Una abogada salvadoreña que denunciaba la corrupción en el gobierno de Nayib Bukele y asistía a los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados a El Salvador fue arrestada, informó este lunes el grupo de derechos humanos Cristosal, donde trabaja.
Ruth Eleonora López, reconocida abogada salvadoreña de 47 años de edad que dirige la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal, fue detenida a pedido de la fiscalía, que la acusa de «peculado».
Cuando trabajaba como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas «colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado», indicó la fiscalía en X.
Organizaciones internacionales condenan la detención de la abogada
Trece organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) condenaron su arresto y exigieron que sea puesta en libertad.
«Exigimos a las autoridades salvadoreñas la liberación inmediata de Ruth López e instamos al gobierno salvadoreño a garantizar su integridad física y su derecho al debido proceso», señalaron en un comunicado conjunto.
Chicas fue detenido en febrero y acusado de enriquecimiento ilícito.
«El autoritarismo» ha «aumentado» en El Salvador «a medida que el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones y el Estado de derecho», agrega el comunicado, suscrito también por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y por Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras ONG.
Bukele es un aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump en su dura política contra los migrantes.
López, reconocida activista
Cristosal informó que desconoce dónde está detenida Ruth López.
«Ni su familia ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida», dijo la organización en un comunicado.
Su detención transcurre en momentos de «profunda preocupación» sobre «el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos» en el país, en un contexto de «debilitamiento institucional y represión», agregó Cristosal.
La ONG asiste a familias de detenidos como parte de la «guerra» contra las pandillas lanzada por Bukele en 2022. También elabora una base de datos de los migrantes venezolanos presos desde hace dos meses en una megacárcel de máxima seguridad salvadoreña, con la ayuda de sus familias.
Cristosal habilitó recientemente una aplicación en línea que permite a los familiares de los venezolanos presos enviar información.
Con base en las respuestas de los familiares, la ONG concluyó que 78% emigró a Estados Unidos en busca de «mejores oportunidades económicas», 35% para huir de la violencia y 9% por persecución política.
López fue arrestada dos días después de que abogados salvadoreños del bufete Grupo Ortega, contratados por el gobierno venezolano para defender a los migrantes venezolanos, denunciaran que sus clientes son víctimas de «torturas físicas» y «morales».
Renuncia comisionado de DD HH
El comisionado de derechos humanos de Bukele, el colombiano Andrés Guzmán, anunció a la AFP su renuncia este lunes, tras dos años en el cargo.
No reveló los motivos de su decisión pero alabó la política de seguridad de Bukele, a quien defendió en foros internacionales de las críticas por presuntos abusos en su «guerra» contra las pandillas.
«He sido testigo privilegiado de una transformación histórica, observando cómo El Salvador transitó del caos y la desesperanza [por las acciones criminales de las pandillas] a convertirse en una referencia mundial de seguridad», dijo a la AFP.
En su carta de dimisión escribió que dejaba el cargo «con profunda tristeza y sincera gratitud». «Es necesario saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro», añadió el exprofesor en universidades de Colombia, Perú y España.
El gobierno no ha comentado la detención de la abogada ni la dimisión del comisionado.
«Contexto de autoritarismo»
La justicia salvadoreña encarceló desde la semana pasada al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor evangélico José Pérez tras participar en una protesta de familias campesinas.
En febrero fue detenido el activista de derechos humanos Fidel Zavala, a quien la fiscalía acusó de integrar pandillas.
La semana pasada nueve organizaciones -entre ellas Amnistía, WOLA Y Cejil- criticaron un proyecto de ley de «agentes extranjeros» de Bukele, que contempla impuesto de 30% a las donaciones que reciban las ONG.
Cristosal denunció en abril que agentes de la policía entraron a su sede durante una conferencia de prensa y «procedieron a grabar y fotografiar las instalaciones», así como «vehículos del personal y de los medios de comunicación presentes».
La ONG sostuvo entonces que el ingreso de la policía a sus oficinas «se inscribe en el actual contexto de autoritarismo y cierre de espacios democráticos».AFP
