Libertad de presión

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Desde el año 2002 y hasta 2023 se han registrado en Venezuela 5.396 violaciones de la libertad de expresión, según ha documentado pacientemente la asociación civil Espacio Público. A un promedio de 240 por año: una cada 36 horas. Los gobiernos, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, se han entregado con verdadero afán a la tarea de silenciar e impedir la circulación de información.

Por El Nacional

El jueves de esta semana se celebra el Día del Periodista. Los periodistas y los medios han sido las víctimas preferidas del sistemático hostigamiento oficial, sin olvidar a activistas sociales y políticos, funcionarios y ciudadanos de a pie. Hay más que lamentar que celebrar, aunque merece reconocimiento la perseverancia de quienes buscan y procesan información bajo la amenaza de perder su libertad, de medios tradicionales reducidos a su mínima expresión y de la pujante, sin embargo, variedad de portales web creados durante este largo período de control de las voces críticas.

Una amañada e inaudita legalidad ha alentado la persecución. Primero, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión -la denominada Ley Resorte-, fruto de mentalidades anticuadas, alérgicas a la libertad que en nombre de supuestos beneficios para la salud de las conciencias, determina qué debe difundirse, cómo y cuándo. Después, la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que la ilegítima Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad. Desde su promulgación se tiene noticia de 162 violaciones de la libertad de expresión, en la mayoría de los casos por hostigamiento judicial e intimidación que da lugar a detenciones arbitrarias.

En dos décadas, según las cuentas de Espacio Público, se ha producido el cierre de 400 medios de comunicación: periódicos, emisoras radiales, canales de televisión y plataformas digitales. En 2012 se imprimía un centenar diarios en el país; en 2023, 24. Entre 2010 y 2012, período de incremento del uso de las redes sociales y de aumento del número de plataformas digitales, se contabiliza, al menos, 190 bloqueos ejecutados por organismos estatales que limitan el acceso y la difusión de contenidos e información en línea.

En paralelo al ataque permanente a los medios privados e independientes, el gobierno se convirtió en dueño absoluto de los medios públicos, sin posibilidad alguna para que otras expresiones políticas o ideológicas puedan expresarse en ellos. Se viola en toda su letra y espíritu el artículo 57 de la Constitución que establece que «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura». Y más que sobre cualquier medio, los públicos que pertenecen a todos los venezolanos.

El abusivo control de los medios estatales, junto con el cerco del espectro ajeno al Estado, configuran en este período electoral un elemento más de la desproporción y ventajismo del partido de gobierno y restringen severamente el acceso de la población a medios fiables para su orientación y expresión política, piedra angular de una sociedad en verdadera convivencia.

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