China anunció este jueves que, a partir del 1 de junio de 2025, los ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar a China sin necesidad de visado para estancias de hasta 30 días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian confirmó hoy los detalles de la medida, que había sido adelantada por el presidente, Xi Jinping, durante la reciente cumbre ministerial China–Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) .

Según Lin, la política estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y permitirá a los titulares de pasaportes ordinarios viajar al país asiático por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito.

El objetivo, afirmó el vocero, es “facilitar aún más los intercambios entre pueblos y fomentar la cooperación amistosa”.

Lin aseguró que China “seguirá ampliando su política de apertura” y dio la bienvenida a más ciudadanos latinoamericanos para que “visiten, exploren y experimenten la vitalidad y diversidad” del país.

La iniciativa se enmarca en una serie de pasos adoptados por Pekín desde 2023 para reactivar el turismo y los vínculos internacionales tras el prolongado cierre de fronteras por la pandemia.

China ya había extendido de 15 a 30 días el periodo de exención de visado para países como España y ha firmado acuerdos de exención recíproca con otra veintena de Estados.

Actualmente, China es el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú, y ha incrementado su presencia en América Latina a través de proyectos de infraestructura y comercio vinculados a su iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda. EFE

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles una serie de reformas al régimen migratorio de Argentina, que incluye la deportación de extranjeros que cometan delitos en el país y el cobro de los servicios de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares.

En un comunicado publicado en X, la Oficina del Presidente informó que este miércoles 14 de mayo se dictó un “decreto de necesidad y urgencia” con el objetivo de “realizar una profunda modificación del régimen migratorio”, tal como lo había anticipado Javier Milei durante su discurso del 1.º de marzo ante la Asamblea Legislativa.

«Argentina, desde sus orígenes, siempre ha sido un país abierto al mundo. Sin embargo, eso no puede indicar que los pagadores de impuestos deban sufrir las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos, como los denominados ‘tours sanitarios’. Mucho menos que deban tolerar que lleguen a delinquir», señala la misiva.

Según el Gobierno argentino, dicha medida busca “instaurar orden y sentido común en un sistema que, lamentablemente, y debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado”.

“Las facilidades extremas que existían hasta ahora para ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, 1.700.000 extranjeros inmigraran de forma irregular a nuestro territorio”, añade el comunicado.

Entre las medidas más relevantes se incluye el cobro obligatorio de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, así como la exigencia de contar con un seguro médico al momento de ingresar al territorio argentino.

«Durante el año 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos», sostiene.

También se autoriza a las universidades nacionales a establecer aranceles para los servicios educativos dirigidos a residentes temporarios. No obstante, se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán continuar accediendo en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.

El también hace referencia a la Carta de Ciudadanía, asegura que «se endurecen los requisitos (…) y, a partir de ahora, se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años».

Asimismo, se dará prioridad a los extranjeros que realicen inversiones relevantes en Argentina. Para acceder a la residencia permanente, será obligatorio acreditar medios de vida suficientes y carecer de antecedentes penales.

Además, el Gobierno argentino estableció que, a partir de ahora, ningún extranjero con condena penal podrá ingresar al país. Asimismo, aquellos que cometan un delito dentro del territorio nacional, sin importar la pena, serán deportados. Esto implica que, según las autoridades, los delitos con penas menores a cinco años —que anteriormente no eran motivo de rechazo de ingreso ni de deportación— pasarán a ser considerados.

“La sociedad eligió al presidente Javier Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina. Garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no En aquellos que hacen abuso de nuestros servicios públicos, que aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanente o la ciudadanía sea un trámite exigente, constituye un paso fundamental en esa dirección”, agrega.

“Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, sentenció.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que incluirá un impuesto del 30 % a todas las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Actualidad RT

El anuncio se produjo después de una protesta pacífica de miembros de la Cooperativa El Bosque, que se manifestaron en las cercanías de la vivienda de Bukele para solicitar su ayuda con el desalojo que 300 familias enfrentarán el próximo 22 de mayo.

«Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno», explicó el mandatario en su perfil oficial de X.

Asimismo, sostuvo que el caso que afecta a esa cooperativa arrancó en 1998 e hizo referencia a que los juzgados habían dado la razón al acreedor en todas las instancias.

Además, afirmó que «sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o sus cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido» y añadió que con la nueva ley que propone «todos ganan: las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda, la población no paga por reclamos ajenos, y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo».

¿De qué trata la problemática de la Cooperativa El Bosque?

La Cooperativa el Bosque se ubica en el cantón El Triunfo, en Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad. Las tierras les fueron transferidas por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 1985 durante la reforma agraria que vivió el país en esa década y se convirtieron en el sustento de alrededor de 300 familias que viven desde entonces del cultivo de pepinos, ejotes y tomates.

Según denuncian los cooperativistas, el caso que les aboca al desahucio data de 1998, cuando la entidad no pudo pagar un préstamo para la producción de café por una plaga que echó a perder la cosecha. Entonces el banco les sugirió que Luis Alonso Palomo Urbina fuese designado administrador único de la cooperativa para aumentar su producción, según recoge la revista Gato Encerrado.

La labor de Palomo, ingeniero agrónomo, se saldó con enormes deudas que reclama a la cooperativa, mientras que sobre él ha pesado todo este tiempo la acusación de fraude y estafa.

En 2008 Palomo demandó a la cooperativa ante el juzgado exigiendo el pago de una deuda que se elevaba hasta los 850.000 dólares, contando con intereses, mora y costos procesales.

14 años más tarde, en 2022, fue el ingeniero quien fue procesado, por el delito de estafa agravada contra la Cooperativa. A pesar de la postura de la Fiscalía, que sostenía que había abundante evidencia del delito, el proceso concluyó con un sobreseimiento.

El último capítulo fue escrito por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, que el pasado 7 de mayo dictó la orden de desalojo para esas 300 familias para el próximo día 22 de mayo. Así, el juzgado decretó la subasta pública de 12 inmuebles de la cooperativa, donde está ubicadas las viviendas y cultivos de esas familias, para obtener fondos a favor de Palomo.

Segundo intento, misma ley

Se trata de la segunda vez que el Gobierno de Bukele trata de aprobar una legislación de estas características. En 2021 ya mandó a la Asamblea una propuesta similar, pero en aquella ocasión elevaba hasta el 40 % el impuesto a todas las transacciones, incluidas donaciones, que provinieran del extranjero.

En aquel entonces no se aprobó porque concluyó la legislatura. Sin embargo, en la actual (2024-2027), dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, parece que puede ser el momento idóneo para rescatar una normativa que también creaba el registro de agentes extranjeros y establecía multas y sanciones penales en caso de incumplimiento.