Leavenworth, en Kansas, ocupa un espacio mítico en la historia del crimen estadounidense y evoca las duras condenas de quienes han estado recluidos allí. Ese penal federal albergó a criminales como Al Capone y Machine Gun Kelly. El edificio es tan infame que fue bautizado como ‘la casa grande’ de las cárceles.
Ahora, la ciudad más antigua de Kansas podría albergar pronto a detenidos mucho menos famosos: inmigrantes que son el centro de la promesa del presidente, Donald Trump, de deportaciones masivas contra quienes viven sin documentos en Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump ha firmado un acuerdo con la empresa privada de prisiones CoreCivic Corp. para reabrir una cárcel de 1,033 camas en Leavenworth como parte de un aumento de contratos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido sin el acostumbrado proceso de licitaciones.
La agencia ha citado una “urgencia apremiante” para conseguir miles de camas de detención adicionales, y sus esfuerzos han hecho que las estimaciones de ganancias se disparen para empresas privadas con conexiones políticas, incluyendo CoreCivic, con sede en el área de Nashville, Tennessee, y The Geo Group Inc., ubicada en el sur de Florida.
Esos planes enfrentan resistencia. La localidad de Leavenworth presentó una demanda contra CoreCivic después de que intentó reabrir sin que los funcionarios de la ciudad aprobaran el acuerdo, citando las palabras de una jueza federal, quien describió como “un infierno” la prisión actualmente cerrada.
El caso en Leavenworth vuelve a poner de manifiesto las tácticas inusualmente agresivas del presidente republicano para acelerar la expulsión de inmigrantes.
Para ampliar el número de camas de inmigrantes detenidos, el Gobierno de Trump ha modificado docenas de acuerdos existentes con contratistas y ha utilizado contratos sin licitación. Uno de esos contratos paga 73 millones de dólares a una empresa dirigida por exfuncionarios federales de inmigración para “equipos de apoyo al cumplimiento de la ley de inmigración” para manejar tareas administrativas, como ayudar a coordinar las deportaciones, procesar quejas o informar a ICE si alguien representa un riesgo para la seguridad de la comunidad.
La semana pasada, Geo Group anunció que ICE modificó un contrato para un centro de detención existente en el sureste de Georgia para que la empresa pudiera reabrir una prisión inactiva en terrenos adyacentes para albergar a 1,868 inmigrantes y ganar 66 millones de dólares en ingresos anuales.
“Nunca en nuestros 42 años de historia de la empresa hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros servicios como estamos viendo ahora”, dijo el director general de CoreCivic, Damon Hininger, durante una presentación el mes pasado con los accionistas de la empresa.
Un proyecto de ley sobre recorte de impuestos y reconciliación presupuestaria aprobada el mes pasado por la Cámara de Representantes incluye 45,000 millones de dólares durante cuatro años para la detención de inmigrantes: una triplicación del gasto. El Senado está negociando ahora ese proyecto.
Así acelera Trump los contratos
Cuando Trump comenzó su segundo mandato en enero, CoreCivic y Geo tenían alrededor de 20 instalaciones inactivas, en parte debido a reformas de sentencias que redujeron las poblaciones carcelarias. Pero la Administración Trump quiere más que duplicar las 41,000 camas existentes para detener inmigrantes a al menos 100,000 y, si las predicciones de los ejecutivos de prisiones privadas son precisas, posiblemente a más de 150,000.
ICE declaró una emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos con México como parte de su justificación para autorizar nueve contratos de cinco años para un total combinado de 10,312 camas sin “competencia completa y abierta”.
Solo tres de las nueve instalaciones potenciales aparecían en el documento de ICE: Leavenworth; una de 2,560 camas, propiedad de CoreCivic en California City, California; y una prisión de 1,800 que pertenece a Geo en Baldwin, Michigan.
El acuerdo para la instalación de Leavenworth no ha sido publicado, ni tampoco los documentos para los otros dos sitios. Los funcionarios de CoreCivic y Geo Group señalaron el mes pasado en llamadas con accionistas que ICE utilizó lo que se conoce como cartas de acuerdo, un tipo de contrato diseñado para acelerar las cosas cuando el tiempo es crítico.
Charles Tiefer, experto en contratos y profesor emérito de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, aseguró que normalmente esa clase de contratos se reservan a asuntos menores, no para los grandes cambios que ve que ICE está haciendo a acuerdos anteriores.
“Creo que una carta de acuerdo es una forma patética de hacer contratos grandes e importantes”, aseveró.
Una “ciudad prisión” en Kansas
La instalación de CoreCivic en Leavenworth rápidamente se convirtió en una prioridad para ICE y la empresa debido a su ubicación central. Leavenworth, con 37,000 residentes, está a solo 10 millas al oeste del Aeropuerto Internacional de Kansas City. La instalación albergaría a hombres y mujeres y está dentro del área de operaciones de la agencia para Chicago, ciudada a 420 millas al noreste.
“Eso significaría que los arrestados en el área de Chicago y en Illinois terminarían yendo a esta instalación en Kansas”, indicó Jesse Franzblau, analista senior de políticas para el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
Las prisiones han sido durante mucho tiempo una parte importante de la economía de Leavenworth, empleando a cientos de trabajadores para vigilar a los prisioneros detenidos en dos instalaciones militares, la primera penitenciaría federal del país, una instalación correccional de Kansas y una cárcel del condado a menos de 6 millas del ayuntamiento.
Escepticismo ante el plan de Trump
Se podría haber esperado que la clase política del área de Leavenworth ayudara a CoreCivic. Trump ganó su condado por más de 20 puntos porcentuales en cada una de sus tres campañas presidenciales.
Pero los escépticos funcionarios de la ciudad argumentan que CoreCivic necesita un permiso de uso especial para reabrir su instalación. CoreCivic no está de acuerdo, al afirmar que no lo requiere porque nunca abandonó el lugar y que el proceso de permisos tomaría demasiado tiempo. Leavenworth demandó a la empresa para obligarla a obtener uno, y un juez estatal la semana pasada emitió una orden requiriéndolo.
Un abogado de la ciudad, Joe Hatley, aseguró que la lucha legal indica cuánto malestar generó CoreCivic cuando albergó a sospechosos criminales en el sitio para juicios en el tribunal federal para el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
A finales de 2021, CoreCivic dejó de albergar a detenidos en espera de juicio en su instalación de Leavenworth después de que el expresidente demócrata Joe Biden pidiera al Departamento de Justicia que redujera el uso de prisiones privadas. En los meses previos al cierre, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y defensores públicos federales detallaron apuñalamientos, suicidios, un homicidio y violaciones de derechos de los reclusos en una carta a la Casa Blanca. CoreCivic respondió en ese momento que las afirmaciones eran “falsas y difamatorias”.
Las plazas vacantes de trabajadores de penales llegaban al 23%, de acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de 2017.
“Era simplemente un caos”, dijo William Rogers, quien trabajó como guardia en la instalación de CoreCivic en Leavenworth desde 2016 hasta 2020. Además, añadió que las reiteradas agresiones lo enviaron a la sala de urgencias tres veces, incluida una vez que recibió un golpe en la cabeza que requirió 14 grapas.
Entre los críticos hay una jueza federal
Cuando Leavenworth demandó a CoreCivic, abrió su demanda con una cita de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Julie Robinson, designada por el expresidente George W. Bush, un republicano, quien dijo de la prisión que “la única forma en que podría describir, francamente, lo que está sucediendo en CoreCivic ahora mismo es que es un absoluto infierno”.
La demanda de la ciudad describió a detenidos encerrados en baños como castigo y dijo que las sábanas y toallas de la instalación obstruyeron el sistema de aguas residuales y que CoreCivic obstaculizó la capacidad de la policía de la ciudad para investigar agresiones sexuales y otros crímenes violentos.
La instalación no tenía reclusos cuando CoreCivic ofreció a los periodistas una visita a principios de este año, y parecía limpia de arriba a abajo y el olor a desinfectante flotaba en el aire. Una unidad para reclusos tenía una pintura en una pared que mostraba una camioneta cubierta.
Durante el recorrido, cuando se le preguntó sobre las acusaciones de problemas pasados, Misty Mackey, una empleada de CoreCivic desde hace mucho tiempo que fue elegida para servir como directora, se disculpó por las experiencias de empleados pasados y aseveró que los funcionarios de la empresa “hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de aprender de diferentes situaciones”.
Reabrir prisiones cerradas
Además de la prisión de Leavenworth de CoreCivic, otras instalaciones cerradas podrían volver a entrar en funcionamiento cerca de los principales centros de población inmigrante, desde Nueva York hasta Los Ángeles, para ayudar a Trump a cumplir sus planes de deportación.
La agencia quiere reabrir instalaciones existentes porque es más rápido que construir nuevas, contó Marcela Hernández, directora de organización de la Red de Vigilancia de Detención, que ha organizado protestas a nivel nacional contra las detenciones de ICE.
Los condados a menudo alquilan espacio en cárceles para la detención de inmigrantes, pero ICE señaló que algunas jurisdicciones han aprobado ordenanzas que lo prohíben.
La agencia ha utilizado modificaciones de contratos para reabrir cárceles cerradas como el recinto Delaney Hall de 1,000 camas en Newark, Nueva Jersey, y un centro de 2,500 en Dilley, Texas, sin ofrecer explicaciones de por qué no se buscaron nuevos contratos con licitaciones abiertas a otras ofertas.
La instalación de Newark, con una historia llena de problemas, reanudó las admisiones el 1 de mayo, y el desorden estalló el jueves por la noche. El alcalde de Newark, Ras Baraka, un demócrata que fue recientemente arrestado en el sitio y acusado de allanamiento, citó reportes de un posible motín, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó cuatro fugas.
La modificación del contrato para Dilley, que fue construida para albergar familias y reanudó sus operaciones en marzo, llama a sus unidades “vecindarios” y les da nombres como Oso Marrón y Mariposa Azul.
Los detalles financieros para las modificaciones de contrato de Newark y Dilley están tachados en las copias disponibles en línea, al igual que para más de 50 otros acuerdos que ICE ha firmado desde que Trump asumió el cargo. La agencia no respondió a una solicitud de comentarios.
La “fiebre del oro”
Los ejecutivos de prisiones privadas están pronosticando cientos de millones de dólares en nuevas ganancias de ICE. Desde la reelección de Trump en noviembre, las acciones de CoreCivic han aumentado un 56% en precio y las de Geo un 73%.
“Es la fiebre del oro”, explicó Michael A. Hallett, profesor de justicia penal en la Universidad del Norte de Florida que estudia prisiones privadas. “De repente, la demanda está disparada. Y cuando eres el único proveedor que puede satisfacerla, puedes prácticamente establecer tus términos”.
Pam Bondi, excabildera de Geo, es ahora secretaria de Justicia de Estados Unidos. La firma anticipa que todas sus prisiones inactivas serán activadas este año, aseveró a los accionistas su director ejecutivo, George Zoley.
CoreCivic, que junto con Geo donó millones de dólares a candidatos, en su mayoría del Partido Republicano en todos los niveles de Gobierno y grupos políticos nacionales, es igualmente optimista. Comenzó conversaciones diarias con la Administración Trump inmediatamente después de las elecciones en noviembre, aseguró Hininger.
Los funcionarios de CoreCivic dijeron que los contratos de ICE proporcionan financiamiento inicial para comenzar a reabrir instalaciones mientras la empresa negocia un acuerdo a más largo plazo. El trato de Leavenworth contempla 4.3 millones de dólares al mes para la empresa, según reveló en un documento judicial.
Tiefer, quien sirvió en una comisión independiente establecida para estudiar la contratación gubernamental para las guerras de Irak y Afganistán, afirmó que ICE está “haciendo una apuesta a largo plazo muy arriesgada” debido a sus problemas pasados y aseveró que la agencia ha dado a CoreCivic “las llaves del tesoro” sin competencia.
Pero los analistas financieros en las llamadas sobre ganancias de la empresa han estado encantados. Cuando CoreCivic anunció sus nuevos contratos, Joe Gomes, de la firma de servicios financieros Noble Capital Markets, reaccionó diciendo: “Grandes noticias”.
