Un conjunto de organizaciones religiosas presentó este martes una demanda contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por avalar las redadas migratorias en iglesias, alegando que representan un ataque contra la libertad religiosa.
La demanda, interpuesta por 27 organizaciones religiosas ante la corte federal del Distrito de Columbia, cuestiona la legalidad de una orden emitida el 21 de enero por la Administración de Trump que permite a las autoridades migratorias realizar redadas en escuelas, iglesias y hospitales.
Esta orden revocó una directiva de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025), que establecía una serie de «áreas protegidas» donde las redadas estaban prohibidas.
En concreto, las 27 organizaciones religiosas solicitaron a la corte federal del Distrito de Columbia que invalide la orden presidencial y prohíba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) realizar detenciones en iglesias salvo en «circunstancias excepcionales».
Su argumento es que esta medida vulnera la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe al Gobierno interferir en las actividades de culto.
«La libertad religiosa de nuestras iglesias y de nuestros miembros está siendo atacada», afirmó en declaraciones a EFE el reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN, por sus siglas en inglés), que agrupa a unas 3.000 iglesias.
Malavé, nacido en Puerto Rico y con 35 años de experiencia como líder religioso, subrayó que, aunque ha habido «momentos muy difíciles» en la historia de los inmigrantes en EE.UU., «nunca en la historia reciente se ha vivido una situación como esta».
Desde que Trump implementó esta medida, explicó el pastor, muchos feligreses han dejado de acudir a las iglesias y han optado por seguir los servicios religiosos en línea por temor a las redadas.
Una situación que él solo puede comparar con la vivida durante la pandemia de la covid-19. «Con la pandemia la gente no salía porque temían por su salud física. Ahora no quieren salir porque temen por su vida de otra forma. No necesariamente física, pero sí temen por su vida y por el bienestar de su familia», declaró.
Las 27 organizaciones demandantes pertenecen a diversas denominaciones, como bautistas, judíos conservadores y reformistas, evangélicos y luteranos, entre otras. Sin embargo, todas coinciden en una misma creencia: «Todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, es un hijo de Dios y merece dignidad, cuidado y amor».
En la demanda, las organizaciones subrayan que acoger al «extranjero o inmigrante» es un precepto fundamental de su fe. Por ello, muchas de ellas han actuado como «santuarios» para los migrantes, ofreciéndoles refugio y protección ante el riesgo de ser deportados a países donde su vida podría estar en peligro.
Kelsi Corkran, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) y una de las juristas que participó en la redacción de la demanda, explicó a EFE que las iglesias han recurrido a los tribunales porque consideran que la orden de Trump vulnera la libertad religiosa y de asociación.
Según Corkran, las organizaciones demandantes sostienen que la medida de Trump no solo viola la Primera Enmienda, sino también la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993, que prohíbe al Gobierno federal y a los estados restringir el ejercicio de la religión sin una justificación de fuerza mayor.
Antes de la orden de Trump, las fuerzas de seguridad solo podían entrar en un lugar de culto en circunstancias extremas. «Lo único que cambia con la revocación de esa medida es que ahora pueden ingresar en cualquier momento para llevar a cabo una acción de control migratorio», advirtió Corkran.
Esta orden ha generado un clima de agobio e incertidumbre dentro de las congregaciones religiosas, que se sienten atrapadas entre la necesidad de proteger a sus fieles y el deseo de cumplir con su misión espiritual.
Si la Justicia mantiene en vigor la orden de Trump, argumentan los demandantes, las redadas provocarán «daños devastadores, directos y sustanciales» en la capacidad de las iglesias para congregar a sus fieles y ejercer su fe libremente.
Además, insisten en que la simple amenaza de estas acciones ya está teniendo un «efecto paralizante» en muchas comunidades religiosas del país.
EFE
