La Administración de Donald Trump ha pausado el proceso de residencia permanente, conocido como green card (tarjeta verde), para algunos migrantes que la han solicitado en los últimos años. Los afectados son principalmente refugiados y asilados, de acuerdo a la cadena CBS, quien adelantó la noticia. Washington justifica la medida argumentando que muchos fraudes se han cometido durante la solicitud de la residencia. El freno a un largo trámite que puede tardar años, deja en un limbo legal a quienes lo solicitaron y se suma a la zozobra que ha dejado la ofensiva del Gobierno federal contra los migrantes, muchos de ellos con estatus legal.
Por El País
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por las siglas en inglés, notificó recientemente a sus empleados que deben pausar hasta nuevo aviso todo proceso que haya sido iniciado por inmigrantes que arribaron al territorio estadounidense en calidad de refugiados o gracias al asilo.
USCIS considera este freno un “ajuste de estatus“. “Algunas solicitudes pendientes serán sometidas a una revisión más exhaustiva para identificar potenciales fraudes, amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado dirigido a la CBS.
La institución encabezada por Kirsti Noem asegura que estos procesos fueron laxos durante la presidencia de Joe Biden. Pero las cifras no acompañan estos dichos. Las autoridades dieron la nacionalidad (un proceso distinto a la tarjeta verde) a 875.000 nuevos ciudadanos durante el primer año del mandatario demócrata. La cifra representaba un 9% menos comparado con los 969.000 que fueron naturalizados en el año fiscal 2022, el que más nuevos estadounidenses registró en una década. El número no cambió durante el 2024, el último de Biden en la Casa Blanca. En tres años, el país sumó unos 2,6 millones de nuevos ciudadanos.
Desde su retorno a la Casa Blanca Trump instruyó a todo el Ejecutivo, mediante un par de memorandos, a incrementar la vigilancia en los trámites de inmigración al país, desde la expedición de los visados temporales hasta la green card. “Estados Unidos debe asegurarse de que todos los inmigrantes admitidos y extranjeros ya presentes en el país no tengan actitudes hostiles contra sus ciudadanos, la cultura, el Gobierno, sus instituciones y nuestros principios fundacionales”, aseguraba Trump en un documento fechado el pasado 20 de enero, el primer día de la segunda presidencia del republicano.
El Gobierno de Estados Unidos, sea del partido que sea, suele añadir requisitos o modificarlos para la residencia permanente. A finales de 2024, aún en la era del demócrata Joe Biden, el USCIS informó que sería necesario presentar un examen médico junto a los formularios que exige el trámite.
El freno a los procesos de la green card se suman al golpe contra el parole humanitario. Washington canceló esta semana el estatus legal en el país y las visas de trabajo para centenares de miles de inmigrantes llegados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en los años recientes. Esto deja sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas en todo el país, no solo a los beneficiarios de la libertad condicional, sino a sus familiares inmediatos, quienes deberán autoexpulsarse del país en las próximas semanas si es que no quieren ser cazados por agentes de ICE, la policía migratoria.
Además, la semana pasada, la Administración canceló los contratos a decenas de organizaciones no gubernamentales y despachos jurídicos que trabajan en el procesamiento de casos de asilo de los menores no acompañados. Decenas de miles de niños migraron solos a Estados Unidos en los últimos años. El Ejecutivo ha puesto obstáculos para que todos estos indocumentados menores de edad puedan permanecer en el territorio estadounidense. Las autoridades federales argumentan que la cancelación responde a supuestos fraudes y abusos que se han detectado en este tipo de casos.
