la «matriz comunicacional que se ha creado en los últimos meses», sin especificar a qué hacen referencia.
La Sala asomó la posibilidad de investigar esta matriz comunicacional que se ha utilizado para «generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardenales previstos en nuestro orden constitucional», dando a entender que las protestas en contra del instructivo de la Onapre siguen una narrativa y no tienen razón real de producirse.
Acotan que debe determinarse la «posible existencia de forjamiento y otros ilícitos» tanto por la denuncia resuelta en esta sentencia como por otros asuntos vinculados con el tema y determinar las posibles responsabilidades que pudiesen existir.
De igual forma, exhortan a la abogada actuante en la introducción de la demanda a «no incurrir en faltas a la técnica procesal con la sentenciada y a no interponer acciones sin cumplir con los presupuestos esenciales exigidos taxativamente por la ley», insistiendo en que cualquier acción legal contra el instructivo de la Onapre no procedería ya que dicho acto administrativo «no existe».
A pesar de la presunta «inexistencia» del instructivo de la Onapre, es una realidad que las tablas salariales quedaron fijadas por las disposiciones de este documento, conocidas a través de un chat de Telegram denominado «Pagos Mppe Oficial», mediante el cual se compartieron las nuevas tablas salariales de los profesores universitarios el pasado mes de marzo.
El instructivo existe, pero solo fue difundido por canales no oficiales y no en la Gaceta Oficial, justificación utilizada por la Sala Político Administrativa para considerar que no existe el acto administrativo en cuestión.
Pero pese a ser difundido por vías no oficiales, los profesores universitarios han cobrado los montos especificados en estas tablas desde marzo y sufriendo violaciones constantes a sus derechos laborales, razón por la cual han protestado desde que se conoció la aplicación de este instructivo.