Con un dron de Reuters volando cerca, 31 hombres formaron las letras en el patio de tierra del centro el lunes. Diez días antes, decenas de detenidos venezolanos en el centro recibieron notificaciones de funcionarios de inmigración que alegaban ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y estar sujetos a deportación bajo una ley de tiempos de guerra, según documentos mostrados a Reuters, videollamadas grabadas y procedimientos judiciales.
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Las familias de siete detenidos entrevistados por Reuters afirmaron no ser pandilleros y que se negaron a firmar el documento.
Sin embargo, horas después, el viernes 18 de abril, fueron subidos a un autobús con destino al cercano Aeropuerto Regional de Abilene, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y sus familiares, antes de que el autobús diera la vuelta y fuera devuelto al centro de detención.
Esa noche, la Corte Suprema bloqueó temporalmente sus deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios sobre la suspensión de las deportaciones.
Esto representó un alivio para el grupo de venezolanos detenidos en Bluebonnet, quienes aún enfrentan la posibilidad de ser enviados a CECOT, la infame prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde la administración Trump ha enviado al menos a 137 venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, si la Corte Suprema levanta el bloqueo.
El centro de Bluebonnet, ubicado a 322 km al oeste de Dallas, es administrado privadamente por la Corporación de Administración y Capacitación bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Nombrado en honor a la flor del estado de Texas, ha albergado un promedio de 846 detenidos al día en el año fiscal 2025, según datos de detención de ICE. Tras la denegación de acceso a las instalaciones de Bluebonnet por parte del ICE, Reuters sobrevoló el centro con una avioneta la semana pasada, así como con un dron en las inmediaciones el 28 de abril, para obtener imágenes aéreas de los detenidos allí.
Algunos de los detenidos fotografiados por Reuters vestían overoles rojos, lo que los identificaba como de alto riesgo.
Reuters fotografió a Diover Millán, de 24 años, mientras caminaba con otros cuatro hombres por el patio del centro de detención. Otro venezolano, Jeferson Escalona, de 19 años, fue fotografiado jugando al fútbol. Reuters identificó a otros tres mostrando sus fotos a sus familiares.
Millán fue trasladado a Bluebonnet a mediados de abril desde el centro de detención Stewart en Lumpkin, Georgia, donde había permanecido recluido desde que fue arrestado por agentes de inmigración en las afueras de Atlanta el 12 de marzo, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Reuters no pudo encontrar antecedentes penales de Millán, quien trabajaba en la construcción. El funcionario del DHS afirmó que Millán era miembro «documentado» del Tren de Aragua, pero no presentó pruebas.
El funcionario del DHS afirmó que el ICE detuvo a Escalona en enero de 2025, tras ser arrestado por la policía local de Texas por evadir el arresto en un vehículo. Llegó a Bluebonnet tras ser devuelto del centro de detención de migrantes estadounidense en la Bahía de Guantánamo en febrero.
El funcionario del DHS afirmó que Escalona se había declarado miembro del Tren de Aragua, pero no proporcionó pruebas de ello.
Durante una entrevista telefónica desde Bluebonnet, Escalona afirmó no tener vínculos con el Tren de Aragua ni con ninguna pandilla. Dijo que era policía en Venezuela. Cuando lo detuvieron, las autoridades estadounidenses le confiscaron el teléfono y sospecha que vieron fotos suyas haciendo gestos con las manos que, según él, eran comunes en Venezuela.
«Están haciendo acusaciones falsas sobre mí», dijo. «No pertenezco a ninguna pandilla».
Escalona afirmó haber solicitado regresar voluntariamente a Venezuela, pero se le negó. «Temo por mi vida aquí», dijo. «Quiero ir a Venezuela».
Cientos de miles de venezolanos han llegado a Estados Unidos en los últimos años, huyendo del colapso económico y de lo que los críticos llaman una represión autoritaria bajo el presidente Nicolás Maduro.
Bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, muchos recibieron protecciones humanitarias temporales que el gobierno de Trump intenta revocar.
“ESTÁ DESESPERADO”
Desde su deportación fallida, los hombres han estado nerviosos, dicen sus familias.
En el dormitorio de Millán, él y algunos otros hombres venezolanos se turnan para dormir y así poder avisar a sus familiares si los agentes de inmigración vienen a deportarlos, según la esposa de Millán, quien pidió no ser identificada por temor a ser blanco de los agentes de inmigración.
Un día de la semana pasada, le contó que los hombres del dormitorio se negaban a salir al patio porque temían que los subieran a otro autobús y los enviaran a El Salvador.
“Está desesperado”, dijo la esposa de Millán. “Me contó que cuando salió al campo, se sentó, miró al cielo y le pidió a Dios que lo sacara pronto de allí”.
En una videollamada reciente, Millán le contó a su esposa que no les han dado mucha comida y que intenta dormir más para no pasar tanta hambre, dijo ella, algo que coincidieron los familiares de otros detenidos.
Un portavoz de la Corporación de Gestión y Capacitación, que administra el centro, declaró: «Todos los detenidos alojados en Bluebonnet reciben comidas basadas en un menú aprobado por un dietista certificado, lo que garantiza que se cumpla con la ingesta calórica diaria recomendada».
En un comunicado, el DHS afirmó que «utiliza diversas estrategias para gestionar la capacidad, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de las normas federales y nuestro compromiso con el trato humano».
El sábado 26 de abril, un funcionario de inmigración visitó el dormitorio de Escalona y respondió algunas preguntas de los detenidos, según una grabación de audio de la visita obtenida por Reuters.
Los hombres, hablando frenéticamente entre sí, querían saber por qué el gobierno intentaba enviarlos a El Salvador y qué estaba pasando con sus citas en la corte de inmigración.
El funcionario explicó que Estados Unidos había intentado expulsarlos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un proceso independiente de sus audiencias programadas en el tribunal de inmigración.
«Si lo expulsan bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, entonces esa fecha de audiencia no existe, nunca la tendrá», dijo el funcionario en inglés a alguien que traducía.
Varios de los hombres querían saber cómo era posible que los clasificaran como «enemigos extranjeros» si no eran pandilleros ni habían cometido ningún delito.
«Si no tengo antecedentes penales en los tres países en los que he vivido, ¿cómo me van a enviar a El Salvador?», preguntó uno de los hombres en la grabación. Reuters no pudo establecer de inmediato su identidad.
El funcionario afirmó no haber participado en la recopilación de inteligencia.
Varios de los hombres tuvieron audiencias judiciales sobre sus casos de inmigración la semana pasada y los defensores se apresuraron a encontrarles abogados.
Millán tiene un caso de asilo pendiente y su próxima audiencia está programada para el 1 de mayo.
A menos que lo envíen a El Salvador antes de esa fecha.
