Gobierno de Maduro rechazó las declaraciones de Guyana: «Infames y ofensivas»

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En relación a las declaraciones recientes de Guyana sobre el próximo referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial entre ambos países, Venezuela expresó su rechazo y afirmó que demuestran un profundo desprecio por el pueblo venezolano. En un comunicado, Venezuela calificó las declaraciones de Georgetown como infames y ofensivas, ya que acusan a Caracas de promover un reclamo ilegal e infundado sobre más de dos tercios del territorio nacional de Guyana.

Las autoridades guyanesas argumentaron que estas acciones podrían afectar la seguridad de Guyana y, por extensión, de la región del Caribe. Por su parte, Venezuela afirmó que las declaraciones de Guyana están siendo redactadas por abogados de ExxonMobil, empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños y ha comprado a la clase política guyanesa con el objetivo de apoderarse de recursos energéticos que no le corresponden, amenazando así la paz y la estabilidad de Venezuela.

Además, Venezuela advirtió que la negativa al diálogo por parte del presidente de Guyana, Irfaan Ali, podría llevar a un peligroso conflicto de grandes dimensiones. Por tanto, instó al gobierno guyanés a abandonar acciones unilaterales y en su lugar, asumir negociaciones serias que permitan llegar a un acuerdo práctico y mutuamente aceptable en la disputa por el territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo.

En el referendo consultivo promovido por la Asamblea Nacional de Venezuela, se incluyen cinco preguntas que los ciudadanos deberán responder. Una de estas preguntas plantea la posibilidad de crear un estado para anexar la Guayana Esequiba. Además, se consultará si los venezolanos rechazan el laudo arbitral de París de 1899, en el cual Guyana fundamenta su reclamo, y se buscará legitimar la defensa del Acuerdo de Ginebra como mecanismo para resolver la disputa.

Venezuela defiende que es el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, el que rige el conflicto y establece que las partes deben resolver de manera satisfactoria, práctica y amistosa la controversia territorial. Por otro lado, rechaza la intervención de la Corte Internacional de Justicia, que este año se declaró competente para resolver la disputa.