Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió este miércoles la costa este de Taiwán sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales, recogió la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

El sismo ocurrió a las 19.00 hora local (11.00 GMT) en el mar, concretamente a 69 kilómetros al sur del ayuntamiento del condado de Hualien (este), a una profundidad de 30,9 kilómetros, de acuerdo a los datos recopilados por la CWA.

El temblor se sintió en gran parte de la isla y registró su máxima intensidad (5 sobre 7) en el condado oriental de Taidong, aunque también se vivió con fuerza en otros como el de Hualien o Nantou (4 sobre 7).

Esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.

EFE

El reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales en Ecuador tiene ahora un nuevo epicentro en la amazónica provincia de Orellana, que afronta una situación «bastante crítica», según reconoció en una entrevista con EFE el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano.

En la provincia, impactada por la proliferación de la minería ilegal de oro en los ríos amazónicos y con aparente presencia de disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como los Comandos de la Frontera, Burbano aseguró que el Gobierno nacional está «interviniendo de forma prioritaria».

La región amazónica se ha convertido en una de las «zonas calientes» de este fenómeno, unida a provincias costeras como Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y los pasos fronterizos.

«Hemos trabajado con el Ministerio de Interior para crear un mapa de georreferenciación», explicó Burbano, para identificar las zonas más vulnerables de la nación.

«La información es reservada y no puedo aterrizar los cantones [municipios] concretos para no romper la estrategia del Bloque de Seguridad (forma por Policía, Fuerzas Armadas y ministerios de Interior y Defensa)», continuó Burbano.

Ecuador cuenta con cerca de 20.000 familias con niños, niñas y adolescentes ubicadas en zonas con mayor intensidad del conflicto armado, explicó el ministro. Esto se traduce en que los menores de esas familias son más propensos a ser reclutados por los grupos delictivos.

Unos 1.200 niños arrestados en cinco meses

Desde enero hasta junio de 2025, entre 1.200 y 1.300 menores fueron detenidos por su vinculación al crimen organizado. La cifra del año anterior, entre enero y octubre, fue de 3.086 niños arrestados.

«Si hacemos una evaluación a nivel general, de las 55.000 o 60.000 personas vinculadas a las bandas de delincuencia, cerca de un 5 % son niños», detalló Burbano.

Para enfrentar esta situación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó la creación de un comité destinado a «erradicar el reclutamiento de niños en el crimen organizado».

Comité nacional contra reclutamiento de niños

El comité está formado por representantes de 17 instituciones del Gobierno nacional, entre las que destacan la Vicepresidencia del país y los ministerios de Inclusión, Salud, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores.

También integrarán este equipo el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que es la institución del Gobierno encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas, y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Las bandas criminales están detrás de la escalada de violencia sin precedentes que afecta a Ecuador, lo que le ha llevado al país a registrar a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha recrudecido en este 2025 con un promedio de un asesinato por hora desde el inicio del año.

Bonos para deportados

Por otro lado, el ministro explicó que los bonos de 470 dólares al mes durante tres meses para los ecuatorianos deportados de Estados Unidos seguirán vigentes y que, este junio, termina esa primera promoción de 670 personas que accedió a las ayudas, equivalentes a un salario mínimo.

Hasta marzo habían llegado a Ecuador más de 2.000 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

Burbano también aseguró que antes del 15 de junio se haría el pago retrasado de los bonos del programa ‘Ecuatorianos en Acción’, anunciado en plena campaña electoral.

«Solo un 3 % de los 200.000 (que accedieron al programa) tuvo problemas», aclaró Burbano, quien justificó la dmeora en que es un «proyecto piloto».

Al menos una persona muerta y nueve heridas dejaron este martes tres explosiones de bombas dirigidas contra puestos policiales de la ciudad colombiana de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.

«En este momento tenemos un reporte preliminar de una persona fallecida y nueve lesionadas», dijo a periodistas el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Una de las bombas, que al parecer estaba colocada en una motocicleta, fue activada en el barrio de Meléndez, otra en el Manuela Beltrán y una tercera en sector de Los Mangos, según el funcionario.

Previamente, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó que estaban atendiendo la emergencia por la explosión de artefactos explosivos en la ciudad. «Nuestra fuerza pública ya está en el lugar y los equipos de salud atentos ante cualquier eventualidad», indicó en su cuenta de X.

En las primeras imágenes de los atentados se ve a varias personas tendidas en la calle mientras otros transeúntes y policías tratan de socorrerlos.

Las autoridades informaron, además, de otra explosión en Jamundí, municipio cercano a Cali.

Los ataques se producen un día antes de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, visite este miércoles Cali para participar en una movilización popular convocada por sindicatos en apoyo a la consulta popular que el mandatario quiere convocar por decreto para aprobar su reforma laboral ante los reveses sufridos en el Senado.

«Toda mi solidaridad con Cali, el Valle, el Cauca y todo el Pacífico. Hoy el país amaneció bajo amenaza. Varias explosiones, personas heridas y mucho miedo e incertidumbre. Es momento de una unión de todos los que creemos en la paz y la democracia para defender este país», manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El alcalde bogotano agregó que, ante el aumento de la violencia, «nada es más urgente» en el país «que recuperar la seguridad de los colombianos».

«La gente está a merced de los violentos y el Gobierno parece más preocupado por justificar a los criminales que por proteger a los ciudadanos», manifestó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Además de los ataques en Cali, en el vecino departamento del Cauca fueron detonados dos carros bomba en los municipios de El Bordo y Corinto, que no dejaron víctimas pero sí daños materiales, y en la localidad de Caloto un policía fue asesinado por un francotirador.

Otra explosión sacudió poco después el peaje de Villa Rica, un municipio también del Cauca, situado sobre la Vía Panamericana, a 20 kilómetros de Cali.

El Ejército atribuyó los distintos ataques a las disidencias de las FARC que lidera Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’ y que tiene una fuerte presencia en el suroeste del país.

«Expresamos nuestro respaldo absoluto a la Policía, que ha sido blanco directo de estos cobardes ataques, y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa y seguridad de los ciudadanos», manifestó la Tercera División del Ejército, que tiene jurisdicción en esa zona.EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump ha enviado este lunes a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, con lo que suma cerca de 5.000 tropas que estarán desplegadas en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con el gobernador Gavin Newsom y los defensores de los derechos civiles.

Fue el mismo Newsom que comunicó en un mensaje en sus redes sociales sobre el envío de los otros 2.000 soldados, tras ser informado por la Casa Blanca.

Trump había anunciado el sábado pasado el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California, sin contar con la aprobación del gobernador del estado, que es quien dispone de estas tropas, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense se impone de esta forma.

El fiscal de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el Gobierno Trump alegando que la medida tomada por la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución.

Newsom ha denunciado que los primeros soldados desplegados actualmente en Los Ángeles están enfrentando situación de hacinamiento.

“Sin comida ni agua. Solo unos 300 están desplegados; el resto está inactivo, sin uso, en edificios federales sin órdenes”, denunció el gobernador demócrata en un mensaje en X.

Añadió que la medida tomada por la Casa Blanca “no se trata de seguridad pública” sino de “halagar el ego” del mandatario estadounidense. “Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas”, insistió el demócrata.

A los cuatro mil soldados de la Guardia Nacional de California se sumará un batallón del cuerpo de Marines estadounidense bajo el argumento de contener las protestas contra las recientes redadas migratorias, según informó el Departamento de Defensa.

«Aproximadamente 700 infantes de marina» se integrarán con las fuerzas de la Guardia Nacional «que están protegiendo al personal y la propiedad federales en el área metropolitana de Los Ángeles», explica el Pentágono en un comunicado.

Los soldados serán asignados a cuidar los edificios federales de la ciudad. Actualmente solo se encuentran asignadas unas decenas de soldados cuidando el complejo federal del centro de Los Ángeles, que incluye el centro de detención de inmigrantes.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y las cortes de inmigración ubicadas en el complejo federal suspendieron este lunes la atención al público, mientras transcurría el cuarto día de manifestaciones, la de este lunes menos concurrida y hasta la tarde sin incidentes.

EFE

La marina israelí lanzó este martes un ataque contra infraestructura portuaria en la ciudad de Hodeida, controlada por los rebeldes hutíes en Yemen, marcando la primera intervención naval directa de Israel en el conflicto que involucra a este grupo respaldado por Irán. Según el Ejército de Israel (FDI), el objetivo fueron “instalaciones utilizadas con fines terroristas” por el régimen hutí, y la ofensiva busca interrumpir el uso militar de los puertos en la costa del mar Rojo.

En un comunicado difundido tras el ataque, el Ministerio de Defensa israelí afirmó que “el puerto es utilizado para transferir armas” y denunció el “uso cínico de infraestructura civil por parte del régimen terrorista hutí para promover actividades militares”. El ataque, según la información militar, fue ejecutado con misiles lanzados desde buques de guerra, en lo que constituye un nuevo frente operativo para Israel.

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que las operaciones militares se mantendrán mientras continúen los lanzamientos hutíes. “Si siguen atacando a Israel, enfrentan una respuesta poderosa y un bloqueo naval y aéreo. Eso hicimos hoy y lo seguiremos haciendo”, declaró. Previamente, Israel había emitido un aviso de evacuación dirigido a la población de los puertos de Ras Isa, Hodeida y Salif, instando a mantenerse alejados por razones de seguridad.

La cadena al-Masirah, medio vinculado a los hutíes, confirmó el ataque contra los muelles de Hodeida, aunque no ofreció detalles sobre los daños. Este puerto es de importancia crítica para Yemen: sirve como principal punto de entrada de alimentos, combustible y ayuda humanitaria en un país devastado por una guerra civil que comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná.

El impacto del ataque aún no ha sido evaluado en su totalidad, pero expertos y funcionarios humanitarios advierten que cualquier daño a las infraestructuras portuarias podría agravar la crisis alimentaria que afecta a millones de personas. El mes pasado, un bombardeo aéreo israelí en la misma zona causó la muerte de un civil y dejó el puerto fuera de servicio durante semanas.

Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, los hutíes han lanzado más de 100 ataques con misiles y drones contra buques comerciales y militares en el mar Rojo, dos de los cuales fueron hundidos, causando la muerte de cuatro marinos. Aunque hubo una pausa temporal en los ataques por parte de los rebeldes, estos se reanudaron tras la ofensiva aérea liderada por Estados Unidos en marzo. Los hutíes justifican sus acciones como una respuesta al conflicto en Gaza, declarando su apoyo a Hamas y exigiendo el fin de la ofensiva israelí.

La última escalada incluye un ataque con cohetes lanzado la semana pasada desde Yemen hacia Jerusalén, que activó las sirenas en la capital israelí y fue interceptado por los sistemas de defensa aérea.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, afirmó el martes que buques estadounidenses cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo “sin enfrentamientos recientes”, atribuyéndolo al éxito de la Operación ROUGH RIDER y a la política de “Paz mediante la Fuerza” del presidente Donald Trump. Washington ha liderado una coalición para garantizar la libertad de navegación comercial en esta zona crítica, por la que transitan cerca de un billón de dólares en mercancías al año.

Las consecuencias del ataque israelí a Hodeida aún están por verse, pero el riesgo de una expansión regional del conflicto se mantiene latente. Yemen continúa sumido en un conflicto prolongado entre los hutíes y el gobierno yemení en el exilio, respaldado por la coalición saudí. Mientras tanto, las acciones hutíes en el mar Rojo y las respuestas militares de Israel y Estados Unidos añaden presión a una zona ya inestable.

AFP/AP/ Infobae

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha impuesto una multa de S/ 2.9 millones (aproximadamente US$ 800,000) al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y Callao. La sanción se debe a que los vidrios de la torre de control exceden el límite de reflejo interno acordado, lo que compromete la seguridad y la visibilidad.

Según informó Ositrán, las pruebas de laboratorio y evaluaciones técnicas confirmaron que los vidrios del puesto de observación de la nueva torre de control superan el límite máximo del 10% que la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) se comprometió a instalar. Esta deficiencia es crítica, ya que afecta la visibilidad nocturna y expone la seguridad de los controladores aéreos y los usuarios.

Además, se ha señalado que este reflejo excesivo ya causó problemas operacionales en el pasado, específicamente en junio del año anterior, cuando un incidente con las luces de la pista de aterrizaje antigua afectó sus operaciones.

La sanción llega antes de la publicación del primer reporte de servicio del nuevo terminal aéreo, programado para el 15 de este mes. Ositrán continúa con una serie de acciones de supervisión para garantizar que el aeropuerto, que triplica en tamaño al anterior, cumpla con todos los estándares y obligaciones establecidos en el contrato de concesión.

En paralelo, el ente supervisor está llevando a cabo otros procedimientos de fiscalización relacionados con el plazo de entrega del terminal, que sufrió dos postergaciones, y los problemas surgidos en las primeras horas de operación, como la escasez de combustible que llevó a la suspensión de al menos 20 vuelos.