Desde hace varios meses se ha estado hablando sobre el caso de Karla Moya Boada, una venezolana que se hacía pasar por cirujana plástica y realizaba operaciones en República Dominicana. Sin embargo, el 25 de septiembre fue arrestada en Punta Cana mientras intentaba salir del país.
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva para Moya Boada por ejercer la medicina ilegalmente en territorio dominicano. El veredicto será emitido por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Un canal de televisión dominicano, Canal9, llevó a cabo una investigación sobre esta mujer y habló con algunas de las víctimas de sus malas prácticas médicas, algunas de las cuales estuvieron al borde de la muerte.
Según el medio, después de recibir la denuncia, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la clínica en la que Moya trabajaba, ya que no cumplía con los requisitos necesarios.
Moya afirmaba ser médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, pero no se encontraron pruebas de que hubiera cursado estudios superiores más allá de algunos certificados y diplomas ofrecidos por empresas de estética. Incluso se descubrió que su título, supuestamente emitido por la UCV en 2008, era falso. Al contactar a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, confirmaron que Moya no era reconocida como alguien que hubiera cursado la especialización en cuestión.
La falsa cirujana plástica trabajó desde 2011 en el Ki Centro Médico Integral del Caribe, que fue cerrado por la Dirección de Habilitación de Salud Pública por violar la Ley General de Salud 42-01. Según sus redes sociales, Moya se presentaba como especialista en cirugía estética, especialmente en la eliminación de biopolímeros faciales, endolifting, laserlipólisis y armonización facial. Además, ofrecía servicios estéticos relacionados con la ginecología. Sin embargo, este año trasladó su práctica a otro lugar: el Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf).
Según la investigación de Canal9, Cemeraf es un centro médico cuestionable en República Dominicana debido a que su directora, Libni Arodi Valenzuela Matos, ha sido denunciada por lavado de activos y testaferrato. En 2021, el Ministerio Público confiscó todos los equipos médicos y dispositivos de la clínica, pero en 2022 se informó en los medios locales que el centro había vuelto a abrir. Sin embargo, la justicia determinó que Cemeraf no contaba con licencia, por lo que las autoridades cerraron el establecimiento en septiembre.