Control Ciudadano pide a Fiscalía fijar responsabilidades por daño ambiental en la Amazonía

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La organización no gubernamental (ONG) Control Ciudadano de Venezuela ha hecho un llamado a la Fiscalía y otras autoridades para que investiguen y determinen las responsabilidades de los funcionarios civiles y militares que permitieron la proliferación de la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana durante la última década. Esta reserva está ubicada en el estado de Amazonas, en el sur del país, cerca de las fronteras con Brasil y Colombia.

En un comunicado, Control Ciudadano instó al Ministerio Público y otras autoridades competentes a establecer las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, encargados de la protección ambiental, por su omisión en la prevención de los daños ecológicos causados al Parque Nacional Yapacana.

La ONG resaltó que, si bien las autoridades militares han desplegado más de 25.000 efectivos en Yapacana para erradicar la minería ilegal y han desalojado a más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» desde el 1 de julio, aún no se han determinado responsabilidades por la falta de protección ambiental.

Desde julio, la Fuerza Armada ha llevado a cabo numerosas operaciones en la Amazonía venezolana, resultando en la expulsión de más de 14.000 personas acusadas de participar en la minería ilegal y en el desmantelamiento de más de 4.500 campamentos utilizados para esta actividad ilícita, según informes militares.

El pasado jueves, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, anunció la detención de 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, de las cuales 42 son extranjeras, siendo 37 de nacionalidad colombiana, dos brasileñas, dos ecuatorianas y una peruana.

El militar también señaló que un tribunal ha autorizado la aplicación de «medidas judiciales precautelares» contra los acusados de minería ilegal en Yapacana. Sin embargo, no se especifica si estas medidas incluyen la facultad de arrestar a civiles.

La solicitud de Control Ciudadano busca que se haga justicia y se establezcan responsabilidades por la falta de protección ambiental en el Parque Nacional Yapacana, con el objetivo de evitar que la minería ilegal siga causando daños irreparables en esta importante reserva natural de Venezuela.