La Contraloría General de la República (CGR) aún no ha emitido un comunicado sobre el caso de la inhabilitación de María Corina Machado después de que se agotara el plazo dado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según lo establecido por el TSJ, la CGR debía presentar los documentos que respaldan la inhabilitación política de la candidata presidencial de la oposición antes del domingo 24 de diciembre.
Sin embargo, una vez transcurridas las 72 horas, la Contraloría no ha emitido ningún pronunciamiento ni ha realizado anuncios a través de las redes sociales. Por su parte, el TSJ tampoco ha emitido ninguna declaración al respecto. Los ciudadanos están a la expectativa de la decisión que tomarán las autoridades en relación al caso de Machado.
Previo a la decisión del TSJ, Machado presentó una demanda de reclamación el 15 de diciembre, solicitando una acción de amparo cautelar contra la sanción de inhabilitación por un período de 15 años para el ejercicio de funciones públicas.
Diversas personalidades políticas y nacionales están a la espera de alguna declaración por parte de las autoridades. El periodista Isnardo Bravo se pregunta si habrá alguna noticia al respecto. El abogado Julio Silva también se manifestó sobre el silencio de la Contraloría y el TSJ, señalando que hasta el momento no hay información alguna.
El TSJ informó que le daba tres días a la Contraloría General para presentar la documentación que justifica la inhabilitación de 15 años impuesta a María Corina Machado, quien asegura no haber sido notificada de esta sanción. Esta medida impediría a Machado competir en las elecciones de 2024.
Machado acudió al TSJ el viernes 15 de diciembre para presentar su caso, en el marco del proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que ella representa en las presidenciales.
Al salir del TSJ, Machado declaró ante un grupo reducido de periodistas que ahora la pelota está en el campo de Nicolás Maduro, quien deberá decidir si cumple con lo acordado con la comunidad internacional para garantizar elecciones limpias el próximo año.