La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de ofertar acciones de empresas del Estado se debe a la necesidad de encontrar financiamiento, tecnología y acceso a nuevos mercados, asegura el economista y exministro de Hugo Chávez Víctor Álvarez.
Elías Rivas.- ND
«Maduro está decidido a quitarse de encima las empresas públicas que no facturan, ni siquiera para pagar la nómina, pero que se acostumbraron a las transferencias estatales desde el Banco Central de Venezuela», aseguró Álvarez en un audio de podcast, reseñado por Banca y Negocios.
A juicio del economista, las transferencias con dinero sin respaldo desató una voraz hiperinflación y generó un creciente malestar social con costo político, sin embargo, considera que esta sería una medida para evitar volver a escenarios de hiperinflación y pagar un costo político electoral de cara los comicios de 2024.
«La entrada de las empresas estatales a la bolsa, significa el fin de la economía rentista que hasta hace unos años utilizó el caudaloso ingreso petrolero para financiar una creciente presencia del Estado en la economía», apunta Álvarez.
Asegura que «ya no es posible transferir la menguada renta petrolera a las empresas, a través de inversión directa o con préstamos a baja tasa de interés y con garantías flexibles».
Sin embargo, recalca la necesidad de que las empresas sean saneadas y convocar a asambleas de accionistas, activar mecanismos de memoria y cuenta, para llamar la atención de inversionistas serios.
De entrar al mercado de valores, Álvarez prevé que «seguramente esas acciones las tomarán accionistas de alto riesgo que, ya vienen conversando con el gobierno para asumir la reestructuración de las empresas».
«Se trata de un proceso de privatización en dos tiempos: Primero se privatiza la gestión de la empresa, para que se encarguen de repotenciarla, luego, una vez saneada, se procede a privatizar la propiedad de los activos», detalló.
Para Víctor Álvarez, lo importante de esta medida que se estimule a inversionistas serios y se cierre el paso a las intenciones de lavar dinero, que se responda al interés nacional y no sea un episodio más del capitalismo de clientes, a través de grupos privilegiados que aprovechan apuros del Gobierno para el remate de los activos públicos.