El gobierno de Venezuela y un sector de la oposición han reanudado los diálogos que estaban suspendidos desde hace un año, llegando a un acuerdo para trabajar en un plan que permita la realización de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. En una ceremonia en Barbados, representantes de ambas partes suscribieron dos acuerdos parciales relacionados con la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos los ciudadanos.
Con información de LA Time
Estos acuerdos se firmaron cinco días antes de las elecciones primarias de la oposición para seleccionar a su candidato presidencial. Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva del gobierno de Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, y Gerardo Blyde, representante de la Plataforma Unitaria Democrática, encargada de la oposición, fueron los encargados de firmar los acuerdos.
Según Rodríguez, se acordó que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2024, con la participación de todos los candidatos presidenciales, incluyendo el ganador de las primarias de la oposición, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre estos requisitos.
Por su parte, Blyde señaló que se firmó un acuerdo para restablecer la confianza en el voto y trazar una ruta para que los ciudadanos inhabilitados y los políticos recuperen sus derechos de manera expedita.
La mediación de Noruega fue fundamental para que se reanudaran los diálogos, que habían estado suspendidos desde noviembre de 2022. El representante del gobierno noruego, Dag Nylander, expresó su satisfacción por los avances logrados en la mesa de diálogo, destacando que aún queda trabajo por hacer para superar la polarización y la confrontación en Venezuela, pero esto marca un punto de partida hacia el establecimiento de «reglas claras de convivencia política y social en Venezuela».
Según una fuente cercana a las discusiones, el cumplimiento de estos acuerdos podría llevar a Estados Unidos a aliviar algunas de las sanciones energéticas impuestas contra la administración de Maduro.
Rodríguez indicó que las partes también acordaron hacer esfuerzos para proteger los activos de Venezuela en el extranjero, incluyendo la propiedad de Citgo, una filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, cuyas acciones podrían subastarse próximamente. Esto se haría como parte de una medida para compensar las pérdidas de la minera canadiense Crystalex tras ser expropiada hace años.
El gobierno de Maduro ha exigido que Estados Unidos retire las sanciones contra su administración como parte de las conversaciones con la oposición, además de la descongelación de fondos venezolanos retenidos en el extranjero.
Por su parte, la Plataforma Unitaria ha pedido el cumplimiento del memorando de entendimiento, que incluye elecciones libres, la liberación de presos políticos, el cese de las violaciones a los derechos humanos y la generación de condiciones para la recuperación económica.
Esta plataforma también ha exigido al gobierno levantar las inhabilitaciones políticas, incluyendo la de la exlegisladora María Corina Machado, quien es la favorita para ganar las primarias. Cabe destacar que en Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un delito cometido por una persona, y se determina que además incurrió en abuso de poder, del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales. Hasta la fecha, no ha habido una sentencia firme de un tribunal venezolano que respalde estas inhabilitaciones.
El levantamiento de las inhabilitaciones depende en gran medida de la voluntad de las autoridades, y diversas instancias y organismos en Venezuela han sido señalados de estar controlados por el gobierno. La reanudación de estos diálogos representa un paso significativo en un proceso que se espera que tenga un impacto positivo en la situación política, social y económica de Venezuela.