Kellogg contra Venezuela, un caso que resurge tras una solicitud de arbitraje

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La reciente solicitud de arbitraje presentada por la multinacional Kellogg contra Venezuela ha puesto nuevamente en el centro de atención un caso en el que, según expertos, el país se encuentra en una posición desfavorable. Después de cinco años de haber tomado posesión de la planta de Kellogg en el país y producir cereales con las marcas originales sin autorización, Venezuela se enfrenta a una demanda que podría tener consecuencias negativas.

El 9 de noviembre, la subsidiaria británica Kellogg Latin America Holding Company (One) Limited presentó una solicitud ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) para iniciar un procedimiento legal. En 2018, Kellogg decidió cerrar sus operaciones en Venezuela debido a la crisis económica y política que estaba afectando al país. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la entrega de la planta a los trabajadores para que continuara produciendo. Desde entonces, los productos de Kellogg se siguen vendiendo en el país con las marcas originales y referencias al gobierno.

El abogado Cástor González señala que era solo cuestión de tiempo antes de que Kellogg presentara una demanda formal debido al uso no autorizado de sus marcas. González destaca que detrás de cada marca hay un importante esfuerzo de investigación y desarrollo, así como controles de calidad, especialmente en la industria alimentaria. En Venezuela, Kellogg no tiene ninguna supervisión sobre la producción y no puede responder ante los consumidores por la calidad de los productos.

Desde que Kellogg cesó sus operaciones en el país, la empresa ha dejado claro que no se hace responsable del uso de sus instalaciones, equipos y marcas. En 2019, anunció que tomaría acciones legales por la apropiación de sus activos y el uso indebido de su marca. Sin embargo, los expertos dudan de que la solicitud de arbitraje avance en el Ciadi debido a la denuncia de Venezuela en 2012 del convenio que permite el arbitraje internacional. Este hecho ya causó que el caso de la empresa Kimberly Clark fuera desestimado en el Ciadi años después.

Este caso no es aislado, ya que ha habido otros casos similares en los que el gobierno venezolano ha tomado posesión de empresas extranjeras. La abogada Andrea Rondón destaca que estas acciones no son expropiaciones legales, sino más bien un despojo violento de la propiedad. Rondón explica que las expropiaciones legales implican un proceso judicial y una compensación justa, lo cual no ha ocurrido en estos casos.

Aunque la solicitud de Kellogg en el Ciadi puede tener pocas posibilidades de éxito, Rondón señala que la empresa podría buscar otras instancias legales donde tenga mayores posibilidades de que el caso avance. Mientras tanto, este caso pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las empresas extranjeras que operan en Venezuela y la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual.