Las instituciones venezolanas han tomado la decisión de agilizar los procesos judiciales de los reclusos, ya que según las organizaciones no gubernamentales, se han presentado retrasos de meses e incluso años. Esta situación ha llevado a un grave problema de hacinamiento en los centros de reclusión, donde miles de presos sufren en condiciones precarias.
En una declaración oficial, el gobierno informó sobre una reunión entre el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, y otras autoridades para discutir los avances en los procesos relacionados con los privados de libertad. Este encuentro formó parte de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, creada en junio de 2021 con el objetivo de mejorar los procesos judiciales.
Según el comunicado, estas acciones forman parte de las políticas del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia. Sin embargo, no se proporcionaron detalles específicos sobre lo discutido o acordado en la reunión.
La ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, anunció a través de su cuenta de Twitter que se acordaron actividades inmediatas para garantizar la celeridad procesal y los derechos constitucionales de la población reclusa.
Esta reunión tuvo lugar días después de que el gobierno interviniera siete prisiones en el país, mediante operativos militares y policiales con el objetivo de acabar con las mafias que operaban desde estos lugares, según la versión oficial.
La llamada «revolución judicial», impulsada por Nicolás Maduro, tiene como objetivo principal acabar con el hacinamiento en los centros de detención, garantizar el traslado rápido de los reclusos a las cárceles y acelerar los procesos judiciales.
Según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2022 las cárceles de Venezuela registraron un hacinamiento del 64,19%, con una población de 33.558 reclusos en una capacidad real instalada de 20.438 plazas. Estos datos fueron difundidos en marzo y reflejan la grave situación en las prisiones del país.