jueves, agosto 28, 2025
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Alto Comisionado de DDHH de la ONU exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su profunda preocupación por 1 la situación en Venezuela, denunciando el uso excesivo de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto. Türk exigió la liberación de todos los presos políticos, incluyendo figuras como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, y urgió una investigación inmediata sobre al menos 28 muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones.  

Si bien reconoció la reciente liberación de más de un centenar de detenidos como un paso importante, Türk instó a las autoridades venezolanas a revisar los casos de quienes aún permanecen privados de libertad y garantizarles un juicio justo, con acceso a abogados de su elección e intérpretes para los indígenas.

Las excarcelaciones, que según el gobierno venezolano suman más de 300 en las últimas semanas, se producen tras la solicitud de Nicolás Maduro a los órganos de justicia de revisar las causas vinculadas a los hechos de violencia ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal reportan que aún hay cerca de 2.000 personas detenidas por motivos políticos, y denuncian nuevas detenciones de activistas y líderes opositores.

La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela, con la esperanza de que se avance hacia el respeto de los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos.

EEUU firmó acuerdo con Trinidad y Tobago para enviar tropas a la isla en caso de un «conflicto» en Venezuela

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El ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, firmó cinco acuerdos con Estados Unidos el 10 de diciembre, dos de los cuales pueden permitir al Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) desplegar fuerzas en Trinidad y Tobago en caso de un «conflicto» en Venezuela.

Por NewsDay

En una declaración del 10 de diciembre, la Embajada de Estados Unidos dijo que la Primera Ministra, Hinds, el Ministro de Energía, Stuart Young, el Ministro de Finanzas, Colm Imbert, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Amery Browne, se reunieron y mantuvieron conversaciones con funcionarios diplomáticos y navales de Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad, energía, ciberseguridad y derechos humanos.

El Dr. Rowley se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Candace Bond, y con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), el almirante Alvin Holsey, en el Centro Diplomático de Puerto España.

La embajada dijo que el grupo celebró la conclusión exitosa de las negociaciones de cinco acuerdos, incluido el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA); el Equipo de Campo de Asistencia Técnica de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI-TAFT); y el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados (ACSA).

Bond y Holsey también felicitaron a Rowley por la adhesión de TT al Tratado de San José y a la Iniciativa de Derechos Humanos del Comando Sur.

Bond dijo: “El liderazgo de TT en la implementación de este marco para la cooperación en materia de seguridad demuestra su potencial como piedra angular de la paz y la seguridad en el Caribe, y ha abierto la puerta a oportunidades sin precedentes e inigualables para la cooperación en materia de defensa entre TT y los EE.UU.”.

Holsey agregó: “Estados Unidos está comprometido a brindar experiencia y recursos para mejorar las capacidades de seguridad de TT, y estos acuerdos profundizan la colaboración estratégica en una serie de temas”.

La embajada dijo que el SOFA “facilitará la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países”.

Newsday le preguntó a Rowley qué importancia tenían esos acuerdos para TT a través de WhatsApp.

Él respondió: «Por favor, hable con el ministro que firmó los acuerdos para el Gobierno y el pueblo de TT».

Las llamadas y mensajes a Hinds y Browne no obtuvieron respuesta.

Una nota diplomática de diciembre de 2022 en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos detalla el acuerdo de TT con SOFA, a partir de 2013. La nota decía que el SOFA de 2013 expiraría el 1 de enero de 2023.

«La Embajada tiene el honor además de proponer al Gobierno de la República de TT que el Gobierno de los EE.UU. y el Gobierno de la República de TT acuerden extender aún más el SOFA 2013, sin ningún otro cambio, por dos años adicionales a partir de su fecha de vencimiento del 1 de enero de 2023, hasta el 1 de enero de 2025.»

La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores también formó parte de la nota diplomática.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Caricom de la República de TT se complace en confirmar que la propuesta establecida en la nota de la Embajada es aceptable para el Gobierno de la República de TT y que la nota de la Embajada junto con esta nota de respuesta constituirán un acuerdo entre los dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha de esta nota».

En su comunicado del 10 de diciembre, la Embajada de Estados Unidos afirmó: «El SOFA es un acuerdo que permite el compromiso entre ejércitos. Estados Unidos y Trinidad y Tobago tienen un acuerdo SOFA desde 2007. El nuevo SOFA pondrá el acuerdo en línea con las leyes de Estados Unidos y Trinidad y Tobago y no tendrá fecha de vencimiento a menos que se renegocie».

Newsday entiende que el Gabinete aprobó el SOFA en su reunión del 7 de diciembre y el documento fue enviado a los abogados del Departamento de Defensa, al Ministro de Seguridad Nacional, al Fiscal General y a la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago para su «revisión» final antes de ser firmado el 10 de diciembre.

Este acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

Las renegociaciones incluyeron una aclaración del lenguaje utilizado en el acuerdo, incluyendo que permite que los empleados civiles del Departamento de Defensa califiquen para inmunidades. El acuerdo no cubre a los contratistas empleados por el Departamento de Defensa. También permite que los agentes de policía del Departamento de Defensa porten armas de fuego mientras estén desplegados en TT y que esos empleados tengan permisos de conducir.

También permite que los comandantes militares estadounidenses disciplinen a los militares estadounidenses desplegados en TT en TT.

Acuerdo: Las tropas estadounidenses podrán estacionarse en TT

También permite el despliegue de tropas estadounidenses en Trinidad y Tobago en tiempos de desastres naturales.

En caso de que se produzca un conflicto en la puerta de Trinidad y Tobago, Estados Unidos también puede enviar tropas a ese país para responder mediante la aplicación del SOFA. Trinidad y Tobago, el país más austral del Caribe, se encuentra a pocos kilómetros de Venezuela. Su punto más cercano es Cedros.

El acuerdo ACSA, también firmado el 10 de diciembre, brinda una oportunidad similar para que se desplieguen tropas estadounidenses en Trinidad y Tobago para responder a los conflictos en Venezuela.

La Embajada de Estados Unidos dijo que ACSA «es un mecanismo logístico formal que permite al Departamento de Defensa de Estados Unidos intercambiar apoyo logístico, suministros y servicios directamente entre países elegibles y organizaciones internacionales».

Newsday entiende que ambos acuerdos reducen los trámites burocráticos que podrían retrasar un despliegue estadounidense,
pero, en caso de que Estados Unidos esté contemplando un despliegue, aún debe solicitar permiso al gobierno de Trinidad y Tobago para hacerlo.

No se espera que la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero de 2025 afecte los acuerdos, y cualquiera de los países puede decidir retirarse en cualquier momento.

Guyana también ha firmado un SOFA con Estados Unidos.

Si bien Newsday no ha visto el acuerdo actual, el SOFA firmado en 2006 entre Guyana y los EE. UU. permite que a los empleados militares y civiles del Departamento de Defensa se les otorgue un estatus igual al del personal de la Embajada de los EE. UU.; se les permita entrar y salir de Guyana con sus identificaciones del gobierno de los EE. UU.; que sus permisos de conducir, emitidos en los EE. UU., sean aceptados para su uso en Guyana; estén autorizados a usar sus uniformes emitidos por los EE. UU. en Guyana; y se les permita traer armas a Guyana según sus órdenes, entre otras disposiciones.

«La embajada propone que ambos gobiernos renuncien a todas y cada una de las reclamaciones (excepto las contractuales) entre sí por lesiones personales o muerte de su personal militar o civil, o por daños, pérdidas o destrucción de la propiedad militar del otro que surjan de las actividades cubiertas por este acuerdo», señaló el SOFA.

Durante el último año, las tensiones entre Guyana y Venezuela han sido altas después de que el gobierno de Nicolás Maduro propusiera y aprobara un referéndum para ocupar la disputada región del Esequibo.

Maduro dio a las compañías petroleras que operan frente a las costas de Guyana tres meses para concluir sus operaciones y hubo numerosos informes de que se vio a tropas venezolanas organizándose en la frontera entre Venezuela y Guyana.

Ante la creciente preocupación por la inestabilidad en la región, Maduro y el presidente de Guyana, Dr. Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre de 2023 y acordaron evitar el uso de cualquier fuerza y ​​no aumentar las tensiones en su disputa sobre el Esequibo.

El pasado 28 de julio, Maduro se presentó a las urnas en las elecciones presidenciales venezolanas, de las que ha sido acusado de haberle robado el voto al candidato opositor Edmundo González Urrutia. El ganador de los comicios será juramentado en enero de 2025 para un mandato de seis años.

EEUU respalda a opositor de Maduro para la presidencia

Una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 27 de noviembre, a cargo de altos funcionarios de la administración, centrada en la afirmación de Maduro de haber ganado las elecciones, describió los pasos que Estados Unidos debe dar para aumentar la presión sobre Maduro antes de que se cumplan cuatro meses de las elecciones.

«…Fue una elección en la que los venezolanos votaron rotundamente para elegir a Edmundo González Urrutia como presidente electo», dijo un alto funcionario.

«En los meses transcurridos desde el 28 de julio, le hemos dado a Nicolás Maduro y a sus representantes todas las oportunidades para hacer lo correcto y hemos incentivado la posibilidad de dar pasos democráticos. En cambio, Maduro y sus representantes decidieron utilizar la represión violenta y tomar el poder a toda costa.
«Esto no es algo que Estados Unidos tolerará, ni tampoco lo tolerarán otros países de la región.

«Por eso, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar la presión contra Maduro y sus representantes, que son responsables del fraude electoral que tuvo lugar el 28 de julio y después, y de la brutal represión que hemos visto en los últimos meses».

Esas medidas incluyeron la sanción de 21 funcionarios de seguridad y de nivel de gabinete que dirigen la guardia nacional, la policía, el servicio de inteligencia y la milicia y están alineados con Maduro.

“Todas estas entidades son parte del aparato de seguridad de Maduro y son responsables de reprimir violentamente a manifestantes pacíficos y realizar detenciones arbitrarias.

“También hemos incluido a funcionarios alineados con Maduro que han sido responsables de actos antidemocráticos”.

También se impusieron nuevas restricciones a «funcionarios de la alianza de Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión».

«Las medidas que estamos adoptando hoy se suman a las múltiples acciones que ya hemos tomado para exigir responsabilidades a los funcionarios venezolanos actuales y anteriores por socavar la democracia en Venezuela y por violar los derechos humanos. Estas medidas seguirán a sanciones y restricciones de visas similares que anunciamos en septiembre pasado».

El funcionario dijo que el gobierno de Estados Unidos había impuesto sanciones a 180 funcionarios venezolanos y 100 entidades venezolanas.

Dgcim inauguró nuevo búnker para 300 funcionarios al borde de la frontera con Guyana

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La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) inauguró el pasado jueves un nuevo búnker para 300 funcionarios al borde de la frontera con Guyana, nación con la que hay una centenaria disputa territorial por el Esequibo.

Por Lapatilla

“En pro del bienestar del personal y dando cumplimiento a la primera línea estratégica de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, se da por inauguradas las instalaciones de la Urua de Combate Guaycamacuto, sede que estará ubicada en Tumeremo Estado Bolívar”, anunció la Dgcim en un video institucional.

“Más de 300 combatientes tendrán la dicha de contar con instalaciones de alto nivel, proporcionando comodidad en áreas como, comedor, cocina, dormitorios, baños, áreas de estar, capilla, barbería, lavandería, parque de armas, simulador de tiro, gimnasio, parque automotor. Además, contarán con un centro diagnóstico integral, capaz de atender cualquier emergencia que se presente”, informó la institución de contrainteligencia.

Según la Dgcim, “este ambicioso proyecto es parte de una acción de amor por nuestros funcionarios, quienes día y noche entregan y sacrifican su vida por brindar la paz y la soberanía de nuestra patria, manteniendo viva la revolución bolivariana, la revolución chavista, y garantizando un mundo de bienestar social para nuestras futuras generaciones”.

Participaron en el evento el mayor general, Javier Marcano Tábata, director de la Dgcim, y el coronel Alexander Granko Arteaga, director de asuntos especiales.

AP: Destacado abogado de derechos humanos abandona la Corte Penal Internacional por no procesar a Venezuela

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Un destacado abogado de derechos humanos ha abandonado discretamente de la Corte Penal Internacional para protestar por lo que considera un fracaso injustificado de su fiscal para acusar a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, según ha sabido The Associated Press.

Por The Associated Press

Claudio Grossman, nacido en Chile y exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue nombrado asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021. En ese puesto no remunerado, asesoró a Khan sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Venezuela.

En un contundente correo electrónico enviado el mes pasado a Khan, Grossman dijo que sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, sin que haya ninguna acción por parte de la CPI.

“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman en el mail en el que rechaza una oferta de la oficina de Khan en septiembre para renovar su contrato.

Una copia del correo electrónico, que no es público, fue proporcionada a la AP por una persona familiarizada con la investigación de la CPI sobre Venezuela. Una llamada telefónica de Khan pidiendo a Grossman que reconsiderara su postura también fracasó, añadió la fuente, que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación políticamente sensible.

Tras las consultas de la AP a la oficina de Khan, el nombre de Grossman fue eliminado de la web del tribunal en la que aparecía como asesor especial.

“El Fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado que no abordó los motivos dados por Grossman para cortar lazos con la institución con sede en La Haya, Holanda. Grossman rechazó hacer comentarios.

La presión sobre Khan para que acuse a funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, coincide con las acusaciones en su contra por supuesta mala conducta con una ayudante y con la amenaza de sanciones estadounidenses por su decisión de pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El Estatuto de Roma por el que se creó la CPI entró en vigor en 2002, con el mandato de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero solo cuando los tribunales nacionales no inician sus propias investigaciones.

Los llamados a acelerar la única investigación de la corte en América Latina se han intensificado mientras Maduro afianza su poder, preparándose para asumir el cargo para un tercer mandato el 10 de enero tras unas elecciones empañadas por graves acusaciones de fraude y luego de la represión postelectoral. Más de 2.000 personas fueron arrestadas y 20 murieron después de los comicios.

Estados Unidos y algunos líderes izquierdistas latinoamericanos han exigido a las autoridades que presenten las actas de la votación, como hicieron en el pasado, para refutar las presentadas por los opositores, que muestran que su candidato, Edmundo González, se impuso por un margen de dos a uno.

Muchos en la oposición venezolana se han quejado de que la CPI está aplicando un doble estándar, moviéndose de forma agresiva para buscar la detención de Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladímir Putin, por atrocidades en Gaza y Ucrania, mientras muestra una indulgencia indebida con las autoridades venezolanas que Khan ha estado investigando durante más de tres años.

“No hay justificación alguna para la inacción”, escribieron González y la líder opositora María Corina Machado en una carta reciente a Grossman y otros 18 asesores especiales de la CPI pidiendo su ayuda.

“Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, señalaron en la misiva, que fue proporcionada a la AP por la persona familiarizada con la investigación de la Corte. “Este retraso injustificable arrojará dudas legítimas sobre la integridad de un sistema de rendición de cuentas que ha sido una aspiración para todo el mundo”.

A pedido de varios gobiernos latinoamericanos, Khan abrió hace tres años una investigación sobre las fuerzas de seguridad venezolanas por encarcelar, torturar y matar a manifestantes antigubernamentales. Al mismo tiempo, prometió asistencia técnica para dar a las autoridades locales la oportunidad de actuar antes de la CPI, un tribunal de última instancia.

A principios de este mes, Khan emitió algunos de sus comentarios más duros hasta la fecha sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, advirtiendo que las repetidas promesas de las autoridades para investigar los presuntos abusos “no pueden ser una historia interminable”.

“No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas que esperaba en Venezuela”, afirmó en un discurso en la sede de la corte. “La pelota está en el campo de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin recorrido”.

El gobierno de Maduro respondió con un comunicado en el que apuntó que “lamenta profundamente que el fiscal se deje llevar por las informaciones de campañas públicas surgidas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales que pretenden aplicar el colonialismo jurídico contra Venezuela”.

Algunos críticos venezolanos han vinculado lo que consideran una dilación con un posible conflicto de intereses que afecta a la cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, quien ha comparecido en representación del gobierno de Caracas en dos audiencias ante el tribunal.

Un código de conducta de la CPI pide a los fiscales que se abstengan de cualquier conflicto que pueda surgir de un “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar, personal o profesional estrecha con cualquiera de las partes”. Alagendra ha trabajado previamente con Khan y su esposa en la defensa de Saif Al-Islam Gaddafi, el hijo del dictador libio, ante la institución.

La oficina de Khan declinó hacer comentarios sobre esa relación. Pero en un escrito presentado este mes para pedir la desestimación de una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia, con sede en Washington, dijo que una cuñada no es una relación personal lo suficientemente cercana como para requerir la descalificación automática y que no recuerda haber discutido nunca la investigación a Venezuela con Alagendra, quien es una de los varios abogados que defienden al gobierno sudamericano.

“Ningún observador imparcial e informado concluiría que hay una posibilidad real de sesgo”, escribió Khan, agregando que sigue investigando de forma activa e independiente la situación en Venezuela.

Quienes afirman ser víctimas del gobierno de Maduro han presionado para que la corte concluya su investigación sin posicionarse acerca de si Khan debería ser recusado.

Luego de que millones de venezolanos huyeron del gobierno de Maduro, muchos a países vecinos, los gobiernos regionales también esperan avances.

“Muchos en América Latina esperan que el fiscal de la CPI tenga una respuesta más contundente”, dijo Juan Papier, director adjunto de Human Rights Watch para las Américas. “La oficina del fiscal ha pasado demasiado tiempo, hasta ahora infructuosamente, tratando de trabajar con las autoridades de Venezuela para impulsar investigaciones nacionales. La impunidad generalizada y la falta de independencia judicial en Venezuela hacen que la CPI sea el camino más viable para la justicia”.

Rusia lanza 93 misiles contra el sistema energético de Ucrania

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Rusia atacó este viernes Ucrania con 93 misiles y cerca de 200 drones, uno de los ataques más masivos de toda la guerra contra el sistema energético ucraniano, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Ese es el plan ‘de paz’ de Putin, destruirlo todo. Así es como él quiere ‘negociar’, aterrorizando a millones de personas”, escribió Zelenski en sus redes sociales, donde explicó que 81 de los misiles disparados por Rusia pudieron ser derribados por el Ejército ucraniano, según reseñó EFE.

Zelensk agregó que Rusia utilizó en el ataque misiles de crucero y balísticos. 11 de los misiles de crucero fueron interceptados con aviones occidentales F-16 recibidos por Kiev.

Zelenski denunció que Rusia sigue teniendo acceso a componentes electrónicos importados para fabricar misiles pese a las sanciones internacionales que deberían impedírselo. El presidente ucraniano también lamentó que la venta de petróleo le siga permitiendo al Kremlin financiar su esfuerzo de guerra.

“Necesitamos una reacción contundente del mundo: a un ataque masivo, una reacción masiva. Sólo así se detendrá el terror”, escribió el presidente de Ucrania.

Entre los objetivos de este ataque se cuentan varias infraestructuras energéticas y de otros tipos en el oeste de Ucrania, según informaciones publicadas por autoridades locales y canales de Telegram ucranianos.

Regiones como Leópolis, Ternópil e Ivano-Frankivsk han sido atacadas en este bombardeo ruso.

Según la empresa eléctrica privada DTEK, una de sus centrales térmicas ha resultado dañada. Las centrales de DTEK han sido un objetivo habitual en los más de diez ataques masivos rusos contra la energía ucraniana de este año.

El ministro de Energía de Ucrania denunció este viernes que el sistema energético de Ucrania estaba siendo bombardeado en un nuevo “ataque masivo” enemigo contra este sector.

Alcalde de Nueva York dispuesto a cooperar para deportar a migrantes con delitos

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El alcalde de Nueva York, Eric Adams, asistió este jueves a la reunión solicitada por Tom Homan -designado zar de la frontera por el presidente electo Donald Trump- tras la cual dejó claro que ambos estaban de acuerdo en «perseguir a migrantes que están cometiendo crímenes» y que la ciudad cooperará con el fin de deportarlos.

«No vamos a ser un refugio para los que cometan crímenes contra migrantes inocentes, migrantes y neoyorquinos. Esa fue mi conversación con el zar de la frontera, para averiguar cómo perseguir a aquellos individuos que están cometiendo delitos repetidamente en nuestra ciudad”, dijo.

La rueda de prensa fue del alcalde en solitario, pese a que se había indicado que Homan participaría junto con él, lo que puede significar que tal vez no hubo una completa sintonía en sus puntos de vista.

Adams, demócrata, ya había señalado -al igual que la gobernadora Kathy Hochul- que no quiere en la ciudad a quienes cometan delitos, y ha comenzado a acercarse al presidente electo, el republicano Donald Trump, con quien ha mantenido conversaciones y expresado su deseo de cooperar con la nueva administración.

Para ese objetivo común -indicó Adams-, su equipo legal examina el alcance de sus poderes ejecutivos como alcalde para cooperar con los agentes de inmigración y sortear el carácter de Nueva York como «una ciudad santuario» que en teoría no permite a las agencias gubernamentales colaborar con las autoridades de Inmigración.

El mensaje del alcalde de Nueva York a los migrantes

Nueva York ha recibido más de 200.000 migrantes de diversas partes del mundo -en gran parte venezolanos- en los últimos dos años a los que se ha ofrecido diversos servicios, desde albergue, comidas, servicios de salud y asistencia legal, así como educación para sus hijos, lo que ha sido criticado por Trump.

El alcalde también tuvo un mensaje para los indocumentados, atemorizados por la política de deportaciones masivas que Trump ha dicho que pondrá en marcha desde que asuma el cargo, el 20 de enero: «Vamos a decirles a los que están aquí, que respetan la ley, que sigan utilizando los servicios de la ciudad, educando a sus hijos, usando la atención médica, protección pública y las cosas por las que hemos estado orgullosos durante mucho tiempo», señaló.

«Pero -reiteró- no seremos un refugio seguro para quienes cometen actos violentos. No lo hacemos por quienes son ciudadanos y no lo vamos a hacer por aquellos que son indocumentados».

Adams se mostró complacido con la reunión con Homan. «Lo que escuché es que tenemos el mismo deseo de perseguir a quienes están cometiendo actos violentos y me alegró porque compartimos el mismo deseo. Su objetivo es el mismo que el mío», afirmó.

Homan, quien también estuvo a cargo de las deportaciones durante la presidencia de Barack Obama, dirigirá la mayor operación de deportación que se haya realizado en EE UU, de acuerdo con lo anunciado por Trump y ya el designado zar ha dicho que comenzará en Chicago el 21 de enero.

EFE

Gustavo Petro: «Me dicen que no vaya a Venezuela; yo veré si voy o no»

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió nuevamente a la invitación realizada por el Gobierno venezolano para asistir a la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero en Caracas. Durante su intervención, Petro respondió a los cuestionamientos que han surgido en Colombia respecto a su posible asistencia.

Por Blu Radio

“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy. Dentro de mí están los principios que creo fueron por los cuales luchó Bolívar, que era una democracia justa, y por los cuales se fundó el M-19, por unos caribeños de Ciénaga y de Santa Marta, y alguno profesor constitucional en Barranquilla”, expresó el mandatario.

Días antes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición liderada por el congresista Jorge Tovar, en la que se solicita al presidente Petro no asistir a la posesión de Maduro. Con 75 votos a favor y 27 en contra, esta petición no tiene carácter vinculante, pero envía un mensaje directo al jefe de Estado sobre la postura de un sector del Congreso.

En respuesta, Petro cuestionó la intromisión del Legislativo en temas que, según él, son competencia exclusiva del Ejecutivo. “El Presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia. Invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente”, afirmó. Asimismo, aclaró que tomará una decisión sobre su asistencia “en su debido momento”.

La ceremonia de posesión de Maduro ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores han cuestionado la legitimidad de las elecciones venezolanas, señalando presuntos fraudes denunciados por múltiples gobiernos y organismos internacionales.

En Colombia, esta tensión no es nueva. El Congreso, tanto desde el Senado como desde la Cámara, ha emitido anteriormente proposiciones en las que solicitan no reconocer la victoria de Nicolás Maduro.

El odio anticorporativo y un dolor de espalda pudieron mover al presunto asesino Luigi Mangione

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La “mentalidad anticorporativista” que sentía sobre el sistema sanitario estadounidense y su dolor de espalda pueden estar entre los motivos de Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de su subsidiaria UnitedHealthcare, Brian Thompson, para haber cometido el crimen, según la policía de Nueva York.

“Cuando empiezas a usar una retórica como ‘Estos parásitos se lo merecían’, estás haciendo referencia a una mentalidad anticorporativista que va más allá de una queja individual por una lesión particular que pueda haber sufrido”, dijo una de las detectives jefe de la policía de Nueva York (NYPD), Rebecca Weiner, para CBS.

Las autoridades aseguran que el documento de dos páginas que recuperaron de la mochila de Mangione, donde se muestra a una persona resentida con el sistema de salud del país y con el mundo empresarial que lo rodea, ayudará a vincularlo con el crimen.

En parte, también se ha vinculado el crimen con la lesión que Mangione sufre en la espalda y por la que tuvo que estar ingresado en la sala de emergencias el 4 de julio de 2023, según los detectives.

Interés en la historia y los motivos de Luigi Mangione

Tras conocerse la identidad del presunto asesino, sus redes sociales despertaron un gran interés, y entre ellas destacaron la web de libros Goodreads, donde Mangione valoró positivamente el libro del terrorista estadounidense Theodore Kaczynski, más conocido como ‘Unabomber’, al que calificó como un “revolucionario político extremo”.

Sobre el manifiesto de ‘Unabomber’, anotó: “cuando todas las formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero ver las cosas desde su perspectiva no es terrorismo, sino guerra y revolución”.

Policías de Nueva York investigan en la escena de un crimen en el que murió tiroteado Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024, en Nueva York. EFE/Justin Lane
Policías de Nueva York en la escena de un crimen en el que murió tiroteado Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024, en Nueva York. EFE/Justin Lane

Las autoridades de Nueva York también se muestran preocupadas por los actos de violencia que pueda inspirar entre la población, ya que el crimen está teniendo un gran seguimiento en redes sociales y refleja la división alrededor de un suceso interpretado por algunos como un ‘correctivo’ a la industria de los seguros de salud en EE.UU.

“También hay carteles que hemos visto en internet y en Nueva York con las fotos de varios directores generales (…). Es importante que todo el mundo sepa que nos tomaremos estas amenazas muy en serio”, declaró Weiner a CBS.

Gran parte de estos perfiles en redes han compartido también historias de personas a las que se les negaba cobertura médica, denunciaban maltrato psicológico por parte de grandes aseguradoras y dificultades financieras para afrontar los gastos.

Seguidores recaudan fondos

Seguidores de Luigi Mangione abrieron una cuenta con la meta de recaudar 200.000 dólares para la defensa del joven detenido sin derecho a fianza, a quien incluso llaman “héroe”.

Esta recaudación, que se hace de forma virtual y está abierta en la plataforma GiveSendGO, está disponible desde el día en que fue arrestado en Pensilvania y ha recaudado hasta este jueves 50.783 dólares.

“No estamos aquí para celebrar la violencia, pero creemos en el derecho constitucional a una representación legal justa”, señala parte del texto que aparece en la iniciativa.

La cuenta indica, además, que el dinero se enviará directamente a Mangione, pero, “si decide rechazar los fondos, se donará a otros presos políticos de EE.UU.”.

Las cantidades donadas, muchas anónimas, varían y van acompañadas de diversos comentarios contra las compañías de seguros de salud.

La Justicia decidirá sobre el presunto asesino

Luigi Mangione, de 26 años, fue arrestado el pasado lunes tras ser avistado en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, estado donde todavía permanece en la prisión de máxima seguridad de la Institución Correccional Estatal (SCI), a la espera de una posible extradición a Nueva York, a la que se prevé que el sospechoso se oponga.

Los fiscales de la oficina fiscal del distrito de Manhattan han comenzado a presentar pruebas ante un gran jurado, que tomará la determinación inicial sobre si hay evidencia suficiente de que se ha cometido un delito para acusar a una persona.

La Policía planea acusarlo de asesinato premeditado en primer grado (ahora acusado de segundo grado), un cargo generalmente reservado para el asesinato de policías, bebés y para asesinos en serie, según la ley de Nueva York, pero la oficina del fiscal de distrito tiene la decisión final sobre los cargos, según CBS.

Por EFE

Leones del Caracas rugen con fuerza: ¡Dos estrellas japonesas llegan a la cueva!

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Los Leones del Caracas han sacudido el mercado de fichajes con la incorporación de dos lanzadores japoneses de élite: Ryo Negishi y Yuki Sato. Ambos jugadores, provenientes del renombrado equipo Japan Brezee, fueron figuras destacadas en el Juego de las Estrellas y ahora se unen a las filas melenudas con la promesa de fortalecer el bullpen.

Negishi, quien viene de una temporada excepcional con los Caimanes de Barranquilla en la Liga Colombiana, donde fue galardonado como el jugador más valioso, llega a la capital venezolana con una reputación imponente. Su dominio en el montículo y su arsenal de lanzamientos lo convierten en una amenaza para cualquier bateador.

Por su parte, Yuki Sato, también con una trayectoria brillante en el béisbol japonés, aportará su talento y experiencia al cuerpo de lanzadores caraquista. La gerencia de los Leones confía en que la dupla nipona será clave para alcanzar sus objetivos en la temporada.

La afición capitalina ha recibido con gran entusiasmo la noticia y se espera que la llegada de Negishi y Sato genere un impacto inmediato en el rendimiento del equipo. Sin duda, esta adquisición inyecta una dosis de emoción y expectativa al béisbol venezolano.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de castración química para abusadores sexuales de menores

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves un controvertido proyecto de ley que permite la castración química para personas condenadas por abuso sexual contra menores de edad. La medida, que deberá ser debatida en el Senado, incluye el uso de “medicamentos inhibidores de libido”, regulados por el Ministerio de Salud, según la enmienda presentada por el diputado Ricardo Salles, del bloque bolsonarista.

Por Infobae

El proyecto fue aprobado con 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, contando con el respaldo de partidos de derecha moderada y ultraderecha.

Entre las disposiciones también figura la creación de un registro público de condenados por este tipo de crímenes, que incluirá fotografías e información personal. Este registro será gestionado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), organismo responsable de supervisar la transparencia judicial en el país.

En lugar de recurrir a una cirugía, este procedimiento consiste en la administración de medicamentos que disminuyen drásticamente la producción de testosterona. Esta hormona, principal responsable del deseo sexual en los hombres, se reduce hasta niveles extremadamente bajos gracias al tratamiento.

En algunos países, este método forma parte de los programas de rehabilitación dirigidos a delincuentes sexuales, con la intención de reducir el riesgo de reincidencia al disminuir el impulso sexual. Sin embargo, su implementación y efectividad generan un considerable debate sobre su utilidad y ética.

Debate político: posturas divididas en el Congreso

El ex presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, celebró la aprobación en redes sociales, describiéndola como un “paso histórico” (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El diputado Ubiratan Sanderson, del Partido Liberal, calificó la iniciativa como un proyecto “importante” y defendió que la castración química ya se aplica en países como Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, agregó que “lo ideal” sería implementar la pena de muerte para los condenados por pedofilia.

Por su parte, el ex presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, celebró la aprobación en redes sociales, describiéndola como un “paso histórico”.

En contraste, la oposición expresó su rechazo al proyecto. La diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), argumentó que la mejor forma de prevenir abusos sexuales contra menores es mediante la implementación de programas de educación sexual en las escuelas.

Petrone calificó la propuesta de ley como una “farsa” y cuestionó su efectividad para combatir la problemática.

Con su aprobación en la Cámara Baja, la propuesta deberá ser sometida a discusión en el Senado, donde aún no cuenta con un consenso claro. De ser ratificada, Brasil se uniría a la lista de países que aplican la castración química como medida punitiva en casos de delitos sexuales graves.

(Con información de EFE)