Este viernes marca el cierre del plazo para que los políticos en Venezuela presenten solicitudes al Tribunal Supremo en busca de la revisión de inhabilitaciones que les impiden competir por cargos públicos. Entre los destacados se encuentra la exdiputada María Corina Machado, quien busca participar en las presidenciales de 2024 a pesar de las restricciones impuestas.
Desde el inicio del plazo el 1 de diciembre, acordado entre el gobierno y la oposición en la mesa de negociación, al menos dos prominentes opositores, el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos, han solicitado la revisión de sus casos ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, todas las miradas se centran en María Corina Machado, la líder emergente de la oposición mayoritaria, tras su arrolladora victoria en las primarias de octubre con 2.25 millones de votos a favor de su candidatura presidencial, representando el 92.35% del total.
A pesar de su inhabilitación, que se remonta a 2015 y ha sido extendida hasta 2030, Machado insiste en que no ha sido notificada oficialmente de esta medida y sostiene que no hay ningún acto que pueda ser objeto de recurso. Ante la pregunta sobre si acudirá al Supremo este viernes, Machado afirmó: «Si no me han notificado de ningún procedimiento, difícilmente puede haber un plazo en curso».
El 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó sobre la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para la revisión de las inhabilitaciones. Mientras el gobierno venezolano consideró correcta esta medida, la oposición, representada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), recordó el precedente judicial a favor de Machado establecido en 2017 con la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, el opositor Manuel Rosales.
Este anuncio se produjo justo antes de que venciera el plazo fijado por Estados Unidos para que Venezuela avanzara en la habilitación y liberación de «presos políticos», incluyendo estadounidenses, a cambio de mantener el alivio de algunas sanciones, un acuerdo que entró en vigencia tras la firma de un pacto electoral entre el chavismo y la oposición