Aunque todavía están por verse los efectos psicológicos de la pandemia de coronavirus, algunos expertos pronosticaron un tsunami de nuevos trastornos y las noticias han amplificado ese mensaje.

Por Benedict Carey / Infobae

La Organización Mundial de la Salud advirtió en mayo sobre un posible “aumento masivo de enfermedades mentales en los próximos meses” como consecuencia de la ansiedad y el aislamiento. Algunas plataformas digitales como Crisis Text Line y Talkspace reportaron con regularidad aumentos de actividad durante la primavera. Por si fuera poco, más de la mitad de los adultos estadounidenses comentaron que la pandemia había empeorado su salud mental, según un estudio reciente realizado por la fundación de la familia Kaiser.

Sin embargo, esta oleada de nuevos problemas mentales todavía está muy lejos de la costa y bien podría ser solo un espejismo. Varios psiquiatras y terapeutas que han ayudado a personas después de fenómenos como temblores, huracanes y otros desastres enfatizaron que sentir más ansiedad e impotencia es una reacción natural que solo en raras ocasiones adquiere rasgos crónicos o traumáticos. Los estudios diseñados para que los encuestados hablen sobre sus emociones no ayudan a predecir si perdurará la angustia; además, los padecimientos mentales graves como la esquizofrenia y el trastorno bipolar son estables, por lo que no es muy probable que hayan cambiado debido a la pandemia. La mayoría de las personas que viven con este tipo de padecimientos necesitaban cuidados constantes antes del brote del virus y los seguirán necesitando después de que se contenga el contagio.

“En casi todos los desastres, la gran mayoría de la población puede manejar sus emociones”, explicó Steven Southwick, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Yale, quien ha trabajado con sobrevivientes después de varios cataclismos, incluidos tiroteos masivos. “Muy pocos saben cuán resistentes son en realidad hasta que enfrentan circunstancias extraordinarias. De hecho, una de nuestras primeras tareas en este tipo de situaciones es hacerles notar precisamente eso”.

Las tendencias en la emisión de recetas médicas tampoco ofrecen mucha evidencia de una explosión en los trastornos mentales en los últimos meses. En marzo, cuando la epidemia se encontraba en su cúspide en muchas regiones, las recetas de medicamentos para controlar la ansiedad, como Xanax y Klonopin, aumentaron un 15 por ciento con respecto al mes de febrero; en el caso de los antidepresivos, aumentaron un 14 por ciento, y se recetó un cinco por ciento más de pastillas para dormir, según datos de OptumRx, la empresa encargada de administrar programas de recetas médicas de UnitedHealth Group.

No obstante, esas tasas comenzaron a bajar a principios de abril. Del total de recetas correspondientes a ese mes, 8,7 millones se emitieron por medicamentos contra la ansiedad y 27,4 millones por antidepresivos, cantidades muy cercanas a los promedios usuales para abril, según datos proporcionados por la firma de analítica para el sector de servicios de salud IQVIA. Las recetas para otras categorías de fármacos psiquiátricos, como antipsicóticos, se mantuvieron al nivel mensual promedio en marzo y abril.

“El hecho de que los aumentos en el uso de antidepresivos y fármacos contra la ansiedad hayan sido moderados y temporales podría calmar la inquietud en torno a la posibilidad de que la pandemia haya provocado alzas pronunciadas en los trastornos de ansiedad y en cambios de ánimo del público en general”, señaló en un correo electrónico Mark Olfson, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Columbia. En particular, el alza que registraron en marzo las recetas de fármacos para controlar la ansiedad podría reflejar en parte el hecho de que las personas compraron más de los medicamentos que ya estaban tomando para tener una reserva, o quizás aumentaron su dosis, subrayó.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, a muchos funcionarios del sector salud les preocupaba que fuera a surgir una oleada de nuevos padecimientos mentales y que el sistema se viera abrumado. En un estudio realizado en 2004, los investigadores exploraron datos sobre recetas emitidas el mes anterior y el mes posterior al ataque terrorista e hicieron una comparación con las tasas de recetas para varios fármacos psiquiátricos. Concluyeron que “la grave sacudida y el gran temor ocasionados por los sucesos del 11 de septiembre no provocaron ningún aumento conmensurable en el uso de medicamentos psicotrópicos”, salvo un aumento moderado en la ciudad de Nueva York.

La evidencia de encuestas recientes en que se preguntó a las personas qué emociones experimentaban durante la pandemia no sirve para confirmar ninguna postura, según los expertos. Una razón es que estas encuestas en general no hacen ninguna distinción entre personas que se encuentran en el centro de la acción, como trabajadores dedicados a prestar los servicios más necesarios, en este caso, y el resto de los ciudadanos. Millones de estadounidenses han dividido su tiempo entre reuniones por Zoom para compartir cocteles y maratones de Netflix, así que tal vez podría decirse que tienen un problema de administración de tiempo, pero ninguna dificultad ligada a algún trauma perdurable.

También hay que considerar que la angustia psicológica por lo regular tarda algún tiempo en consolidarse y convertirse en el tipo de trastorno persistente que obliga a las personas a buscar un tratamiento mediante el cual se pueda revelar un padecimiento psiquiátrico diagnosticable. Por ejemplo, uno de los elementos que definen el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad excesiva prolongada por lo menos seis meses. En cuanto al estrés postraumático, un requisito básico para su diagnóstico es que se experimente una situación que ponga en riesgo la vida propia o la de un ser querido, o que se viva de cerca, como cuando se ve morir a otros en una unidad de terapia intensiva. Es común que los pacientes sufran pesadillas y otro tipo de reverberaciones del trauma, pero en general estas deben persistir por lo menos tres meses para que se pueda diagnosticar un padecimiento crónico.

“Hay varios estudios y creo que son útiles, hasta cierto punto”, opinó Emma Beth McGinty, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. “El problema es que emplean una mescolanza de parámetros para los síntomas de la depresión y la ansiedad, en vez de un instrumento psiquiátrico validado” o un cuestionario.

Hasta la fecha, la mejor encuesta estadounidense, publicada a principios de este mes por JAMA y encabezada por McGinty, administró en línea un cuestionario psiquiátrico estándar ampliamente estudiado a una muestra representativa nacional de 1468 adultos. Se descubrió que el 14 por ciento de las personas exhibían niveles altos de ansiedad psicológica, en comparación con un promedio del cuatro por ciento durante la era previa al COVID-19. También se reveló que había muy poca diferencia en los sentimientos de soledad de los encuestados en comparación con los promedios antes de la pandemia.

“Mientras más tiempo las personas experimenten estos niveles de ansiedad psicológica, será más probable que presenten un diagnóstico que amerite tratamiento”, señaló McGinty en una entrevista telefónica. “Pero por ahora no es posible decir si eso en realidad sucederá. Este trabajo se realizó en abril, justo cuando se pusieron en marcha las órdenes de cierre de actividades y de quedarse en casa, cuando las personas experimentaban estas circunstancias por primera vez. Podríamos plantear como hipótesis que el estrés ha bajado, ya estamos más acostumbrados a esta situación y el mundo se ha reactivado un poco”.

En días pasados el Colegio de Médicos del estado Zulia informó que para el momento habían recibido información no oficial que registraba 144 médicos en la entidad contagiados con covid-19, esto sin contar al personal de enfermería, aseadores, camilleros o incluso vigilantes

Orianny Granado / TalCual

Al menos cinco trabajadores de la salud han muerto en el estado Zulia como consecuencia de la covid-19, así lo constatamos en TalCual a través de cifras extraoficiales que manejan trabajadores sanitarios de la entidad.

Solo en las últimas 24 horas fallecieron tres trabajadores de la salud. El primer fallecido es la doctora Marisela Ramírez, quien trabajaba en el programa de Adulto Mayor. Su muerte se produjo la tarde del martes 23 de junio en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM).

Ramírez permaneció recluida por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Lucas, sin embargo, debido a las complicaciones en su estado de salud tuvo que ser trasladada al único hospital centinela de la entidad, el HUM, donde finalmente falleció.

De acuerdo a lo publicado por La Verdad, el esposo de la médico permanece recluido en la UCI debido a su grave estado.

Los otros fallecidos son es el gineco-obstetra Manuel Romero y la enfermera Keila Molaya. Esta última laboraba en el hospital Militar de Maracaibo. Ambas muertes se produjeron durante el 24 de junio, según reporta la ONG conformada por especialista en materia de salud Médicos Unidos de Venezuela.

Sin embargo, estas muertes no han sido reportadas en el boletín dado diariamente desde la administración de Nicolás Maduro. Incluso, la noche del miércoles 24 de junio la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó sobre dos nuevas muertes en el estado Zulia, pero hizo referencia fue a un paciente masculino de 69 años, pescador, quien presentó síntomas desde el pasado 8 de junio. El otro deceso corresponde a una paciente de 52 años, del municipio San Francisco.

“Era diabética, hipertensa y sufría de una enfermedad autoinmune. Se produjo un fallo cardiopulmonar que le ocasionó la muerte”, refirió.

Gremio de médicos pidió decretar alerta roja en la entidad
El lunes 22 de junio, el Colegio de Médicos del estado Zulia exigió a las autoridades locales decretar alerta roja en la entidad, debido al importante número de casos de coronavirus.

Aseguraron que es necesario decretar “alerta roja” no solo por el exponencial incremento en los contagios, sino por lo que consideraron es la “insuficiencia en el número de camas operativas en las unidades de cuidados intensivos”, lo que complica aún más el panorama.

Desde el gremio médico alertaron que «el coronavirus sigue permeable en la comunidad del Zulia como consecuencia del no cumplimiento de las medidas de prevención y protección declaradas por la OMS. Denunciaron además, que para el momento habían recibido información no oficial que registraba 144 médicos en la entidad contagiados con covid-19, esto sin contar al personal de enfermería, aseadores, camilleros o incluso vigilantes.

Asimismo, detallaron que ya dos galenos habían fallecido en la entidad a consecuencia de esta enfermedad. Se trataría del médico Samuel Viloria quien murió el 16 de junio luego de batallar contra la enfermedad y la médico pediatra Solange Scandela, que falleció el domingo 21 de junio.

Clínicas privadas en el Zulia están al borde de su capacidad
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró este jueves 25 de junio, que en la entidad zuliana las clínicas privadas que están atendiendo a pacientes con coronavirus están a poco de agotar su capacidad.

Durante unas declaraciones ofrecidas para hablar sobre la grave crisis que vive el estado a consecuencia de las reiteradas fallas en los servicios públicos y el brote de coronavrius, el diputado explicó que solo cuatro clínicas privadas están atendiendo a estos pacientes, y que además solo tienen entre 15 y 20 camas cada una, y ya se encuentran casi en su máxima utilización.

Detalló además que en el Hospital Universitario de Maracaibo ya hay por lo menos 200 pacientes internados positivos para covid-19, historia que se repite en el resto de centros de salud.

Aclaró que este incremento se debe a “diversos factores, pero principalmente a un mal manejo de la situación”, a su juicio, el mercado de Las Pulgas se convirtió en el principal foco porque “mientras que en la frontera las personas eran llevadas a campamentos donde permanecían por 15 días, por meses se permitió que desde Colombia ingresaran al país camiones que iban directamente al mercado, donde va gente no solo de Maracaibo sino de todo el Zulia”.

Incluso, para Guanipa este mercado también es el epicentro de brotes en otras entidades, como el estado Lara.

A esto se le suma la imposibilidad de los ciudadanos de dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social y de higiene, “el 80% del país dice que tienen problemas para obtener agua, 90% tiene fallas en el servicio eléctrico, más de 70% pasa trabajo para conseguir el gas”, lo que sumado al colapso del sistema de salud, son el escenario propicio para la propagación de este virus.

Advirtió que en la entidad existe un número significativo de personas que presentan síntomas de esta enfermedad, pero que han optado por no acudir a un centro de salud “por miedo a lo que puedan hacer con ellos”.

El doctor Julio Castro, especialista en infectología y medicina interna, informó este jueves sobre la necesidad de incorporar las medidas de cuidado preventivo para el Covid-19, a nuestra cultura y al quehacer diario, pues es una epidemia que estará presente, por lo menos, un año más.

Elías Rivas / ND

En entrevista con el periodista Vladimir Villegas publicada en su canal de Youtube el galeno precisó que estas medidas deben internalizarse y entenderse.

«No solo el uso de mascarillas. Evitar aglomeraciones. Todo eso pone en riesgo a todos y debemos internalizarlo, porque esta epidemia estará con nosotros por lo menos un año más. Esto es algo que tenemos que incorporar a nuestra cultura y es parte de lo que tratamos de decir, hay un contingente importante de personas que no lo entienden», dijo Castro durante la entrevista, haciendo mención a las populares Fiestas de San Juan donde, a su juicio, reinó la inconsciencia.

«Hay tres tipos de personas ahorita: Los que sobredimensionan el riesgo y le echan cloro hasta los lápices con los que trabajan, otros que no le paran y dicen que es un invento capitalista o el nuevo orden social y está la gente del medio donde hay una gran variedad. Debemos darle la dimensión justa y entender en qué puesto está cada país y ver qué es lo adecuado en cada momento», resaltó.

Julio Castro, como integrante de la Comisión médica que está al frente de la atención del virus en Venezuela, ofreció un balance de lo que ha sido el trabajo en conjunto con el gobierno de Nicolás Maduro.

«Algo que se hizo bien desde el principio: la cuarentena temprana. Eso dinamizó que la primera fase de la epidemia fuese lenta y hubiese pocos casos, pero era un tiempo idóneo para prepararte para una segunda fase y eso no lo entendieron. Esa segunda fase llegaría hicieras lo que hicieras. Creo que el elemento central, entrando en lo negativo, es la poca transparencia de información y los voceros no calificados para transmitir información. No puede ser que el comando discursivo de la epidemia la lleven personas que no tienen nada que ver con eso. Deben transmitir confianza a la gente, porque un contingente de medidas dependen de los ciudadanos y no del gobierno», enfatizó.

«Todo el mundo sabe que Jorge Rodríguez es médico, pero es un tema más de simbolismo, la persona tiene que identificar a otra que genere confianza, que lo entiende como un valor en la transmisión de los datos. No puedes decir, como ocurrió ayer por ejemplo, que tienes datos importados. Esas personas están en Venezuela independientemente que se hayan contagiado en Colombia o en otro lado, eso confunde a la gente. Y eso tiene un driver político: segmentar casos para parecer que la epidemia está controlada y no lo está», agregó.

El infectólogo insistió en que el país no está haciendo el número de pruebas necesarios, algo que, a su juicio, es un grave problema.

«Necesitamos al menos mil pruebas diarias y estamos haciendo 600, ahí tenemos un problema y lo hemos comentado al ministro en las reuniones. Tampoco se produce boletín epidemiológico, no necesitamos lo que dicen en televisión, sino data: qué edad tiene, municipio, parroquia, mapa de densidades para que la persona sepa dónde está. No es lo mismo vivir en Maracaibo que en Los Valles del Tuy, y ese tipo de información no se ha dado».

Castro comentó que en medio de este acuerdo Maduro-Guaidó en relación al tema de salud se ha avanzado en términos positivos para el personal sanitario, objetivo que ambos lados comparten, según explicó.

Adelantó que hay fondos que podrían estar movilizándose en los próximos días que servirían para mejorar la calidad de las pruebas y dotar de insumos las unidades que atienen a los pacientes con Covid-19, entendiendo que el foco principal será el estado Zulia.

Sobre el comportamiento del virus mencionó que este se comporta de manera proporcional a la población que tenga la zona, por lo tanto, asegura que es cuestión de tiempo que el resto del país tenga un panorama similar a la entidad zuliana.

«Pensar que es diferente es pueril. El virus se comporta esterioripadamente en el mundo entero (…) Es cuestión de tiempo, como si te comparas con Madrid o Milán. Ambos tuvieron un problema serio hace dos meses. Caracas está detrás de Maracaibo y así se repetirá en las ciudades con mayor población», advirtió.

Casos y flexibilización

Julio Castro se mostró poco optimista en cuanto a la disminución de casos en los próximos meses, dijo que eso dependerá de las medidas que se tomen en el momento, por tanto, presume que vienen dos meses de aumento franco de casos. «Estamos en fase de crecimiento y si se toman medidas más fuertes eso puede durar dos meses».

Esto hace que su postura sobre la flexibilización no sea aplaudirla, sino todo lo contrario. «Me preocupa es el daño que puede hacer. Que lo hagas en España donde los números están bajando es un contexto, ahora hacerlo en Venezuela y en América Latina por presiones sociales no tiene sentido. Si en Venezuela estuviesen bajando los casos está bien, pero se ha hecho en momentos inadecuados», resaltó.

Antes de concluir la entrevista Julio Castro habló sobre casos fronterizos y mencionó que sobre este punto en particular no le han ofrecido mayor información, pese a que han levantado alarmas en ese sentido.

«Para ser honesto tenemos poca información de lo que está pasando allí. Sí hemos levantado algunas alarmas y lo hemos comentado que estigmatizar como causa y origen a los migrantes tiene efecto negativo, porque si las personas presentan síntomas en estas zonas no van a acudir al médico y así se mantiene la cadena de transmisión. No podemos dejar de entender que es un fenómeno más extenso, pero veo que se focalizan, por ejemplo en Táchira por tener a un dirigente de pensamiento distinto. A eso hay que quitarle el tamiz político. Apure, por ejemplo, tiene 20 % de los casos de todo el país y eso es terrible. Nos preocupa también el tema de las condiciones de los refugiados, no tenemos información precisa solo lo que sale en prensa», mencionó.

Los hospitales de la entidad están en condiciones deplorables, señalaron informantes ligados al sector de la salud. «Lo único nuevo es el coronavirus, pero los centros de atención urbanos y rurales están en una precariedad alarmante desde hace mucho tiempo», aseguraron

Por José Gregorio Meza / @josegremeza / El Nacional

Los hospitales del Zulia están en condiciones deplorables, señalaron informantes ligados al sector de la salud en el estado. «Lo único nuevo es el coronavirus, pero los centros de atención urbanos y rurales están en una precariedad alarmante desde hace mucho tiempo», aseguraron.

Cifras extraoficiales dan cuenta de 47 médicos contagiados. Se confirmaron cuatro decesos por coronavirus y otros cuatro a causa de complicaciones respiratorias, tres en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) y otro en una clínica privada. En la entidad hay 590 casos confirmados, de los 4.365 que hay en Venezuela, según los reportes del régimen hasta el 24 de junio de 2020.

«Solamente teníamos tres hospitales que podían hacer frente a la emergencia en cuanto a dotación, no en infraestructura: el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital Militar y el HUM. Todos los demás, incluidos los materno-infantiles, no pueden hacer frente a ninguna emergencia», explicaron.

La persecución de Nicolás Maduro a quien declare o dé cualquier información de la crisis de salud en el Zulia ha obligado a médicos, enfermeras y trabajadores del sector a ser precavidos. Omar Prieto, el representante del régimen en la entidad, se ha convertido en el adalid de atropellos y desmanes en su contra. Las amenazas contra estos profesionales les ha obligado a declarar bajo la figura de anonimato.

Centinela del Zulia
El HUM, que fue designado como hospital centinela, no recibe agua potable por tuberías. «Trabajan con cisternas y eventualmente se ponen a funcionar las bombas para surtir de agua. Por tanto, en las salas de examen no hay agua disponible para lavarse las manos con jabón», señaló un informante de ese centro de salud.

«La unidad que se habilitó para recibir los pacientes positivos tiene una sola sanitaria para médicos y pacientes. Los médicos que están allí no pueden salir mientras estén de guardia. Ni siquiera pueden usar sus teléfonos», subrayó.

«Es un ambiente con unas condiciones sanitarias inadecuadas», agregó.

Todos los hospitales
«Todos los hospitales de Maracaibo tienen graves problemas de dotación de agua. Ninguno está exento. Todos tienen problemas de energía eléctrica» , detalló Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia.

«No funcionan las Unidades de Cuidados Intensivos. Solo trabajan las del HUM y la del Hospital Coromoto. En suma podran haber 12 camas en UCI con respiradores. Claro, se están habilitando las áreas de emergencia, de resucitación y de anestesia, pero tenemos una necesidad imperiosa de recursos, de servicios, de imágenes, de laboratorios, de medicamentos, de equipos de protección personal, que es otra de las grandes fallas que se viene denunciando desde febrero, lo que incide directamente en la cantidad de personal de salud que está enfermo», recalcó.

Apenas entregan una mascarilla para toda la guardia de 24 horas, reveló.

«El Zulia necesita ayuda. Lamentablemente los reclamos nunca han sido atendidos», recalcó Parra.

«No hay justificación alguna para que no existan suficientes equipos de protección, para que no haya suficientes equipos de ventilación mecánica, no están funcionando los ascensores, las salas de hospitalización del HUM tienen las ventanas selladas y no hay aire acondicionado», explicó.

Crisis en la Guajira
«Pongan la vista en el Zulia», pidió otro médico que trabaja en la Guajira.

«Estamos en un estado fronterizo con una población indígena desatendida. Tenemos un hospital binacional en Paraguaipoa totalmente abandonado. Allí los médicos duermen en colchonetas en el piso. No tienen electricidad y, por supuesto, los aires acondicionados no funcionan», aseguró.

«No solamente la gente se está muriendo sino que el personal que los debe atender también se está muriendo», subrayó.

Zulia en alerta roja
La junta directiva del Colegio de Médicos del estado Zulia emitió un comunicado en el cual se declaró en alerta roja por la crítica situación en la entidad.

«El coronavirus sigue permeable en la comunidad del Zulia como consecuencia del no cumplimiento de las medidas de prevención y protección declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Entre estas el más evidente es el no portar tapabocas y no guardar la distancia social en los mercados ni en el transporte colectivo (aglomeración forzosa) y mucho menos el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel desinfectante con alcohol, o el uso de guantes. Por lo que exigimos una campaña agresiva de dotación gratuita de mascarillas y gel desinfectante en las paradas de buses, mercados y sitios de tránsito público«, indicó.

Exigió asimismo la dotación de equipos de protección personal y el saneamiento de los centros de salud. Pidió dotación permanente de agua y jabón, así como hidratación y alimentos.

insuficientes insumos y medicamentos
Denunció, de igual manera, la insuficiente cantidad de insumos y medicamentos necesarios para el tratamiento sintomático de la pandemia y de sus complicaciones, de infección sobreagregada o de daños pulmonares, cardíacos y otros sistemas, así como el insuficiente número de camas operativas en las UCI de los hospitales de la entidad.

«El aislamiento obligatorio de pacientes asintomáticos realizado en áreas de hospitales y en hoteles (moteles) de baja denominación, en la mayoría de los cuales no se les presta un servicio médico y de enfermería permanente ni tampoco una dieta regular (dos o tres comidas a deshora, frías y de mala calidad), y además inadecuada a su condición, ni tampoco se les presta servicio de lavandería, hace que los pacientes sucumban entre el hambre, la sed y las dificultades para su aseo personal», advirtió.

Exigió finalmente un cambio de timón en el manejo de esta pandemia.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el Comisionado Presidencial Para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, conversaron este jueves 25 de junio con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, en lo que fue el tercer foro “Encuentros por Venezuela”.

lapatilla.com

El debate lo inició el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, quien detalló cómo fue la transición a la democracia en su país durante su mandato. “Hoy bajo esta dictadura todos seguimos anhelando encontrar caminos. Hemos chocado contra una dictadura refundacional”, dijo el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti.

“Cada país y cada transición está determinada por la historia del país, esto va a ser también así en Venezuela. La clave psicológica de las transiciones son el temor y la impaciencia”, agregó.

A su juicio, “La dictadura venezolana ha frustrado una y otra vez la expectativa de elecciones”.

“El régimen no solo ha restringido las libertades, sino que ha demostrado la mayor ineficiencia en materia económica. Ninguna dictadura había llevado a un país a un desastre como el de Venezuela”, manifestó.

“En el caso uruguayo, la dictadura nuestra no tenía un apoyo internacional de esa naturaleza (China, Rusia). A nosotros nos alentaba mucho las presiones sobre el régimen, que fueron muy importantes; naturalmente la situación entre Venezuela y Uruguay son distintas, pero la de Venezuela es peor”, indicó.

Agregó que la dictadura venezolana es una” dictadura vinculada a los elementos de corrupción y terrorismo. Eso hace más difícil la situación de Venezuela. Naturalmente a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela hay que hacerle sentir que no van a ser las víctimas. Una transición no es una vuelta a la campana donde los militares van a sufrir lo que ha hecho el régimen de Maduro”.

Enfatizó que “Lo que se trata es de incluir a todo el mundo en una voluntad de paz, eso requiere un sentimiento, que lo haya, en el caso de Venezuela hay sectores muy vinculados y hay una influencia internacional que los está ayudando”.

“En el caso de Venezuela ha habido muchos esfuerzos. El diálogo no es sino una herramienta”, expresó.

Señaló que “No todo el mundo acepta todo toda la vida, en algún momento alguien tiene que decir ´esto hay que pararlo´, que se pregunte hasta qué momento se es cómplice de toda esta corrupción. Apostando a eso, hay que generar ese clima, estamos en un momento de lucha democrática”.

Acotó que se debe “Construir un clima para que la semilla pueda germinar y tratar de que la semilla pueda germinar. No hay que desanimarse, siempre habrá el espacio para el retorno de la libertad”.

Finalmente, hizo un llamado a mantener viva la esperanza. “Debemos mantener viva la esperanza, es lo que nos dice la experiencia, seguir luchando y seguir tratando de abrir caminos, porque en algún momento nos van a llevar a algún resultado”.

Los comicios que iniciaron este jueves contemplan la modificación de varias enmiendas constitucionales

por LAURA MENDEZ SARRAMERA / Caraota Digital

Rusia inició este jueves la celebración de un referendo que modificará varias enmiendas constitucionales permitiendo a Vladimir Putin, actual presidente del país hasta 2024, optar por la reelección a dos períodos más hasta 2036.

La enmienda fue propuesta por Putin en enero, las elecciones estaban contempladas inicialmente para el 22 de abril pero motivado a la pandemia, se vieron obligados a reprogramar teniendo como nueva fecha el 1 de julio, sin embargo respetando las medidas de distanciamiento social los centros electorales decidieron abrir una semana antes.

¿Qué otros cambios contempla?
La modificación constitucional también incluye algunos cambios en sectores sociales como el reconocimiento del matrimonio únicamente bajo la unión de hombre y mujer, además de la redistribución de los poderes ejecutivos, una medida que beneficia a la presidencia.

¿Aparente democracia?
Los cambios propuestos ya fueron aprobados por las dos cámaras del Parlamento, la Corte Constitucional y Putin. El mandatario impulsó que esta medida también sea consultada a la ciudadanía, sin embargo el resultado de esta elección no tiene validez legal.

Elecciones en medio de una pandemia
Diferentes factores sociales denunciaron que los comicios representan un problema de salud pública entendiendo que el país sigue reportando 7.000 casos diarios y contabiliza 613.00 contaminados, siendo el tercer país del mundo con más casos confirmados.

Putin respondió a estas acusaciones que el país ha sabido manejar la crisis y que ofrecerán la garantías necesarias para velar por la seguridad de la ciudadanía.

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró este jueves que EEUU aplicó sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro confiando en la debilidad del mandatario socialista, pero al verlo anclado al poder, dice que es imperioso un cambio de estrategia si no se quiere el resultado de Cuba, Siria o Irán.

Jesús Herrera / ND

“Creo que EEUU aplicó sanciones a Venezuela confiando que Maduro era tan débil que saldría rápido del poder. Pero una vez consolidado el peor escenario: Maduro anclado en poder y el país aislado, se hace imperioso un cambio de estrategia o veremos el mismo resultado de Cuba, Irán, Siria”, señaló, entrevistado en Circuito Onda.

Sugiere además que es muy poco probable que exista una negociación para buscar la salida del chavismo, pues, a su juicio, “estamos quizás en el peor momento político de los últimos 20 años y es un punto muerto para todas las soluciones potenciales, incluyendo moderadas y radicales”.

Para León, EEUU basó su estrategia en dos ideas centrales: la primera, que el gobierno madurista no iba a resistir las sanciones y el aislamiento; y la segunda, que el sector militar estaba dispuesto a un cambio. “Ambas premisas eran y son erradas”.

Por lo tanto, al notar que el efecto de las sanciones no era el esperado, el país norteamericano “evoluciona intentando canalizar su energía para presionar una negociación en la que reconoce mejor la fuerza del adversario”.

Y comentó: ¿Trump piensa abandonar a Guaidó? No me parece posible por ahora. Guaidó es el único líder con soporte institucional y popular, más allá del debilitamiento natural por tiempo sin resultados. No hay aún alternativas de liderazgo con ese respaldo y EEUU no es quien lo construye”

La organización Voluntad Popular, la más vehemente en la confrontación con el chavismo, ha impulsado las acciones más radicales contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero hoy parece desmoronarse y todo indica que va a ser intervenida como antes AD y PJ

José Luis Carrillo / TalCual

Desde su fundación como movimiento político en diciembre de 2009, Voluntad Popular ha sido uno de los más vehementes opositores a los gobiernos del chavismo. Bajo la conducción de Leopoldo López, el partido que quedó inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como Voluntad Popular Activistas ha buscado desde los sectores populares y con activismo de calle, socavar las bases del Ejecutivo y presionar para un quiebre en el gobierno.

Precisamente por esto, el partido ha sido el más golpeado por la acción judicial y de los cuerpos de seguridad del Estado. Al punto que su líder fundamental se encuentra refugiado en la embajada de España; su segundo dirigente en importancia, Carlos Vecchio, está en el exilio y otra de sus figuras clave, Freddy Guevara, permanece a resguardo en la embajada de Chile, mientras varios de sus diputados han sido detenidos y otros también se han exiliado por contar con averiguaciones penales.

Pero luego de 10 años y algunos meses de su creación, la organización ha visto la renuncia de otras de sus figuras clave, en medio de las dificultades para una dirección cohesionada precisamente por la situación de sus líderes fundamentales. Al punto de que, cuando parece que seguirá la suerte de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), que fueron intervenidas y se les impuso una directiva ad hoc, en el caso de Voluntad Popular, se ha producido una desbandada.

Voluntad Popular y la «salida» que no fue
Voluntad Popular fue el mecanismo creado por el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, para alcanzar el poder. Surgido de una familia acaudalada, López fue uno de los fundadores de Primero Justicia, junto a Julio Borges, Gerardo Blyde, Carlos Ocariz y otros dirigentes. Por diferencias con Borges abandonó esa organización para pasar temporalmente por Un Nuevo Tiempo, organización que, para respaldar la candidatura presidencial de Manuel Rosales en 2006, pasó a ser un partido nacional y atrajo figuras de otras organizaciones, aunque después las mismas lo abandonaran para dejar la directiva propia del estado Zulia, donde surgió.

En el ínterin y desde su gestión como alcalde de Chacao, López comenzó a formar una organización llamada Redes Populares, que precisamente trataba de articular el activismo político en los bastiones que en su momento conformaron la base de apoyo del chavismo: los sectores menos favorecidos económicamente; con sus redes, López comenzó a edificar un liderazgo en Caracas y uno incipiente a nivel nacional, que le llevó a ser el aspirante que, según las encuestas del momento, tenía el mayor chance de obtener la victoria en las elecciones para alcalde metropolitano en 2008.

Movimiento estudiantil
Inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República pero con las bases de las redes, López fue incorporando al movimiento gran parte de los dirigentes estudiantiles que fueron clave en el triunfo del “No” en ocasión del referendo por la reforma constitucional planteada por Hugo Chávez en 2007. Líderes como Freddy Guevara, Daniel Ceballos, David Smolansky, Juan Andrés Mejía, Rolman Rojas, Gaby Arellano y Manuela Bolívar, entre otros, pasaron a ser activistas del partido de López, que fue inscrito en el organismo electoral en 2011.

Aunque no gozaba del favoritismo con miras a las presidenciales de 2012, una vez que el liderazgo de Henrique Capriles comenzó a descender, López se presentó como el más radical opositor a Nicolás Maduro. Su partido comenzó a obtener victorias electorales (David Smolansky ganó la alcaldía de El Hatillo en diciembre de 2013).

En 2014 promovió “la salida” una actividad de protesta masiva contra el gobierno de Nicolás Maduro que derivó en una marcha multitudinaria que se dirigió a la sede de la Fiscalía General de la República, donde se produjeron hechos violentos y la misma fue incendiada, así como posteriores manifestaciones violentas, por lo que López fue acusado de instigación a la violencia. El dirigente se entregó a las autoridades y fue llevado a juicio, donde recibió sentencia de 14 años y nueve meses de prisión.

Cárcel y persecución para figuras de Voluntad Popular
Varios dirigentes fundamentales de VP han sido enjuiciados, tienen orden de captura, o fueron detenidos. El primer aprehendido fue Renzo Prieto, quien en mayo de 2014 fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sin contar con orden de detención. Prieto fue postulado como diputado suplente de la candidata Gaby Arellano para las parlamentarias de 2015, quien salió electa, pero a Prieto no se le otorgó la libertad hasta 2018.

En 2017, y a pesar de ser diputado suplente del diputado Rafael Guzmán, de Primero Justicia, otro activista de VP, Gilber Caro, fue aprehendido y acusado de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada, siendo enviado a la cárcel de Tocuyito.

Caro fue excarcelado un año después, pero fue nuevamente hecho prisionero en abril de 2019 y vuelto a excarcelar en junio de 2019 en el marco de la visita de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachellett. En diciembre de 2019 fue llevado a prisión una vez más.

Refugio, exilio y casa por cárcel
Otras figuras de VP sobre las que pesan órdenes de detención son el diputado Freddy Guevara, quien fue vicepresidente del Parlamento en 2017 y lideró una ola de manifestaciones contra Nicolás Maduro, pasando a refugiarse en la sede de la embajada de Chile, donde permanece, y Juan Andrés Mejía y Freddy Superlano, acusados de traición a la patria por los incidentes en la frontera venezolana cuando se intentó ingresar una “ayuda humanitaria” que no fue autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Mención aparte merece el diputado Ismael León, quien fue el que en octubre de 2018 pidió a la comisión de Contraloría iniciar una investigación a las tiendas CLAP y una posible triangulación de las mismas con el empresario colombiana Álex Saab en unas supuestas irregularidades. Un año más tarde León fue detenido y acusado de terrorismo. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria a pesar de que nunca ha sido presentado en tribunales ni se le ha sometido a juicio.

Discrepancias internas en Voluntad Popular
Sin sus principales dirigentes en condiciones de ejecutar un liderazgo efectivo, VP comenzó a sufrir escisiones internas. En diciembre de 2019 el diputado Ramón Flores renunció a su militancia asegurando tener diferencias con el rumbo de la organización.

«He estado inconforme con muchos acontecimientos. Para muchos no es secreto mi molestia, discrepancia e inconformidad con el trato recibido de la organización en el manejo de la situación política del país durante un largo tiempo. Esta reflexión que me ha llevado a concluir que no estoy cómodo, sin entrar en particularidades”, expresó Flores en esa oportunidad.

Poco después, en enero de 2020, se produjo la deserción de la coordinadora de organización del partido en el estado Trujillo, Yris Vianeth, quien aseguró que el responsable del partido en la entidad, Yoni Toro, no la representa.

La fracción del CLAP
Entre diciembre y enero ya se había producido otra crisis en VP. En efecto, a finales de 2019 se había producido el escándalo de los diputados de la oposición que supuestamente se habrían cuadrado con el chavismo para evitar que Juan Guaidó repitiera como cabeza del Parlamento y también para evitar que el empresario colombiano Álex Saab fuera vinculado a las irregularidades que investigaba la comisión de Contraloría en relación al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Diputados de varios partidos pertenecientes a la comisión de Contraloría habían emitido constancias de que Saab no se encontraba vinculado a los supuestos ilícitos, esto a pesar de que la comisión no había aprobado informe alguno, el cual además requería de la aprobación de la plenaria de la Asamblea Nacional.

Por Voluntad Popular aparecieron avalando la directiva de Luis Parra al frente del Parlamento los diputados Richard Arteaga, Freddy Superalano y Guillermo Luces, quienes junto a otros parlamentarios como Luis Parra, José Brito, Héctor Vargas, Contrado Pérez, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, pasaron a ser conocidos en la opinión pública como los diputados pertenecientes a la «fracción CLAP»

Retirada
La oleada actual de deserciones de VP comenzó el 8 de junio de este 2020, cuando la activista y defensora de DDHH, Ana Karina García, aseguró que el partido había iniciado una campaña en su contra

“Lamento que desde VP hayan desatado una campaña en mi contra, cosas como esas son las que no comparto, el respeto a pensar distinto es parte de ese nuevo país que quiero construir. Qué triste que hayan copiado ese modelo del chavismo. Mi conciencia está tranquila”, indicó la dirigente a través de las redes sociales.

Ese mismo día se produjo la renuncia a la militancia del diputado Rosmit Mantilla, quien detalló que su separación de la organización se debe a que ya no comparte las decisiones, ni las visiones políticas “orientadas a erradicar la dictadura”.

“He de confesar con toda honestidad y gran desconcierto, que ya no suscribo ninguna de las decisiones ni visiones políticas orientadas a erradicar la dictadura”, expresó el diputado a través de un comunicado.

¿Otro movimiento?
Cuando se espera que VP sea objeto de una intervención similar a la que se aplicó a AD y PJ, hay rumores de que algunas de las figuras más visibles que quedan de la organización pasarán a conformar otro movimiento político.

El pasado 12 de junio el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Pedro Carreño, aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, está conformando una nueva organización política conjuntamente con el exalcalde de Chacao, Emilio Graterón, quien fuera uno de los activistas más cercanos a Leopoldo López.

Los nombres que se estarían considerando para el nuevo partido, según la declaración de Carreño, son “Vamos Bien” y “Transición Democrática”.

Terrorismo
Luego de los sucesos de la llamada “Operación Gedeón”, por la cual fueron detenidas unas 50 personas y que consistió en el desembarco en costas venezolanas de unos presuntos mercenarios supuestamente decididos a capturar a Nicolás Maduro y de la cual habría conocido Juan Guaidó al menos en su planificación inicial, el gobierno de Nicolás Maduro pidió calificar al partido Voluntad Popular como “organización terrorista”.

El Fiscal General nombrado por la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro acudió al TSJ a solicitar la declaración contra el partido; sin embargo, días después y luego de conocerse la intervención a AD y PJ y esperándose la de VP, la Sala Constitucional declinó la competencia para la declaratoria, dejando el caso en manos de la Sala de Casación.

Todo parece indicar que, al nombrarse una nueva directiva afín al chavismo, VP ya no sería calificada de terrorista y, junto con los otros partidos intervenidos, le será levantada la inhabilitación y participará en unas eventuales elecciones parlamentarias convocadas por un CNE cuya directiva eligió el TSJ luego de declarar la omisión legislativa porque la AN no ha designad nuevas autoridades electorales, a pesar de que los rectores encabezados por Tibisay Lucena no tienen su período vencido.

Nicolás Maduro dice que en 2022 le pueden convocar a un referendo revocatorio para sacarlo del poder por la vía de los votos, y dirigentes que lo adversan avalan esa ruta. Pero la historia muy reciente indica que no solo hace falta que el pueblo decida, sino que lo dejen decidir

Víctor Amaya | @victoramaya / TalCual

El miércoles 24 de junio de 2020, el gobernante Nicolás Maduro declaró que «en 2022 se abre el lapso para quienes quieran recoger las firmas para convocar un referendo revocatorio». Afirmó que «si el pueblo recoge las firmas suficientes, como exige la Constitución, iremos a medirnos a las urnas y será el pueblo quien decida».

Apenas 20 minutos después, el exgobernador de Lara Henri Falcón recogió el guante.

El pueblo Venezolano está decidido a echarlos y será, sin duda, con votos.
Vendrá el #revocatorio! Antes parlamentarias, regionales y locales también! Cuenten con eso! https://t.co/dYbyE2wyt2

— Henri Falcón (@HenriFalconLara) June 24, 2020

No es la primera vez que Maduro dice que la oposición puede sacarlo del poder por vías democráticas. Por eso es importante mirar a la historia reciente, echando el calendario atrás hasta 2014.

Eran tiempos de «La Salida», de protestas callejeras, de movimientos populares para que el gobiero cayera, impulsados por Leopoldo López, Antonio Ledezma,María Corina Machado y varios dirigentes y organizaciones. Visto que aquel camino no dio resultado, otro sector de la oposición reiteró el camino electoral: participar en las parlamentarias de 2015 de manera unitaria.

Así se hizo, luego de no pocas discusiones sobre la ruta estratégica. Finalmente, con la tarjeta MUD, la oposición logró hacerse de la mayoría calificada del parlamento que comenzaría a trabajar en enero de 2016. En diciembre de ese año, cuando se hablaba del revocatorio, desde la organización unitaria se abrían puentes.

Chúo Torrealba, entonces coordinador nacional de la alianza, decía: “Vamos a llegar al 5 de enero con una agenda de reivindicación social. Habrá que ver qué pasa cuando se formulen leyes como la de Misiones para todos y el Gobierno intente bloquearlas. En ese momento, si el Gobierno se opone al deseo de cambio y de justicia, entonces habrá que activar los mecanismos que la constitución prevé”.

Pero el chavismo nunca quiso entenderse con una Asamblea Nacional dominada por la oposición con 2/3 partes, y por tanto con capacidad de legislar sin bloqueos por parte de la bancada del PSUV. Optó por bloquearla, y rápidamente. El 11 de enero el TSJ declaró al Legislativo en «desacato». Tenía apenas seis días de instalada, en aquella sesión en que Henry Ramos anunció que en los primeros seis meses de trabajo legislativo se definiría cuál sería el camino para cambiar de gobierno.

La oposición anunció entonces que activaba al mismo tiempo varias opciones: protestas de calle para exigir la renuncia de Maduro, los mecanismos electorales para activar un revocatorio y hasta una enmienda constitucional que pudiera conducir a reducir el mandato presidencial.

La ruta del referendo la asumió Henrique Capriles como su principal promotor. Ya el 29 de enero, el excandidato presidencial llamaba a seguirlo en ese camino.

Los partidos políticos y la propia Asamblea Nacional también dijeron que impulsarían el revocatorio, y comenzaron las diligencias. Empezando por exigirle al Consejo Nacional Electoral que definiera los pasos a seguir, para evitar los obstáculos vividos ente 2003 y 2004 cuando hubo que ir a firzado, reafirmazo y demás.

Apenas en marzo, se denunciaron las primeras trabas desde el organismo que comandaba Tibisay Lucena, pues se le daba largas a la entrega de los formularios para la recolección del 1% inicial de firmas.

En paralelo, la Asamblea Nacional trabajaba en una Ley de Referendo, pendiente de ser discutida y aprobada desde que entró en vigencia la Constitución de 1999, tres lustros antes.

En abril, el CNE dijo que solo ellos podían legislar en materia de referendos, y no la Asamblea Nacional. Durante más de 15 años, el Poder Electoral nunca presentó proyecto alguno para discutir esa ley, pero cuando el parlamento presentó uno, lo bloqueó.

Según el argumento del CNE entonces, la Ley Electoral de 2009 se aprobó en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo sin acatar sus lineamientos, pero Tibisay Lucena no reclamó ni exclusividad ni violación de la ley en aquella oportunidad. En 2016 sí. Así, el CNE ponía más obstáculos a lo electoral.

Han pasado más de cuato años desde entonces, y los rectores nunca presentaron otro proyecto. La mora ya cumple 20 años.

Ese mismo mes de abril, el 27, la oposición recogió las firmas necesarias para activar formalmente el revocatorio contra Nicolás Maduro. Necesitaban el 1% de los electores iscritos en el Registro Electoral. Los partidos políticos afirmaban que había logrado reunir las suficientes, y e incluso más al superar el millón de rúbricas.

Mientras tanto, Maduro afirmaba que «nada de lo que está haciendo» la oposición «tiene viabilidad política». Aseguraba, de hecho, que «la revolución aquí va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta 2018», afirmó durante la juramentación de los CLAP el 27 de abril de ese año.

Ya entonces, Henrique Capriles, convertido en impulsor clave del mecanismo para recortar el mandato de Maduro, estimó que el revocatorio, estimaba que la cosulta electoral podía hacerse «al final del mes de noviembre o principios del mes de diciembre», aunque agregó que para ello se debía tener «un país movilizado» que lo impulse. Era una discusión entonces que la votación tenía que hacerse antes del 10 de enero de 2017 para que sacar a Maduro no significara que su vicepresidente (entonces Jorge Arreaza) y el resto del gobierno se mantuviera manejando el Estado.

De hecho, por aquellos días el gobierno también hacía lo necesario para retrasar el asunto y desmovilizar: incluso decretó como no laborables para los organismos públicos, incluyendo al CNE, los días miércoles, jueves y viernes para «reducir el consumo de electricidad en tiempo de sequía», efectivamente dejando menos días hábiles para la revisión de firmas y demás procesos.

Finalmente Tibisay Lucena informó que de las casi dos millones de firmas que recogió la oposición entre abril y mayo para convocar al revocatorio, unas 605.000 fueron invalidadas. A pesar de la masiva exclusión, quedaron habilitados para validar sus firmas 1,3 millones de ciudadanos de los casi 200.000 necesarios. Y se debía hacer otro proceso: una «validación».

Los criterios del CNE para anular firmas incluía dar al traste con planillas completas que tuvieran errores en la manera de escribir el nombre de Nicolás Maduro o el cargo de Presidente de la República en el encabezado, entre otras nimiedades.

La validación ocurrió con captahuellas, no sin denuncias: la oposición reclamó que el CNE colocó los 128 puntos para validar las firmas en zonas alejadas de las principales ciudades con el objeto de desmovilizar a la población, además en zonas hostiles para la oposición, sometida a amenazas de colectivos y demás grupos.

A pesar de todo ello, se lograron los objetivos: se cumplió con el 1%, y más pues se duplicó la exigencia del CNE.

Entretanto, comenzaron las retaliaciones. En el Gobierno se ordenó perseguir a quienes hubiesen firmado por el revocatorio, un derecho constitucional, y trabajasen para el Estado. Aunque Jorge Rodríguez decía que solo era para cargos «de confianza», se denunciaron cientos de despidos de trabajadores de todos los niveles de la administración pública.

En octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia finalmente paralizó el revocatorio. Lo hizo porque tribunales penales de cinco estados dijeron que había irregularidades. El CNE afirmó que primero debía resolverse ese asunto antes de continuar el proceso. Los tribunales congelaron los casos. Nunca decidieron.

El canal Telesurincluso explicaba que los estados «deberán repetir esa primera etapa». Pero como los tribunales penales dejaron en el limbo esa causa, esa recolección nunca pudo retomarse. El chavismo cerró la puerta a una salida electoral.

Pasada la mitad de 2020, el asunto del referendo revocatorio vuelve a ponerse en la palestra, pues Maduro afirma que «si recogen las firmas, podremos ir a un revocatorio» y «si el pueblo decide que debo irme, lo haré». Pero la historia reciente demuestra que no solo se trata de que el pueblo decida, sino de que lo dejen decidir.

Pudiera ser más sencillo
Al referendo revocatorio está establecido en la Constitución, donde están delineados los requisitos que, sin ser simples, no se convierten en un absurdo. De seguirse lo establecido en la Carta Magna, el pueblo pudiera expresarse y, quien tenga más votos, ganaría.

La Constitución contiene las siguientes exigencias para su procedencia: que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario (el TSJ ha aclarado que debe contarse a partir de la fecha de la toma de posesión del cargo), que sea solicitado por un número no menor del 20% de los electores inscritos, que concurra al referéndum un número no menor del 25% de los electores inscritos, que vote a favor de la revocatoria del mandato un número igual o superior de los electores que eligieron al funcionario.

Como verán, allí no se habla de formularios, encabezado de listas en papeles entregados por el CNE, del 1% que además tiene que ser en cada estado para hacer la solicitud. La Carta Magna es clara. Pero la política y la enturbia.

El Consejo Nacional Electoral, avalado por el TSJ, ha añadido otros requisitos diferentes a los establecidos en la Constitución, como explica la ONG Acceso a la Justicia. Por ejemplo, estableció en 2007 que la solicitud de referéndum debe hacerla una agrupación de ciudadanos o una organización con fines políticos nacionales o regionales, y no directamente el 20% de los electores inscritos, como establece la Carta Magna, violando sus artículos 62 y 72 que prevé la participación directa en este tipo de procesos.

Según esa normativa, sólo si esa solicitud es aprobada, para lo cual se establece un procedimiento complejo y sujeto al visto bueno del CNE, empieza el procedimiento constitucional para que el 20% de los electores directamente exprese su deseo de ir a referéndum. Una etapa previa sacada de la chistera.

A esto se añade que los electores para expresar su voluntad de referéndum revocatorio deben acudir a los centros que establezca la Junta Nacional Electoral, donde deben manifestar su voluntad a través de su firma y huella dactilar en un lapso máximo de tres días, en la fecha y horarios estipulados por el CNE.

Esos son justamente los asuntos que debían regularse en la Ley de Referendos, que la misma autoridad electoral optó por bloquear cuando el parlamento comenzó a discutir.

El informe anual de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo señala que 2019 ha sido el primer año desde 2015 en el que se registra un aumento del número de peticiones

Por Europa Press / El Nacional

Las solicitudes de asilo en países de la Unión Europea aumentaron en 2019 11% respecto al año anterior, hasta las 738.425 peticiones, un tercio del total a nivel global, según el informe anual de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés). La mayoría de los solicitantes eran ciudadanos sirios (80.205 solicitantes, 8,2% del total) y venezolanos (45.645 solicitantes, 6,2%).

El documento señala que 2019 ha sido el primer año desde 2015 en el que se registra un aumento del número de peticiones de asilo en el conjunto de países de la Unión Europea, en parte provocado por el claro incremento de solicitudes de ciudadanos venezolanos, con 103% más de peticiones, y Colombia, con aumento de 214% respecto al año anterior.

En algunos países europeos, como es el caso de Chipre, Francia, Grecia, Malta y España, las solicitudes de asilo han superado en número a las registradas durante la crisis migratoria de 2015 y 2016.

En respuesta a esta situación, los países que han recibido mayor número de solicitudes de asilo han aumentado los esfuerzos para afrontar el flujo de migrantes y acelerar la tramitación de peticiones atrasadas.

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En concreto, según el informe de EASO, los países más afectados por el aumento del flujo migratorio han reforzado sus políticas relacionadas con la protección de menores no acompañados, la aceleración del registro de solicitudes y la repatriación rápida de los migrantes cuya solicitud ha sido rechazada, además de aumentar la capacidad de los centros de recepción migrantes.

En 2019, la mayoría de las solicitudes de asilo se presentaron en Alemania (165.615 peticiones, un 22 por ciento del total), Francia (128.940 solicitudes, un 17 por ciento) y España (117.795 solicitudes, un 16 por ciento). Los países que recibieron menos solicitudes han sido Estonia (105) y Letonia (195). El informe de EASO incluye los datos de los 27 países de la Unión Europea a fecha de 2019, incluido Reino Unido, que abandonó el club comunitario oficialmente en enero de 2020, e incorpora además los datos de Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza.

El informe de EASO destaca que los países de la Unión Europea han hecho avances en su objetivo de reubicar a 50.000 migrantes de países no comunitarios en el marco del Esquema de Reasentamiento de la UE.

En 2019, 30.700 personas llegaron a territorio europeo gracias a este programa de reasentamiento, lo que supone 8% más que el año anterior. Los ciudadanos sirios representan cerca de dos tercios del total de personas reasentadas en territorio europeo por tercer año consecutivo.

En cuanto a las solicitudes de asilo, el número de peticiones aceptadas en primera instancia en 2019 se redujo 3% quedándose en 584.770 solicitudes ratificadas frente a las 601.430 aprobadas en 2018.

Alemania, Francia e Italia
En este apartado, Alemania fue el país que más peticiones aceptó en primera instancia, con 154.175 solicitudes ratificadas, 26% del total, seguida por Francia, que aprobó 113.890 (19% del total) e Italia, con 93.485 peticiones (16%).

Por su parte, España aprobó en primera instancia casi cinco veces más solicitudes de asilo que en 2018, con un total de 58.035 ratificadas en 2019 frente a las 11.875 del año anterior. Este aumento se debe principalmente a la rápida tramitación de las solicitudes de ciudadanos de países latinoamericanos. Los sirios representan 12% de las solicitudes de asilo aprobadas en primera instancia, seguidos por los venezolanos (6,7%) y los afganos (6,4%).

El número de solicitudes pendientes de resolución a finales de 2019 se situó en cerca de 912.000 peticiones, una cifra mucho mayor comparada con el nivel previo a la crisis migratoria de 2015, lo que, a juicio de EASO, denota la presión que están recibiendo los sistemas de asilo de países europeos.

La tasa de aceptación de solicitudes de asilo en países europeos se ha mantenido en 2019 en niveles similares a los de 2018, con 40% de aceptación de solicitudes. La tasa varía entre el 10% de República Checa y el 88% de Suiza.

En 2019 ha destacado el notable aumento del número solicitudes de asilo de venezolanos y su tasa de aceptación, que ha sido de 96%, frente a 29% de 2018. Otras nacionalidades que han recibido un alto porcentaje de aceptación han sido los sirios, con 86%, los eritreos, con 85%, y los yemeníes con 82%.