Inhabilitaciones políticas: Venezuela y Nicaragua comparten estrategias para excluir a opositores

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Venezuela y Nicaragua se asemejan no solo por sus gobiernos autoritarios y personalistas que intentan controlar cada aspecto de la vida, sino también por su simulación de democracia que busca dejar fuera del juego a sus contrincantes, especialmente a aquellos que tienen una verdadera oportunidad de vencerles. Las inhabilitaciones políticas se han convertido en su arma preferida, utilizándola sin escrúpulos para mantenerse en el poder.

Con información de El Nacional

El anuncio realizado este viernes por José Brito, diputado vinculado al chavismo, sobre la inhabilitación de María Corina Machado, que data de 2015 y se extiende por 15 años, muestra una estrategia consistente que ha sido utilizada en otras ocasiones, alcanzando niveles de abuso. El chavismo ya empleó esta misma táctica para sacar de la contienda a Freddy Superlano en Barinas, en un acto bochornoso en el que se anunció la inhabilitación justo en el momento del conteo de votos. Además, también inhabilitaron a su esposa, Aurora Silva de Superlano, con el objetivo de que Jorge Arreaza obtuviera la gobernación en la repetición de las elecciones. Sin embargo, el opositor Sergio Garrido resultó victorioso al final.

Numerosos opositores en Venezuela han sido víctimas de inhabilitaciones. Henrique Capriles, otro destacado candidato para la primaria opositora, fue suspendido en 2017 por 15 años debido a supuestas «irregularidades administrativas» durante su gestión como gobernador de Miranda entre 2008 y 2017. La lista continúa con Leopoldo López, Daniel Ceballos, César Pérez Vivas, Pablo Pérez, Vicencio Scarano, Juan Guaidó y muchos otros, quienes han enfrentado diferentes formas de inhabilitación para evitar su participación en elecciones y limitar sus derechos políticos.

La organización Acceso a la Justicia ha denunciado en repetidas ocasiones el uso de la inhabilitación como una herramienta de persecución en Venezuela. Según esta ONG, entre 2002 y 2015, la Contraloría inhabilitó a 1.401 funcionarios públicos. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en 2015 sobre la inhabilitación de Leopoldo López, señalando que estas sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal y exigiendo al gobierno venezolano que eliminara las inhabilitaciones y permitiera a los afectados participar en elecciones.

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega también ha empleado la táctica de las inhabilitaciones políticas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que al menos 14 personas fueron inhabilitadas sin ningún trámite. Además, el pasado 9 de febrero, 222 nicaragüenses, incluyendo siete candidatos opositores a la presidencia, fueron expulsados del país y se les suspendieron de por vida sus derechos para ejercer cargos públicos mediante una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua. Estas acciones incluyeron la revocación de la nacionalidad nicaragüense de este grupo, aplicando