Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela han expresado su preocupación por la retomada de la discusión del proyecto de ley que busca regular su actuación y financiamiento.
Este proyecto, que fue preaprobado por la Asamblea Nacional en enero de 2023 y está pendiente de una discusión más detallada para su aprobación definitiva, ha sido criticado por violar el derecho humano a la libertad de asociación, imponiendo sanciones desproporcionadas y sin criterios claros de evaluación.
La ONG Fundaredes ha señalado en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que esta ley aumenta el cierre del espacio cívico y toma represalias contra las asociaciones autónomas de la sociedad venezolana, vulnerando los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado y la Constitución.
Por su parte, la organización Encuentro, Justicia y Perdón ha recordado que la aprobación de esta norma dejaría a las ONG en una situación de inseguridad jurídica indefinida, y ha sido rechazada por unos 500 grupos de este tipo que se pronunciaron en contra.
Otras organizaciones como Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+ también han señalado que esta ley va en contra de los estándares internacionales y que la ciudadanía desconoce su contenido. El proyecto inicial de esta ley contempla multas de hasta 12.000 dólares para las ONG que no se registren en la entidad de control propuesta o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
La Asamblea Nacional ha iniciado una consulta abierta con la sociedad civil sobre este proyecto de ley, con el objetivo de permitir, supervisar, revisar y registrar las ONG. Según el comunicado del Legislativo, esta discusión pública se llevará a cabo durante todo el fin de semana y ya ha contado con la participación de miembros de movimientos sociales, funcionarios de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, las Fuerzas Armadas y algunos ministerios, así como estudiantes de Derecho.