EE UU exigió la liberación de Rocío San Miguel, Henry Alviárez y Dignora Hernández

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La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha realizado un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que libere a Rocío San Miguel, una destacada abogada y activista de los derechos humanos, así como a los líderes políticos de Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández.

En un comunicado emitido a través de su cuenta oficial en X, la embajada expresó su exigencia de liberación para estos individuos, quienes han sido detenidos sin el debido proceso.

Rocío San Miguel, Henry Alviárez y Dignora Hernández fueron arrestados por las autoridades de seguridad venezolanas entre febrero y marzo de este año, bajo la acusación de estar involucrados en conspiraciones.

Sin embargo, recientemente se ha revelado que tanto San Miguel como Alejandro González de Canales, otro acusado en el caso, fueron enjuiciados en ausencia de su defensa privada, lo que ha generado preocupación por la violación de su derecho a la defensa.

El abogado defensor Joel García denunció que el Ministerio Público presentó acusaciones contra San Miguel y González sin respetar su derecho a contar con una defensa de confianza, y que la defensa pública asignada nunca ha visitado ni realizado acciones para proteger sus intereses legales.

Mientras tanto, Rocío San Miguel se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, mientras que Henry Alviárez y Dignora Hernández han sido víctimas de desaparición forzada desde hace 14 días.

Esta nueva exigencia por parte de la Embajada de Estados Unidos es un reflejo de la preocupación internacional por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en Venezuela.

Se espera que las autoridades venezolanas tomen en cuenta estas demandas y actúen de acuerdo con los principios fundamentales del estado de derecho. La liberación de Rocío San Miguel, Henry Alviárez y Dignora Hernández, así como de todos los presos políticos en Venezuela, sería un paso importante hacia la garantía de los derechos fundamentales en el país.