En una nueva puesta en escena con ambiciones de producción cinematográfica, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, exhibió ante el mundo el pasado domingo otro video de su megacárcel, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
Por EL PAÍS DE ESPAÑA
En el video, decenas de policías someten a varios hombres esposados de manos y pies, meten a algunos en carros blindados y a otros en autobuses y los trasladan hasta la prisión, donde los rapan y les ponen ropa blanca de reo. Lo más sorprendente es que esta vez los nuevos internos no son solo pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 y del Barrio 18, los grupos criminales para los que fue construida la prisión, sino también —según la versión del Gobierno de Donald Trump— presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Todos deportados desde Estados Unidos.
El vuelo, que llegó a El Salvador en la noche del sábado con 261 personas a bordo, es el primero de un acuerdo pactado por los presidentes Bukele y Trump, del que no se conoce casi nada. La única información pública hasta el momento es que el presidente salvadoreño ofreció convertir el CECOT en una extensión del sistema carcelario estadounidense a cambio de un pago de 20.000 dólares anuales por cabeza.
El acuerdo ha sido muy cuestionado en ambos países. En Estados Unidos, horas antes del aterrizaje, un juez ordenó al Gobierno detener la operación y dispuso el regreso de los aviones que se encontraban en el aire, lo que no sucedió. La Administración de Trump respondió que la notificación había llegado cuando los aparatos ya sobrevolaban aguas internacionales. El debate sobre si Trump desacató una orden judicial continúa y podría llegar al Supremo. Mientras, en El Salvador, los expertos se cuestionan bajo qué procesos de ley se mantendrá detenidos a los deportados en una prisión de máxima seguridad.
Para el envío de las 261 personas al CECOT, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley estadounidense en desuso desde la Segunda Guerra Mundial. Según algunos analistas, esto podría implicar una grave violación a los derechos humanos, pues las personas deportadas fueron enviadas directamente a una cárcel de máxima seguridad sin haber sido juzgadas.
“Un trato informal fuera de cualquier normativa”
Las autoridades tampoco han explicado de qué delitos se les acusa. El lunes por la mañana, una portavoz de la Casa Blanca informó de que, de los 238 venezolanos que viajaban en el avión, 137 fueron enviados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero otros 101 fueron deportados bajo una ley migratoria común, es decir, que simplemente se les acusa de haber entrado sin documentos a Estados Unidos.
Esto ha activado las alarmas en las organizaciones de derechos humanos. Juan Pappier, subdirector de la División Américas de Human Right Watch (HRW), le dice a EL PAÍS que “existe una obligación bajo derecho internacional que prohíbe a los países enviar a migrantes deportados a contextos en los que sea probable que sufran violaciones a derechos humanos. Y a mí me parece que, en el sistema carcelario de El Salvador, estas personas las pueden sufrir”. “Si no se da información pronto de su paradero, podemos estar ante un escenario de desapariciones forzadas”, añade.
Por su parte, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, la principal organización de derechos humanos de El Salvador, señala que el sistema carcelario salvadoreño es escenario de torturas y una práctica sistemática de violaciones al debido proceso. “Cuando Estados Unidos acepta los servicios de este sistema, normaliza un sistema penitenciario violatorio de derechos humanos”, apunta. “Esto es un trato informal que han hecho dos presidentes fuera de cualquier normativa, ya sea de Estados Unidos o de El Salvador”.
Para Bullock, el acuerdo rompe con toda aspiración democrática: “Se trata de dos presidentes que se apropian del poder de decidir quiénes son terroristas y quiénes tienen derechos y quiénes no”. Es una idea que respalda Pappier. “Bukele puede ofrecer el CECOT como un Guantánamo centroamericano porque en El Salvador no hay separación de poderes ni hay vigencia del Estado de derecho”, sostiene.
¿Qué gana Bukele?
Según el propio presidente, el Gobierno ganará cerca de seis millones de dólares al año solo con el primer envío de deportados. Esta cifra, sin embargo, se queda corta ante los 200 millones de dólares anuales que cuesta sostener el sistema penitenciario, según ha dicho el propio Bukele. “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros”, escribió el mandatario en su cuenta de X. “Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, añadió.
Sin embargo, para algunos analistas, la ganancia del presidente salvadoreño va más allá del dinero: “Bukele gana al menos cuatro cosas: dinero público, el favor de la administración Trump, la convalidación de su modelo carcelario y me temo que intenta ganarse el silencio de los líderes de la MS-13″, asegura Pappier.
Entre los deportados este sábado, Estados Unidos envió a 23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, entre ellos dos líderes. Uno de ellos es César Humberto López Lario, alias Greñas de Stoners, miembro de la Ranfla Nacional, el alto mando de la estructura criminal. Hasta hace unos días, ese pandillero enfrentaba un proceso en la corte del Este de Nueva York y era mencionado en un caso en el que las autoridades estadounidenses investigan las negociaciones del Gobierno de Bukele con las pandillas. Algunos expertos apuntan, en este sentido, que el presidente busca recuperar a los líderes de las pandillas en manos de Estados Unidos para evitar que declaren en una corte sobre sus presuntos pactos secretos.
Luis Enrique Amaya, consultor y experto en seguridad en El Salvador, considera que, además del dinero, el presidente también busca tener influencia en administración Trump y mantener su figura como un referente: “Quiere venderse al mundo como un país que tiene un sistema penitenciario verdaderamente estricto y riguroso, eso es mucho más beneficioso para él que el dinero”, dice.
Por el momento, el primer reto que enfrenta el acuerdo entre ambos presidentes es si este se puede sostener; si Estados Unidos pueden seguir acelerando las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, algo que de momento ha frenado un juez, y si El Salvador puede seguir recibiéndolos sin ninguna legislación vigente que permita esa figura.
