La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha llevado a cabo la desarticulación de un campamento de minería ilegal en la zona de Mina Escondida, ubicada en el estado Amazonas.
Según ha informado el Comando Estratégico Operacional (Ceofan), encabezado por Domingo Hernández Lárez, se ha detenido a cuatro individuos identificados como Olmes Peña Berajano, de nacionalidad colombiana, y los venezolanos José Manuel Blanca, Osmar Antonio Cuervo Cabrera y Eudibel Rodríguez.
Hernández Lárez ha declarado que «todos aquellos ciudadanos que incumplan la ley serán llevados ante la justicia y sus materiales serán destruidos por ecocidio y permanencia ilegal y arbitraria».
A finales de febrero, Hernández Lárez informó sobre la expulsión de más de 60 ciudadanos colombianos que trabajaban en una mina ilegal que colapsó en el estado Bolívar, dejando un saldo de 16 muertos y 36 heridos.
En aquella ocasión, el jefe del Ceofan explicó que estas personas, que fueron repatriadas a Colombia, utilizaban balsas mineras y causaban «graves daños a la vegetación y a los lechos de los ríos en parques nacionales», sin especificar si se les impuso alguna sanción legal además de la expulsión.
En 2023, el Gobierno aplicó un plan de desalojo en el sur del país que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los informes oficiales, después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara a los militares una «batalla» para «limpiar» la parte venezolana de la Amazonía.
Hernández Lárez también ha asegurado que se ha procedido a la evacuación de 453 personas que se encontraban en situación de permanencia ilegal en el área conocida como Agua Blanca, ubicada dentro del Parque Nacional Caura.
Ha explicado que esta área goza de una protección especial como parte del Parque Nacional Caura, un espacio con un estatus legal que requiere a los ciudadanos cuidar y preservar la riqueza natural presente.
«La conservación del medio ambiente es un deber ético y constitucional que debe cumplirse para garantizar la vida de la especie humana en el planeta. Los derechos de la naturaleza deben prevalecer sobre los derechos individuales», afirmó Hernández Lárez.