La Asamblea General de Estados Partes al Estatuto de Roma ha anunciado que otorgará el derecho de voto en la Corte Penal Internacional (CPI) a 12 de los 13 Estados morosos que lo han solicitado, entre ellos Venezuela, que tiene una deuda de 13,4 millones de euros.
Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta del organismo, ha señalado que la Asamblea deberá establecer mejores mecanismos para evaluar este tipo de solicitudes.
La ONG Provea ha explicado en las redes sociales que aunque el mecanismo de sanción para los Estados morosos es la pérdida del derecho de voto, al no contar con criterios de evaluación definidos, se acaban otorgando exenciones a todos los Estados morosos que lo solicitan, como ha sucedido en esta Asamblea.
Solo Dominica ha perdido este derecho al no solicitar la dispensa correspondiente, según un video publicado por la organización en el que aparece Fernández de Gurmendi.
El artículo 112, numeral 8, del Estatuto de Roma establece que «el Estado Parte que se encuentre en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos».
No obstante, «la Asamblea podrá permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llega a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.»
Venezuela debe a la CPI 13,4 millones de euros, ya que no ha pagado las cuotas desde noviembre de 2018.
Provea lamentó recientemente que, en lugar de cumplir con sus compromisos, «el gobierno de Maduro paga abogados europeos para evitar que se siga investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela».