El gobierno de Venezuela ha acusado al gobierno de Estados Unidos de estar involucrado en un complot para asesinar a Nicolás Maduro, según revelaron las autoridades del país caribeño este año. Hasta ahora, más de treinta personas han sido arrestadas en relación con conspiraciones que incluyen el asesinato del jefe de Estado.
El canciller venezolano, Yván Gil, hizo esta acusación a través de una publicación en una red social en respuesta al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols. Nichols había criticado la detención de cuatro colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, quien es candidata de la principal coalición opositora en las próximas elecciones presidenciales.
Nichols considera que estas detenciones son «claras violaciones del acuerdo de Barbados» firmado por el chavismo y la oposición en octubre. Él exigió la «liberación inmediata e incondicional» de «todos los venezolanos detenidos injustamente», entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien fue arrestada en febrero y acusada de estar vinculada al plan de magnicidio.
Gil interpreta el mensaje de Nichols como una «revelación de las malas intenciones del Gobierno de los Estados Unidos y deja al descubierto su implicación en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro».
El canciller expresó: «La defensa obstinada y vergonzosa de personas que intentaron crear caos, destrucción y muerte en Venezuela ha chocado con la dignidad de nuestro pueblo, que ha derrotado cada conspiración de manera digna y valiente. El imperio y sus lacayos de grandes apellidos no han podido ni podrán. ¡Nosotros venceremos!».
En los últimos meses, las autoridades venezolanas se han referido a un grupo de opositores como «los apellidos», entre los que se encuentran Machado, el exgobernador Henrique Capriles, el exalcalde Leopoldo López y los expresidentes de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges y Juan Guaidó, entre otros.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, acusó al Gobierno de incumplir el acuerdo de Barbados después de la detención de un colaborador regional de Machado. A pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036, Machado espera competir en las próximas elecciones presidenciales.