Al menos 46 migrantes venezolanos regresaron ilegalmente a Trinidad y Tobago después que apenas hace un mes la autoridades de ese país los enviaran de vuelta a Venezuela en una deportación masiva.
Una vez pisaron la isla nuevamente, los abogados les recomendaron que se entreguen a la policía.
Criston J. Williams y Blaine Sobrian, letrados de los connacionales, enviaron una carta a la Fiscalía Pública, al Primer Ministro, a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y a la Autoridad de Denuncias contra la Policía. Allí, expresan las intenciones de los venezolanos.
Dicho caso es igual al de Juan Manuel Acosta, refugiado criollo en Trinidad y Tobago. EstE retornó a esa nación solo cinco días después de ser expulsado el 12 de agosto.
NUEVA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN A MINISTRO
La defensa de las 46 personas solicitan nuevamente investigar a Fitzgerald Hinds, ministro de Seguridad Nacional. La razón sería que cometió crímenes de lesa humanidad al deportar a los migrantes.
Aparentemente, el funcionario forzó a los venezolanos a firmar órdenes de deportación. Los amenazó con que si no accedían a ello, irían presos. Además, se les negó el derecho a impugnar la orden.
«Los demandantes también desean presentar quejas contra el ministro en relación con delitos tipificados en los artículos 30A 1) vii) y 30B de la Ley de delitos contra la persona. 4.43», precisaron los abogados, reseñó Newsday.
De la misma forma, destacan que la conducta del ministro les generó «angustia». Adicionalmente, acusaron a Hinds y a la División de Inmigración de participar en eventos para «pervertir el curso de la justicia pública».
En su argumento, «la elusión total del procedimiento en virtud de la Ley de inmigración por el ministro y la División de Inmigración para efectuar su deportación apresurada fue premeditada para obstruir una investigación policial sobre los acontecimientos en el helipuerto y ocultar al Servicio de Policía de TT la comisión de delitos graves perpetrados allí a manos del ministro, división de Inmigración y otros servidores del Estado».
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