“Fin de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”. Más de un año después de que Juan Guaidó lanzase este órdago a Nicolás Maduro, el chavismo sigue en el poder, la protesta social ha perdido fuelle y una votación presidencial con las condiciones de la oposición venezolana es un espejismo. Pero la crisis social y política y la renovación del Parlamento, prevista para este año, han llevado a las fuerzas opositoras a explorar con el Gobierno una vía que permita elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) más equilibrado e ir a las urnas.
La fórmula 2-2-1, un camino para unas elecciones transparentes
Para entender el complejo proceso de la composición del órgano electoral venezolano, hay que tener en cuenta que tres de los cinco cargos que lo conforman se escogen entre las propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil, uno sale de los nombres propuestos por las facultades de Derecho del país y el quinto rector viene de los postulados por el llamado Poder Ciudadano —la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República—, que controla Nicolás Maduro.
La oposición quiere garantías de que, si cada parte contará con dos rectores afines, el quinto, independiente, sea elegido de mutuo acuerdo (la llamada fórmula 2-2-1) para no tener una balanza desequilibrada como punto de partida.
Cambiar el árbitro no es, sin embargo, la única tarea pendiente para lograr unas elecciones parlamentarias transparentes. Hay otras cuestiones que tienen que negociarse. La que más preocupa a algunas figuras relevantes de la oposición es quién aprobaría ese hipotético nuevo CNE. Según las fuentes consultadas, el chavismo plantea que haya un acuerdo entre el grupo de Juan Guaidó y el del disidente opositor Luis Parra. La negativa es rotunda porque implicaría reconocer una dualidad que no consideran legítima.
En cualquiera de los casos este procedimiento tiene por delante el reto de lograr la aprobación de los dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional: 112 diputados. Actualmente ni Guaidó, que controla la bancada mayoritaria, cuenta con ellos.
Otro aspecto que será objeto de negociación son las garantías sobre cómo quitar la inhabilitación de los principales partidos de oposición y de sus candidatos, caso de Henrique Capriles o de Leopoldo López, que permanece en la Embajada de España después de ser liberado el 30 de abril del año pasado por militares disidentes del arresto domiciliario al que estaba sometido desde julio de 2017; la revisión del registro electoral y la inclusión de los votantes en el extranjero, donde ya hay más de 4,8 millones de venezolanos que migraron en busca de oportunidades y para huir de la crisis política y económica que azota al país, según el cálculo de Naciones Unidas.
Para algunas facciones de la oposición, no debe haber un acuerdo parcial, sino que todo debe estar pactado, y en este sentido, dudan que el chavismo lo vaya a aceptar. “Ir a unas elecciones sin garantías, para perderlas, como ocurrió en las de gobernadores en 2017, es suicida”, recordaba un alto dirigente opositor esta semana. En noviembre pasado un sondeo de la encuestadora Delphos revelaba que solo el 57,9% de los venezolanos tenía intención de votar.
La disposición parece haber mejorado con el comienzo de año, al igual que la valoración sobre Guaidó. Una encuesta de Datanálisis de febrero encargada por Bloomberg señala que el 82,6% de los venezolanos dice que la oposición debe participar en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, el 40,6% quiere que se celebren legislativas y presidenciales este año, mientras que el 40,3% solo quiere unas presidenciales en 2020.
Con información de Florantonia Singer.