El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó este miércoles que Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada al ataque de la India perpetrado pasada la medianoche del miércoles, que según Nueva Delhi estuvo dirigido a campamentos terroristas.

EFE

«El astuto enemigo ha perpetrado un cobarde ataque en cinco lugares de Pakistán. Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por la India, y se está dando una respuesta adecuada», dijo en un comunicado la oficina del primer ministro.

Sharif agregó que «toda la nación está con las Fuerzas Armadas de Pakistán y la moral y el ánimo de toda la nación pakistaní son altos», mientras que indicó que el Ejército paquistaní «sabe muy bien cómo lidiar con el enemigo».

Fuentes de seguridad informaron a EFE que un niño murió en el bombardeo indio, mientras que otras dos personas sufrieron heridas graves.

Según un funcionario de seguridad, los bombardeos tuvieron lugar en las ciudades de Bahawalpur, Kotli y Muzaffarabad.

Sharif convocó además a una reunión del Comité de Seguridad Nacional a las 10:00 hora local del miércoles (5:00 GMT), informó el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Esta será la segunda ocasión en que se reúna el comité desde que comenzó la escalada de tensión con la India.

La India, no obstante, recalcó en un comunicado que la operación incluyó un ataque de precisión contra nueve lugares en Pakistán y en la Cachemira controlada por Pakistán donde se hallaban bases terroristas, indicando que ninguna infraestructura militar paquistaní resultó atacada.

El ataque indio es la respuesta de ese país al atentado en la Cachemira administrada por la India del pasado 22 de abril, en el que murieron 26 personas, y del que Nueva Delhi responsabiliza a Pakistán.

Esto dio lugar a un cruce de acusaciones en las últimas semanas, con la India insistiendo en que el atentado no quedaría sin responder, mientras Islamabad negaba estar implicado y pedía una investigación neutral del incidente.

Además, Pakistán advirtió que, si bien no comenzaría un conflicto, estaba preparado para responder en caso de una acción militar de la India.

El Ejército de la India indicó en una publicación en la red social X que con este ataque «se hace justicia», en referencia al atentado en la Cachemira india.

Ambos países ya se vieron sumidos en un enfrentamiento similar en 2019, tras otro atentado en la Cachemira india que se saldó con la muerte de 40 paramilitares indios.

Entonces, la India bombardeó supuestas bases insurgentes en Pakistán, a lo que Islamabad respondió bombardeando zonas aisladas en la India, lo que culminó la escalada de tensiones.

La India anunció para el miércoles simulacros de defensa -para preparar un posible ataque hostil- en varios estados.

Los cardenales que deberán elegir al futuro papa en el cónclave desde este miércoles lo harán aislados en la Capilla Sixtina y votando día tras día, en un ciclo de escrutinios que prevé pausas y límites, hasta lograr un acuerdo.

Los últimos cónclaves han sido generalmente rápidos: Francisco fue elegido en 2013 en la quinta votación, Benedicto XVI en 2005 en la cuarta y Juan Pablo II en 1978 en la octava, aunque otros se alargaron más, como el de Pío XI en 1922, que requirió catorce.

El método de elección del pontífice está regulado milimétricamente en la constitución apostólica ‘Universi Dominici Gregis’ (1996) y otros documentos vaticanos y, ante la eventualidad de que se alargue, prevé una serie de pausas de reflexión y salidas.

El objetivo es acelerar el acuerdo y, para ello, esa legislación establece que los cardenales voten encerrados en la Sixtina cuatro veces al día: dos por la mañana y dos por la tarde.

En esta ocasión, los purpurados comenzarán su reunión en la tarde del miércoles, aislados desde las 16:30 hora locales (14.30 GMT), y poco después se someterán ya a la primera votación.

La Constitución, en su artículo 74, establece que si después de tres días de escrutinios, es decir, de doce votaciones, los cardenales «encontrasen dificultades para ponerse de acuerdo sobre la persona elegir», las sesiones se suspenderán por un día.

En esa pausa, podrán dedicarse a «la oración, al libre coloquio» entre ellos y a escuchar una «breve exhortación espiritual» del primer diácono.

En este cónclave, de alargarse, la pausa previsiblemente sería el próximo domingo, después de trece votaciones infructuosas (la de la tarde del miércoles y las cuatro del jueves, viernes y sábado).

La continuidad del cónclave, desde ese momento de pausa, alternará en los días siguientes ciclos de siete votaciones y recesos.

En la sexta y séptima jornada los cardenales llevarán a cabo otras siete votaciones y, si no hay acuerdo, en la última tarde harán otro descanso. Ya habrían acumulado entre 19 y 20 votos.

Luego se volverá a votar hasta un máximo de otras siete ocasiones, en lo que sería ya su octavo y noveno día. El escrutinio ya se habrá repetido 26-27 veces.

Los días diez y once, los purpurados volverán a votar otras siete veces. En ese momento, si no han elegido un nuevo papa, el cónclave ya sumará un total de 34 votaciones. Las negociaciones parecerán atascadas y la legislación vaticana propone una solución tajante.

Tras un día dedicado a la «oración, a la reflexión y al diálogo» se someterán a la elección los dos cardenales más votados en el último escrutinio, que no podrán expresar su preferencia.

Un cardenal será elegido papa si consigue el respaldo de la mayoría de al menos dos tercios de los cardenales, en este caso 89, ya que los electores ascienden a un total de 133.

El elegido, eso sí, deberá aceptar primero el nombramiento como nuevo pontífice, aunque también podría rechazarlo.

Todo este proceso, de acuerdo al estricto protocolo vaticano, deberá transcurrir en la más absoluta discreción, sin que los purpurados electores salgan de los dominios vaticanos.

Los votos serán quemados tras el recuento en una estufa instalada ya para la ocasión en la Capilla Sixtina y el color del humo anunciará al mundo exterior el resultado: el negro indicará que no hay acuerdo; el blanco precederá el famoso ‘Hambemus papam’.

Los horarios previstos para las ‘fumatas’ diarias son en torno a las 12.00 hora local (10.00 GMT) y las 19.00 (17.00 GMT).

EFE

Grupos sindicales y de docentes, estudiantes y activistas de redes sociales marcharon este lunes en Panamá, en apoyo a una huelga gremial que alcanza ya más de una semana en demanda de la derogación de una ley que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y en rechazo a un acuerdo de seguridad firmado con EE.UU. por el Gobierno panameño.

Centenares de manifestantes, entre ellos miembros del beligerante sindicato de la construcción Suntracs, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y del colectivo Sal de las Redes recorrieron la capital en diferentes protestas gritando consignas en contra del Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino, quien asumió su mandato de cinco años el 1 de julio de 2024.

Otros sectores como el de los farmacéuticos, los supervisores de educación y los médicos se han sumado al paro indefinido de labores convocado el pasado 23 de abril por el gremio de docentes del sector público contra la Ley 462 de la CSS para mejorar su situación financiera, que según los educadores compromete el sistema de pensiones.

Los manifestantes además rechazan los planes de reactivar una explotación minera de la empresa canadiense First Quantum, que fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.

«Los 5 gatos se multiplicaron», rezaba una de las pancartas izada durante la caminata por uno de los manifestantes disfrazado de minino, en alusión a una expresión de Mulino acerca de que no son más que «cuatro gatos» los que protestan.

En un recorrido hecho por EFE se observó que varios centros de enseñanza en Ciudad de Panamá se mantienen cerrados, al igual que un gran porcentaje de obras de construcción paralizadas. El gremio empresarial de la construcción Capac ha estimado en unos 90 millones de dólares diarios sus pérdidas.

Fernando Ábrego, de la Asoprof, valoró a EFE que se ve «mucha más» participación en estos actos masivos por parte de padres de familia, estudiantes, las enfermeras «que se van a sumar de manera progresiva con distintas acciones», y la Universidad de Panamá: «Es decir, esto se endurece, hay mucha más gente, y la juventud en Sal de las Redes», indicó el docente.

Ábrego dijo que están abiertos a dialogar, pero que antes, tanto el presidente Mulino como los gremios empresariales que impulsaron la «nefasta» Ley 462, deben tener claro que aquí está todo un pueblo diciendo «no, no van a precarizar nuestra vida ni esclavizar a nuestros hijos con pensiones de hambre, de miseria y de desesperación. No lo vamos a aceptar de ninguna manera».

«Una vez que se dé la derogatoria, entonces nos podemos sentar con la autoridades para construir con la propuesta de cada uno una (nueva) ley orgánica de la CSS», señaló el líder docente.

Por su parte, el secretario general del sindicato Suntracs, Saúl Méndez, coincidió en que la salida es derogar la Ley 462: «Sencillo, derogación de la 462, unificar los sistemas de pensiones y abrir entonces la discusión de todo el modelo del sistema de la CSS».

No obstante, el líder sindical dijo a EFE que además de este asunto está el del memorando de entendimiento entre EE.UU. y Panamá, el cual, afirmó, «tiene que desaparecer» pues es una «afrenta a la patria» y «a los mártires» que lucharon por la soberanía panameña.

Acuerdo con EE.UU.

El Gobierno rechaza las críticas por «la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia integral» tras la firma en abril pasado de un acuerdo de seguridad con EE.UU., muy polémico en el país, en medio de la crisis sobre el Canal de Panamá.

El acuerdo amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal y descarta la instalación de bases castrenses de ese país, en medio de las tensiones por las amenazas del presidente Donald Trump de «recuperar» el Canal interoceánico.

Este documento suscrito en la capital panameña entre el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha levantado una oleada de críticas pues muchos denuncian que viola la soberanía y el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que prohíbe la instalación en el país de bases militares extranjeras.

También ha sido demandado por inconstitucional ante el Tribunal Supremo del país.

Los activistas de Sal de las Redes, impulsores de esta demanda presentada el 16 de abril pasado, denunciaron hoy en un mitin que este acuerdo «ilegal» es el resultado de una «imposición» de EE.UU. a Panamá y afirmaron «estar dispuestos a defender la soberanía del país».

Un tribunal federal de apelaciones pausó el intento del Gobierno de Trump de terminar el parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (programa CHNV, por las siglas de los países), manteniendo por ahora las protecciones contra la deportación para más de 500.000 personas.

Por Angélica Franganillo Díaz y Tierney Sneed / CNN en Español

La decisión del lunes del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. indicó que la administración no había satisfecho el alto estándar para que el tribunal concediera la intervención de emergencia que el Departamento de Seguridad Nacional estaba buscando.

El procesamiento de las solicitudes de parole (y los beneficios de inmigración relacionados) para individuos admitidos bajo los programas CHNV continuará como lo hizo después de que un tribunal de distrito pausara el intento de la administración de Trump de suspender la política. El caso es un desafío de grupos de defensa de inmigrantes, quienes argumentaron que el abrupto cambio de política interrumpió ilegalmente las vidas de cientos de miles de beneficiarios de parole.

La orden del lunes del tribunal de apelaciones, dictada por un panel compuesto por dos designados por el expresidente Joe Biden y un tercer juez designado por el expresidente Barack Obama, expresó escepticismo de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tuviera el poder para terminar de manera categórica el programa de parole para los migrantes. El tribunal de apelaciones aún no decide esa cuestión sobre el fondo, debido a que solo estaba decidiendo una solicitud de emergencia para pausar el fallo de un tribunal de primera instancia. Sin embargo, el Primer Circuito indicó que la administración no había presentado una “fuerte demostración” de que tendría éxito en su apelación, como se requiere para tales intervenciones de emergencia.

A principios de este mes, la jueza del tribunal de distrito de EE.UU. Indira Talwani, con sede en Massachusetts, falló a favor de los impugnadores, restaurando el proceso de parole y los beneficios de inmigración relacionados.

La demanda, presentada por inmigrantes y sus patrocinadores con sede en EE.UU., impugnó el intento del Gobierno de Trump de poner fin a los programas de parole CHNV, argumentando que la maniobra violó el requisito de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de decisiones caso por caso e interrumpió las vidas de cientos de miles que habían ingresado legalmente a Estados Unidos.