Gobierno de Nicaragua cierra fundación religiosa y confisca sus bienes en medio de represión a ONG»

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El gobierno de Nicaragua clausuró la fundación católica Fraternidad Pobres de Jesucristo y ordenó el traspaso de sus bienes al Estado, según informó el diario oficial La Gaceta. La organización religiosa, que había estado trabajando en el país durante siete años, proporcionaba alimentos y vestimenta a comunidades pobres en el departamento de León.

Con información de AP

El cierre de esta fundación se suma a la lista de más de 3.300 organizaciones sociales que han sido cerradas en los últimos años por el gobierno de Daniel Ortega. El Ministerio de Gobernación argumentó que la Fraternidad Pobres de Jesucristo no había renovado su junta directiva desde 2021 y no había presentado sus estados financieros entre 2020 y 2022.

Estos argumentos son similares a los utilizados para justificar el cierre de otras ONG, quienes han denunciado la falta de permisos para actualizar sus registros legales ante el Ministerio de Gobernación desde 2020.

El gobierno de Nicaragua también dispuso la confiscación de las propiedades de la fundación y ordenó que sean traspasadas al Estado. Esta medida se produce en un contexto de tensiones entre el gobierno sandinista y la Iglesia católica, con la condena de un obispo a más de 26 años de prisión y la investigación de la Iglesia por presunto lavado de dinero.

Según la investigadora Martha Molina, con la salida de las cuatro monjas brasileñas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ya son 40 las religiosas que han abandonado Nicaragua desde 2018. Además, se han visto obligados a salir del país 77 sacerdotes nicaragüenses y extranjeros.

La clausura de la fundación y el cierre de las ONG en Nicaragua han tenido un impacto significativo en la sociedad, con la pérdida de proyectos suspendidos, empleos directos y ayuda para la subsistencia básica de millones de nicaragüenses en situación de vulnerabilidad. Según la ONG Fundación del Río, al menos 3.364 asociaciones sin fines de lucro han sido cerradas desde 2018, generando pérdidas estimadas en 255 millones de dólares.