La organización de derechos humanos publicó el boletín de enero-marzo 2020 sobre la situación general en la entidad
Por El Nacional
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el boletín de enero-marzo 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en la entidad.
El informe de la organización documenta dos situaciones centrales del acontecer actual que afectan el bienestar de la colectividad. En el primer capítulo hace un repaso sobre la precariedad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y su afectación a la calidad de vida de los zulianos. En el segundo capítulo, se refiere a la propagación de la enfermedad covid-19, declarada el 12 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, frente a la cual el Estado venezolano ha decretado un estado de alarma, que implica la limitación de más derechos y riesgos de abuso de poder.
Sin acceso al agua
Durante el primer trimestre del año se han replicado las mismas carencias reportadas el año pasado para garantizar el acceso al agua, señala Codhez en una nota de prensa: los entes gubernamentales no dan respuestas eficaces ni precisas a esta problemática, en la actualidad agravada en el contexto de la cuarentena.
De acuerdo a anuncios de febrero de la empresa estatal Hidrolago, se tenía previsto atender de manera rápida las fugas de agua en las tuberías principales, y “llevar el actual esquema de bombeo a una vez por semana en las comunidades en Maracaibo”, pero la realidad es que muchas de las comunidades no disponen de un servicio continuo de agua corriente, y si acaso cuentan con el suministro, los períodos de espera se prolongan por varias semanas.
Sectores como Cuatricentenario y La Victoria, en el oeste de Maracaibo, han padecido períodos de tres a cinco meses sin agua corriente, mientras que otros como San Jacinto (norte de la ciudad), después de un mes sin agua, tuvieron servicio por solo treinta minutos.
En el contexto de la cuarentena por covid-19, desde el 13 hasta el 24 de marzo se reportó que al menos 87 sectores del Zulia, ubicados en 8 municipios y 31 parroquias, en las que residen más de dos millones de personas, denunciaron dificultades de acceso al agua potable. En Maracaibo se concentran 53 de esos sectores. Otros municipios donde se reportaron fallas fueron Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar y Lagunillas.
En este sentido, Codhez recuerda que hasta ahora no se ha dado a conocer un plan de contingencia que garantice la distribución de agua potable en el Zulia durante la emergencia sanitaria, fundamental para la prevención de la propagación del virus. A su vez, toma nota del recrudecimiento de los cortes eléctricos y apagones generales en la región. La emergencia eléctrica persiste sin que se avizore una solución definitiva y que deriva en una reiterada violación al derecho a un nivel de vida adecuado.
Un decreto de estado de alarma con potestades ilimitadas
A partir del 13 de marzo el Ejecutivo nacional decidió dictar un decreto de estado de excepción mediante el cual se declaró el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19). En este contexto, Codhez observa que gobernadores y alcaldes han dictado medidas restrictivas ex novo mediante decretos, a pesar de no contar con atribuciones constitucionales para ello.
El 16 de marzo la gobernación del Zulia publicó en el número 2.809 extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado Zulia, el decreto 822 mediante el cual “se declara estado de alerta en todo el territorio del estado Zulia, por ser un hecho público, notorio y comunicacional la emergencia nacional decretada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la pandemia mundial por el virus covid-19 ‘coronavirus’”. Ese mismo día, la alcaldía de Maracaibo dictó el Decreto 0023-2020, que luego fue derogado por el vigente decreto 0024-2020 de 19 de marzo, que establece “la cuarentena colectiva y social dentro del municipio Maracaibo”. Estos instrumentos se caracterizan por crear restricciones no contempladas en el decreto nacional, e incluso, prever sanciones.
Ante esto, Codhez declara que lo ajustado a la Constitución hubiera sido el desarrollo de decretos regionales y locales según el marco regulatorio de medidas específicas dictadas por el Ejecutivo nacional, de modo que gobernadores y alcaldes no tuvieran potestad de innovar en las restricciones sino de desarrollarlas de acuerdo con las previstas en la regulación nacional. Por ejemplo, de acuerdo a la organización no gubernamental, el Ejecutivo nacional ha debido establecer un marco regulatorio para la libertad de tránsito, de modo que los gobiernos regionales y/o locales, de acuerdo a la realidad de su contexto, especificaran horarios, días de paro, entre otras medidas, siempre que estuvieran contempladas como regulaciones posibles en el decreto nacional.
La prohibición de suministro de gasolina y sus afectaciones al derecho a la salud
Con respecto a la prohibición absoluta del suministro de gasolina a la población en general, sin garantizarlo siquiera a personal de salud y personas que necesitan atención médica, Codhez califica esta medida como desproporcionada y que solo contribuye a prácticas de corrupción y mayor caos. El 15 de marzo se anunció que desde el 16 de marzo se prohibía la venta de gasolina a la población en general, de modo que “solo podrán surtirse las áreas priorizadas por la contingencia como la salud, la alimentación, seguridad, telecomunicaciones… Se otorgarán salvoconductos a los sectores de interés social”.
Ahora bien, si bien el sector salud debe ser considerado como un sector esencial, la organización no gubernamental observó que el 25 de marzo, un grupo de personas, entre personal médico y personas que requieren tratamiento médico urgente, estuvieron esperando más de doce horas por surtir de combustible en la estación de servicio El Pinar. Al día siguiente, este grupo de personas fue desalojado por la Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos policiales.
Para la consecución real del derecho a la salud, reconocido como parte del derecho a la vida, y previsto en la Constitución y en tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, Codhez considera que es necesario que el Estado lo asuma como obligación fundamental, máxime en las circunstancias actuales, que lo compele a atender y solucionar de forma prioritaria la situación de las personas que requieren tratamientos médicos urgentes.
Codhez exige que el Estado active toda su capacidad para responder de manera adecuada y oportuna en procura de cumplir con su obligación de garantizar salud y bienestar a los zulianos. El país, que atraviesa de por sí una grave crisis sanitaria y de salud pública, exige ahora medidas eficientes para la prevención de la enfermedad Covid-19, así como para el tratamiento y recuperación de las personas que resulten afectadas y de las personas que viven con condiciones de salud crónica, que no pueden esperar por su tratamiento a la normalización de la situación.
Otra de las situaciones documentados en el informe de Codhez, fue un suceso que ocurrió al inicio de la cuarentena colectiva: la fuga de privados de libertad que se encontraban recluidos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas San Carlos del Zulia, también conocido como Retén de San Carlos, ubicado en el municipio Colón (Sur del Lago).
La versión oficial sobre el hecho, suscitado el 18 de marzo, apunta que un total de 84 presos, 76 hombres y 8 mujeres se escaparon del pabellón A del retén.
Luego, en la rueda de prensa del 18 de marzo donde se informó sobre este suceso, se reveló que 35 de estas personas habían sido “neutralizadas” (término utilizado por las fuerzas de seguridad para referirse a personas abatidas durante operaciones policiales o militares), y 5 recapturadas.
En declaraciones de ese mismo día, tanto el gobernador del estado como el alcalde del municipio Colón, Blagdimir Labrador, aclararon que habían sido 10 los reclusos “neutralizados” en un presunto enfrentamiento. No obstante, el gobernador afirmó que los recapturados habían sido 4, mientras que el alcalde indicó que habían sido 6. La última actualización oficial con respecto a este acontecimiento, fue el 24 de marzo por parte del jefe de la REDI-Zulia, quien reportó que, en total, para esa fecha, habían sido “neutralizados” 17 privados de libertad , y recapturados 27.
Codhez observa que después de la aclaratoria de las primeras cifras anunciadas, hasta finales del mes de marzo aún no se tenía información oficial precisa, ni tampoco si se había abierto algún tipo de investigación para determinar la veracidad de los hechos ni las circunstancias de los enfrentamientos.